José Toro Hardy 24 de noviembre de 2020
@josetorohardy
A los venezolanos se nos está pidiendo participar en
dos eventos electorales que tendrán lugar en la primera quincena del mes de
diciembre. La primera convocatoria, cargada de ventajismo, la hace el régimen
para unas elecciones Parlamentarias el día 6 de diciembre. La segunda
convocatoria la hace la Asamblea Nacional con el objeto de consultar al
soberano sus verdaderos deseos ante la grave situación que confronta Venezuela.
Esta Consulta Popular tendrá lugar entre el 6 y el 12 de diciembre.
La deslegitimación del régimen es hoy en día
claramente percibida por la comunidad internacional. Por eso están desesperados
por elegir una nueva Asamblea Nacional y a la vez terminar con la presidencia
interina de Guaidó reconocida por unos 60 países. El problema es que, como se
saben minoría, no quieren correr riesgos. Por ello en lugar de permitir que la
Asamblea Nacional designe a los rectores del CNE, con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros como lo exige la Constitución en su Art. 296,
optaron por poner en manos de un TSJ teñido de ilegitimidad, la elección de los
rectores del CNE.
El CNE es el árbitro en los procesos electorales y,
para garantizar su imparcialidad, la Constitución establece una serie de
complejos mecanismos de selección que se saltaron a la torera. En el argot
deportivo se diría que el “árbitro” está comprado.
Con ese as bajo la manga, el régimen pretendió lavarse
la cara invitando a la Unión Europea a enviar observadores.
Como era de esperar, la Unión Europea rechazó la
invitación al no estar dadas las condiciones para garantizar un proceso
electoral limpio y transparente. No participa la Unión Europea, a menos que
haya podido estar presente con 6 meses de anticipación para verificar la
organización del proceso en todas sus etapas.
Al no haber un árbitro electoral independiente y no
contar con una observación internacional imparcial, si de algo podemos estar
seguros es de que en esas elecciones del 6 de diciembre el régimen decidirá por
nosotros quienes serán los integrantes de esa Asamblea Nacional que nacerá de
un fangal de ilegitimidades.
Ya 27 partidos venezolanos han manifestado su rechazo;
y, a nivel internacional, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo
Internacional de Contacto encabezado por Uruguay, la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los DDHH a cargo de Michelle Bachelet, los EEUU,
España y muchas otras naciones a título individual han expresado rechazo a la
convocatoria de unas elecciones parlamentarias sin condiciones libres ni
justas.
A la vez, entre el 6 y el 12 de diciembre tendrá lugar
la Consulta Popular organizada por la oposición. Tal Consulta es perfectamente
Constitucional porque como lo establece el Art. 5 de nuestra Carta Magna: “La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”.
Se trata pues de consultar al pueblo, ajustándose a
los mecanismos previstos en el Art 70 de la misma Constitución que estipula que
la Consulta Popular es un mecanismos de “participación y protagonismo del
pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
Existen sólidos argumentos, muchas veces expuestos, de
por qué debemos participar en la Consulta. Queremos en esta oportunidad
insistir en uno solo. Como todos sabemos, EEUU está saliendo de una disputada
elección presidencial. Se han presentado objeciones a los resultados, pero
pareciera mantenerse la diferencia de 306 votos contra 230 electorales. Por
ahora los tribunales y el recuento favorecen a Biden.
En todo caso con respecto a Venezuela existe un sólida
posición bipartidista en favor del restablecimiento de la democracia. Ahora
bien, a no dudarlo puede haber una diferencia de tácticas y de acento con
respecto a la forma de abordar el problema.
El apoyo de los EEUU, al igual que el del resto de la
comunidad internacional es vital para el logro de una salida en Venezuela. Ese
apoyo será entre otras cosas determinante para enviar una señal a los propios
partidarios del régimen. Un apoyo decidido a una salida, sin duda creará
fracturas internas que facilitarán el objetivo.
Nuevos elementos pueden contribuir a esa fractura. La
declaración de la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional de que las
acusaciones presentadas contra las autoridades venezolanas por parte de seis
presidentes latinoanericanos caen dentro de la jurisdicción de la Corte de la
Haya, representa una espada de Damocles a la que muchos no querrán exponer su
cuello.
En todo caso y, a no dudarlo, el régimen recurrirá a
resultados abultados para construir una imagen ficticia de un supuesto apoyo
popular. Eso es lo que Maduro quiere presentarle tanto a quien resulte ganador
en los EEUU como a la Unión Europea. Con eso aspira lograr un segundo aire que
le permita mantenerse.
La Consulta Popular es el antídoto contra ese veneno.
Una consulta que será verificada por la OEA y por muchos otros países con
representación diplomática en Venezuela, servirá no sólo para que el soberano
manifieste su opinión con respecto a las preguntas, sino también para
contraponer sus verdaderos resultados frente a las cifras trucadas que el
régimen ofrecerá.
Se percibe en sectores de la población venezolana una
suerte de desesperanza hábilmente alimentada por el régimen. Por el contrario,
las circunstancias planteadas pudieran más bien constituir un punto de quiebre
al régimen para que se produzca un cambio.
José Toro Hardy
@josetorohardy
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