Por Ismael Pérez Vigil, 09/12/2016
¿Qué hacer?, ¿Cómo reaccionar? ¿Qué curso se le da a la
frustración? ¿Cómo salimos de este atolladero? ¿De esta especie de “limbo”
político en el que nos encontramos, tras la eliminación de un derecho
constitucional como lo es el Referendo Revocatorio (RR)?
Desde principios de este año seguimos la vía de solicitar un RR,
que se nos presentaba como la opción válida, constitucional, pacífica y
democrática alcanzable para salir de este régimen, hasta que el 20 de octubre
una decisión inconstitucional del CNE, basado en una actuación de tribunales
que no tienen competencia en la materia, canceló esa alternativa y hasta el
momento, la oposición, en su conjunto o alguna de sus “individualidades”, no
han tenido la fuerza para mantener la opción del RR ni han planteado una
alternativa, viable, para restituirlo.
Durante un par de meses se abrió la posibilidad de un “diálogo”
con el Gobierno, que trajo no pocas discusiones y diatribas y evidenció un
resquebrajamiento de la unidad opositora, que es inocultable, hasta el punto de
que en la MUD se está discutiendo “la optimización de su estructura”; pero
además, a la tercera sesión de diálogo, tras la liberación –siempre importante–
de algunos presos políticos y haber puesto en evidencia una vez más al Gobierno
maula que día a día refuerza su carácter totalitario frente a la comunidad
internacional, el “diálogo” parece haber llegado también a su fin y los
venezolanos de oposición no hemos visto mayores logros o propuesto una vía
alternativa. ¿Y ahora qué?
Al momento de escribir esta nota, viernes 9 de diciembre, es poco
lo que se conoce del análisis de la MUD con respecto a las propuestas que hicieran
los facilitadores y el Gobierno en la frustrada tercera reunión del diálogo,
salvo que no regresará a la Mesa de Dialogo hasta que el Gobierno cumpla con lo
ofrecido y que se dispone a reanudar las acciones de calle.
Es decir, la solución a los problemas del país, que pasa por la
salida de este Gobierno y el cambio del sistema económico, político y social
que ha generado el llamado socialismo del siglo XXI, luce compleja y difícil y
dos de los caminos, el RR y cualquier acuerdo por vía del diálogo, parecen
cerrados de manera definitiva y no vemos que nadie plantee una opción viable
para lograr una salida. Para que eso ocurriera, sería necesario que hubiera en
el país una crisis de gobernabilidad, que no pareciera el caso.
Al tema de la gobernabilidad ya me he referido en una nota
anterior (¿Crisis de Gobernabilidad?, Noticiero Digital, 08 de abril de
2016)
y en ese momento señalaba que no había duda que la actual crisis económica y social y el
conflicto que se venía presentando entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea
Nacional podría devenir en una crisis de gobernabilidad y una deslegitimación
del Gobierno de Nicolás Maduro; pero eso no ha ocurrido. No estaba tan “caído”
el Gobierno como pensábamos. Se requerían algunas condiciones y supuestos que no
se han dado.
No basta con que el Gobierno no sea eficaz y no logre sus
objetivos –y este Gobierno ni es eficaz, ni logra sus objetivos, ni los tiene,
como no sea mantenerse en el poder–, sino que es imprescindible que las
decisiones que toma sean cuestionadas, resistidas o rechazadas por la mayoría
del pueblo, para que se produzca la pérdida de legitimidad y eso conduzca a una
situación de ingobernabilidad o de pérdida de la capacidad de gobernar. Y esto
no es un proceso automático.
Se requiere de la toma de conciencia por parte de la población de
la ineficacia del actual modelo de Gobierno para resolver los problemas del
país y esto es un problema de expectativas y de percepción subjetiva de cuál es
la causa y raíz de los problemas. Si no hay una conexión contundente entre la
grave situación y la responsabilidad única y directa del Gobierno en ella, no
se producirá un cuestionamiento que lleve a deslegitimar al gobierno en los
sectores populares que aun lo apoyan.
Por eso la tarea política que la oposición al régimen debe
emprender y continuar de forma persistente y sin dilación, es la de lograr que
los sectores populares que aun lo apoyan hagan la conexión entre los problemas
que nos aquejan y su único responsable, el Gobierno Nacional. De esta tarea nos
debemos ocupar todos y con “todos” me refiero no solo a los partidos políticos,
sino sobre todo a los ciudadanos más conscientes, a los integrantes de las
llamadas organizaciones de la sociedad civil (SC), que debemos sumarnos a esta
tarea, de una manera más eficaz que la que estamos realizando ahora.
Ese es un camino: la incorporación de la SC al proceso político,
que en la situación que vive el país significa la denuncia de la crisis en la
que vivimos y la concientización del pueblo acerca de la innegable, ineludible
y única responsabilidad del Gobierno en esa situación y sus consecuencias, que
día a día agravan las penurias y el sufrimiento de todos, secuestrando nuestro
futuro como venezolanos, como país.
Esa incorporación de la SC a la actividad política debe abarcar
también la lucha por la restitución del derecho al voto en Venezuela, que en
este momento implica la concreción de un cronograma electoral para designar los
diputados del Estado Amazonas y sobre todo para elegir los Gobernadores de
Estado y los Diputados de las Asambleas Legislativas de los Estados.
La SC a través de las organizaciones no gubernamentales,
defensores de derechos civiles, sociales, derechos humanos, gremios técnicos y
profesionales: de médicos, maestros, abogados, ingenieros, trabajadores de la
salud y la educación, y demás profesiones liberales, transportistas,
sindicatos, etc., debemos movilizarnos por el país, mostrando nuestras
respectivas realidades y propuestas para que se tome conciencia de nuestras
carencias y posibilidades. No son necesarias manifestaciones multitudinarias,
ni muchedumbres, basta con unos pocos ciudadanos con actividades y
demostraciones pacíficas y bien dirigidas, a los organismos públicos que cada
quien bien conoce, responsables de la situación con la que cada organización
confronta y con la que interactúa, para que se vaya sembrando en el pueblo esa
semilla de la agitación social que el país necesita para sacudirse del
adormecimiento que le quita la esperanza de que es efectivamente posible un
país distinto, mejor, con un futuro de justicia, paz y progreso para todos.
Más allá de cualquier definición, la SC, en esencia, es tener
conciencia de que somos ciudadanos que desarrollamos una actividad política,
sin pretensiones de poder y sin participar en disputas por cargos o en procesos
electorales. Para eso están los partidos; hay que ayudar, sí, a que estos sean
verdaderamente democráticos, con procesos internos transparentes, que no teman
al control ciudadano. Pero por nuestra parte, mantengamos nuestras
organizaciones de la SC fuertes, unidas, libres de disputas insignificantes, de
personalismos intrascendentes, de rivalidades huecas, hay demasiadas cosas que
hacer como para perdernos en disputas internas de poca monta, cabemos todos y
podemos ayudarnos.
Tenemos que romper con la práctica mezquina de que en Venezuela
los espacios políticos se construyen desplazando a los que están en ellos. Se
deben construir sobre la base de llenar los vacíos, buscando ampliar el terreno
hacia donde no está ocupado, buscando conquistar nuevos espacios políticos.
El papel de la SC es ayudar a la sociedad y a las organizaciones
políticas a dar el salto modernizador hacia la plena democratización, que se
produce solo por el auge y el fortalecimiento de las instituciones.
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