10 Últimos

lunes, 31 de octubre de 2016

Gobierno ilegítimo, por @OmarBarbozaDip



Omar Barboza Gutiérrez 30 de octubre de 2016

Un gobierno se legitima por su origen y por su desempeño. En cuanto a la legitimidad por su desempeño, hay suficientes evidencias de que el gobierno del Presidente Maduro se encuentra totalmente deslegitimado, y esa afirmación está ampliamente respaldada por la grave crisis que sufre la nación venezolana como consecuencia del fracaso de la gestión de este gobierno que se expresa dramáticamente en la crisis alimentaria, en la de la salud, en la gran inseguridad ciudadana que aterroriza a la familia venezolana, todo ello en medio de una corrupción galopante agravada por la impunidad.

Uno de los aspectos más prominentes de la ilegitimidad por desempeño de este gobierno, es la destrucción de la economía nacional a pesar de haber recibido durante los años en los cuales el barril del petróleo estaba por el orden de los 100 dólares, cientos de miles de millones de dólares fueron despilfarrados en cuanto a la eficiencia en su utilización por la incapacidad y la corrupción. Y hoy, nuestra situación económica se puede resumir, luego de haberse destruido la capacidad adquisitiva de nuestra moneda, en que no hay comida porque se destruyó la producción nacional y no hay dólares para importarla, mientras los venezolanos reciben sus salarios en bolívares y los precios están dolarizados.

En cuanto a la legitimidad de origen, de acuerdo a la Constitución nacional en su Artículo 5°, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce a través del sufragio, y culmina estableciendo: “… Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Igualmente, el Artículo 6° establece que el mandato del gobierno nacional es revocable.

De tal manera que el Presidente Maduro inició su mandato contando con la legitimidad de origen que le dio el sufragio popular según el citado Artículo 5°; por eso, al asumir el ejercicio de ese mandato lo hizo jurando someterse a la Constitución y a las leyes para mantener la legitimidad que le dio el origen de su mandato, empezando por cumplir con el Artículo 236 de nuestra Constitución que establece las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en su numeral 1°: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la Ley”.

Por otra parte, también la Carta Magna en su Artículo 70 establece que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, la revocación del mandato. Y en su Artículo 72 dispone que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. En ejercicio de esos derechos, una amplia representación del pueblo venezolano solicitó la realización de un referendo revocatorio al Presidente de la República para que todos los electores se pronunciaran sobre la continuación o no en el ejercicio del cargo, dado que desde que está vigente la Constitución de 1999 la duración del mandato presidencial no es automáticamente de 6 años, sino que depende de que el pueblo decida revocarlo o no.

Cuando estábamos a pocos días de que los electores tuvieran la oportunidad de convocar ese referendo a través de la manifestación de esa voluntad por parte del 20% de los electores de la Circunscripción Nacional como lo establece el citado Artículo 72 Constitucional, el gobierno nacional y los poderes públicos que controla políticamente, seguros de que la inmensa mayoría del pueblo rechaza su gestión, pusieron en marcha una confabulación para negarle al pueblo venezolano su derecho, y para violar la Constitución que a través de su Artículo 5° le dio legitimidad de origen. Al hacer eso, la pierde por violar la Constitución que se la reconoció.

Los hechos son conocidos, varios jueces penales incompetentes en materia electoral y nariceados por gobernadores oficialistas, de manera sincronizados a la misma hora y con el mismo contenido, declaran, sin tener competencia para ello, que la recolección de firmas del 1% que validó en su oportunidad el Consejo Nacional Electoral (CNE), es nula y por tanto se debe suspender la verificación del 20%. El colmo de estos hechos es que el CNE, en base a esas decisiones cautelares dictadas por esos jueces manipulados e incompetentes, suspende la recolección del 20% violando los derechos ya citados que la Constitución Nacional establece en favor del pueblo venezolano.

Entonces, siendo el Presidente Maduro ilegítimo por su desempeño y habiendo perdido su legitimidad de origen al dirigir los actos violatorios de la Constitución para no someterse a la voluntad popular que fue la que le dio su legitimidad para el inicio de su mandato, hoy el cambio político significa legitimar mediante elecciones a un nuevo gobierno nacional, y para lograrlo el pueblo seguirá en las calles exigiendo respeto a sus derechos.

Omar Barboza