Ismael Pérez Vigil 21 de noviembre de 2020
La oposición democrática organiza un evento entre el 5
y el 12 de diciembre próximos, una “consulta popular”, en contraposición a lo
poco democráticas e irritas elecciones convocadas para el 6 de diciembre (6D)
por el igualmente ilegal y parcializado CNE.
Frente a estas elecciones del 6D, la oposición
democrática ha decidido abstenerse; es una estrategia que no apoyé en el
momento de su discusión, pero que he aceptado acatar –como siempre dije que
haría cuando se tomara una posición definitiva– porque considero que es más
importante mantener la unidad opositora que mantener una posición de principios
frente a algo que, en definitiva, no es más que una estrategia política.
Con respecto a la “consulta popular” convocada, buena
parte de las dudas que muchos tienen acerca de lo oportuno de realizarla
provienen de que, para bien o para mal, todos tenemos en mente lo ocurrido con
la exitosísima jornada de recolección de firmas o consulta igualmente popular,
llevada a cabo el 16 de julio de 2017 (16J).
Para rechazar la consulta propuesta hoy, algunos
preguntan que para qué otra consulta, si la del 16J no sirvió para nada, pues
no se llevaron adelante algunas acciones que ellos suponen que se debieron
realizar.
Al argumentar sus objeciones, comparando ambas
situaciones, algunos aluden a que el 16J veníamos saliendo de una frustración
porque nos habían eliminado el referendo revocatorio y que esa consulta fue
algo así como el hijo directo de esa frustración. A lo mejor en octubre de 2016
eso de una consulta popular estaba “in pectore” o en la cabeza de algunos
líderes políticos o ciudadanos, pero desde luego no era parte de la discusión
política, pública, abierta, por lo que voy a disentir de esa conexión directa
que se hace entre ambos eventos, la suspensión del revocatorio a finales de
2016 y la recolección de firmas del 16 de julio de 2017.
Soy de los que cree que es necesario tener en cuenta,
al evaluar la actual consulta popular, que estamos en condiciones muy
diferentes para realizar esa consulta, con relación al ambiente político que
había el 16J; pero, hacer esa conexión directa, entre la suspensión del
revocatorio y la recolección de firmas del 16J, me parece que es un intento de
argumentar contra la consulta actual, haciendo una comparación de eventos,
olvidando y soslayando algunos acontecimientos políticos importantes ocurridos
entre octubre de 2016, cuando se cancela la posibilidad del revocatorio y el 16
de julio de 2017. Recordemos solo los más significativos.
- Se posponen, sin
motivo justificado, las elecciones de gobernadores.
- Se detiene la
recolección de firmas para el revocatorio, tras la decisión ilegal de
varios jueces penales y se elimina de manera definitiva la posibilidad del
referendo revocatorio.
- Fracasan los intentos
de diálogo de Margarita, mediados por El Vaticano, Samper, Rodríguez
Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández)
- El TSJ intenta
quitarle atribuciones a la AN con dos decisiones, que después revocaron,
pero que desencadenan una serie de eventos políticos.
- Como consecuencia
de esas decisiones del TSJ se reinician protestas, marchas y
manifestaciones que duraron varios meses y que dejaron más de 140 muertos.
- Se inhabilitó
políticamente a Capriles Radonsky, en ese momento Gobernador, y se
amenazaba y ponía presos a los alcaldes opositores, algunos de los cuales
se vieron obligados a irse al exilio.
- El presidente
Nicolas Maduro convoca inconstitucionalmente a la elección de una Asamblea
Nacional Constituyente, a lo que el CNE responde perentoriamente fijando la
fecha.
- La Fiscal General,
Luisa Ortega Diaz, que había calificado de “ruptura del orden
constitucional” las decisiones del TSJ para quitarle atribuciones a la
Asamblea Nacional, AN, intenta, infructuosamente, acciones contra la
convocatoria de la ANC.
- Las acciones de la
Fiscal General conducen a su destitución, su exilio y nombramiento de
Tarek William Saab como Fiscal General.
- El 27 de abril,
Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante
las críticas a la situación venezolana por parte de su Secretario General
y del propio organismo, que realiza dos intentos –el 31 de mayo y el 20 de
junio– de censurar a Venezuela, sin lograr consenso suficiente.
- El 27 de junio
Oscar Perez bombardea desde un helicóptero la sede del TSJ.
- El 3 de julio, el
presidente de la AN, Julio Borges, en nombre de la coalición de partidos
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anuncia la convocatoria de un
plebiscito o consulta popular, de la que se venía hablando hace algunas
semanas.
