Luis Pedro España Viernes, 4 de abril de 2014
En las actuales
circunstancias las empresas del país tienen que estar permanentemente
pendientes de su entorno.
Un entorno no sólo cambiante, sino
casi impredecible y lleno de impactos, aunque no siempre desfavorables, sobre
su dinámica interna.
Terminado este primer trimestre del
año, y bajo una coyuntura que difícilmente pudo predecirse a finales del año
pasado, hacer una revisión sobre cuáles son los asuntos que más deben preocupar
a las empresas, nunca está de más. Tres cuestiones deben estar bajo la mira: El
asunto de los dólares, la paz laboral y los problemas de cabildeo con el sector
público.
Los
dólares y los compromisos de las empresas
Es evidente que entramos en un
contexto de caída de la actividad económica, pero más allá del natural impacto
que la recesión y la caída del consumo tendrá sobre las ventas, e incluso en la
reducción de márgenes de ganancia que las regulaciones (o más probablemente la
autorregulación) impondrá a las empresas, el impacto sobre la actividad
económica se concentra principalmente en la incertidumbre sobre el futuro de la
propia actividad y la viabilidad incluso del negocio.
En el pasado los riesgos de dejar de
operar en el país pasaban por los riesgos de nacionalización o expropiación de
la actividad. En el presente, aun cuando ese riesgo se ha reducido, la
incertidumbre tiene que ver con si es posible o no seguir operando. Ya no se
trata de una inviabilidad producto de una decisión política, sino de las
propias condiciones económicas.
Como ya lo han anunciado algunas
empresas, las deudas que el sector público tiene con ellas (sea por
proveedores, resultado de los montos no liquidados de divisas, o por lo que se
les adeuda por dividendos), ha resultado en la práctica la imposición de un
default selectivo, que en algunos casos está comprometiendo la operatividad de
las empresas.
En un escenario como éste, pareciera
que cada empresa debe evaluar su “pertinencia política”. Debe preguntarse qué
tan costoso le sería al Gobierno que una determinada empresa deje de operar en
Venezuela. Allí encontrará la respuesta a porqué le escuchan o, por el
contrario, a qué debe tanta indiferencia oficial. La pertinencia política es
una variable difícil de medir y mucho más de predecir. En principio todo
aquello que el Estado crea que pueda hacer o producir, es candidato a ser
prescindible y, por lo tanto, es posible que más temprano que tarde se
prescinda de su operación, por medio del expediente de hacerle imposible su
actividad, sea por la no liquidación de divisas, o simplemente no reconocerle
sus las deudas con proveedores en el exterior.
Algunos consultores han señalado que
la deuda total del sector público con el privado entre divisas aprobadas pero
no liquidadas, deudas con proveedores, más la estimación de repatriaciones
represadas, puede llegar a ser de más de 50 mil millones de dólares. Un monto
muy alto, que si bien es comprensible que en modo alguno puede pagarse en el corto
plazo, lo preocupante no es cuándo se pagará, sino incluso si tales deudas
serán reconocidas. Declaraciones una revisión o cuestionamiento sobre la
“legitimidad” de la totalidad de la deuda, en razón del uso y precio al que se
vendieron los bienes importados con divisas oficiales, introduce un elemento de
discrecionalidad basado en la retroactividad de los actuales o futuros
controles planteados en el marco de la ley de precios justos.
La
paz laboral comprometida
Como resulta fácil de anticipar, las
empresas deberán estar preparadas para enfrentar presiones laborales
relacionadas con la pérdida de poder de compra del salario. En ningún caso los
trabajadores organizados solicitarán ajustes salariales inferiores a 50% y, en
algunos casos, intentarán indizar el salario a la inflación del presente año,
lo que podría llevar a expectativas de incrementos que alcancen o superen 100%.
El tema salarial no está reservado a
la nómina cercana al salario mínimo, básico u obrero. El sector de los
empleados y la gerencia alta y media también resentirán la pérdida de calidad
de vida, no sólo producto del deterioro de la remuneración, sino con asuntos
que generan mucha angustia como es el caso del desabastecimiento, la pérdida de
oportunidad para el consumo de bienes semi-durables o de atractivo tecnológico
(lo que será percibido como una nueva etapa en su progresiva caída en calidad
de vida), más las naturales preocupaciones sobre el país y su futuro. A lo
anterior hay que añadir los problemas de inseguridad pública, política y
judicial, lo que va a incrementar el estrés laboral en todos los niveles de las
empresas.
Selectividad
de impactos por la discrecionalidad del sector público
Lo señalado hasta acá corresponde a lo
que cabe esperar para el promedio de las empresas, pero evidentemente, y en un
contexto de discrecionalidad creciente motivado por la pérdida de
institucionalidad y por el tratamiento diferenciado y a conveniencia del sector
público, será común que mientras unas empresas enfrenten dificultades e
impactos negativos como los señalados, otras por el contrario, vean liquidadas
sus solicitudes de divisas, cancelas sus deudas y logren aprobaciones de
niveles de precios con la celeridad que otros sectores no obtienen.
La discrecionalidad del regulador se
profundizará conforme la ineficiencia de los controles obligue a que estos se
moderen a niveles, o por medios, que claramente contradicen lo que estipulan
las inaplicables reglas. La laxitud de la aplicación de las reglas, “las vistas
gordas” o la no supervisión de las autoridades regulatorias a ciertas empresas,
será parte de la corrupción, el lobby oportuno o la necesidad política de que
las empresas seleccionadas funcionen a como dé lugar.
El desarrollo de la capacidad de las
empresas para interpretar su marco regulatorio y la posibilidad de incidir
sobre él (capacidad de lobby) será, como normalmente lo es en regímenes
discrecionales y desinstitucionalizado, como el nuestro, una ventaja
comparativa con otras empresas y que en este año puede ser la diferencia entre
un desempeño catastrófico o uno tolerable que permita la continuidad operativa,
cuando no de exorbitantes beneficios, producto de las premuras y urgencias
políticas de este complicado año.
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