- El 5 de julio la AN
–a pesar de estar rodeada por violentos manifestantes oficialistas y ser
invadida su sede– aprueba formalmente realizar la consulta popular y el 6
de julio se dan a conocer las preguntas y comienza, públicamente, el
proceso de organización de la consulta del 16 de julio.
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Todos esos acontecimientos, sin que sea fácil
privilegiar la mayor importancia de alguno de ellos, fueron el caldo de
cultivo, el ambiente político que había en el país y que convocó a la
participación de la consulta popular del 16 de julio de 2017 a más de 7
millones y medio de venezolanos, de los cuales 724 mil participantes lo
hicieron en el exterior, repartidos en 556 ciudades de 90 países.
Hoy, que nos avocamos a una nueva consulta popular, a
diferencia de esa efervescencia, vivimos un proceso político muy diferente, con
una población desanimada, que ha transitado por varios procesos de abstención
electoral, con la vía del voto totalmente satanizada, con una crisis económica
y social que hace que la gente se concentre prioritariamente en resolver su
situación para sobrevivir, con graves problemas de desplazamiento y movilidad
por la pandemia y la falta de gasolina, sin conexión a internet y ni siquiera
luz en buena parte del país, como para hacer la consulta de manera virtual.
Incluso en el exterior habrá dificultades para recoger firmas presencialmente,
por la pandemia y porque buena parte del hemisferio norte estará en pleno
invierno.
A todo eso habrá que agregar los esfuerzos que
desplegará el régimen para sabotear, intimidar y desconocer esa actividad.
Debemos estar preparados, por ejemplo, para que el régimen compare los
resultados de esa consulta popular con sus elecciones de la AN prevista para el
6D. Sin duda exagerarán la participación del 6D, sobre la cual dirán cualquier
número, como hicieron con los resultados de la ANC, cuando simplemente lanzaron
una cifra superior a la de la consulta del 16J; pero, como se recordará, nunca
publicaron resultados por entidad ni por mesa, como era de esperarse de todo
evento oficial del CNE, y nunca supimos realmente cuántos votantes concurrieron
a ese proceso ni con cuántos votos fueron electos de manera individual los
integrantes de la ANC.
Como quiera que la decisión de hacer la consulta está
tomada, no tengo dudas en que se hará un gran esfuerzo para superar todas esas
condiciones adversas y lograr una jornada lo más exitosa posible. De hecho, en
las diferentes regiones del país y en algunas zonas de Caracas, eso está
ocurriendo ya y se nota un entusiasmo muy superior al que se percibe en las
discusiones de algunas redes sociales y grupos de WhatsApp.
Lo importante es que no nos formemos expectativas sin
bases reales y no hagamos comparaciones inapropiadas con eventos anteriores o
similares; que nadie esté pensando tampoco, por la forma en que están
redactadas las preguntas, en que esa será la actividad que ponga al régimen
contra la pared y lo obligará a renunciar e irse. Por muchas interpretaciones
jurídicas en cuanto a lo vinculante o no de esa consulta, lo cierto es que el
poder fáctico, el régimen, no está dispuesto a reconocer ninguno de sus
resultados y, como siempre, sí está dispuesto a utilizar la fuerza para
demostrarlo. A pesar de eso, la jornada, por sus características, ofrece una
oportunidad para alcanzar mayores niveles ciudadanos de organización, que no
debemos desaprovechar; es también una oportunidad para seguir demostrando a la
comunidad internacional y a los países que han apoyado al gobierno interino,
que la oposición venezolana sigue viva, aun cuando no participe en jornadas
electorales organizadas por el régimen, porque éstas no reúnen condiciones
mínimas de equidad, libertad y democracia.
En resumen, con relación a la consulta popular, creo
que hay que deponer algunas actitudes de rechazo y desmoralización hacia los
que han decidido asumir las dificultades, ya de por si importantes, de esta
tarea y aprovechar la circunstancia de la posición unitaria asumida por la
oposición democrática para convertir esta jornada de consulta popular en, al
menos, un reinicio de la actividad política de calle por parte de los
ciudadanos, muy adormecidos desde hace casi un año. Que la jornada se sume, sin
otras pretensiones, a las diarias protestas del pueblo venezolano en contra del
régimen, por los más variados y válidos motivos, ya es un logro importante.
Como dice un amigo: “Hoy luce casi imposible salir de
este laberinto y si solo un milagro puede sacarnos de él, entonces es tiempo de
estar determinados a coproducirlo, no a obstaculizar a quienes buscan
realizarlo.” (Los Milagros (a veces) existen. Daniel Asuaje, El Universal, 18
de noviembre de 2020)
Ismael
Pérez Vigil
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