Miguel Henrique Otero 29 de noviembre de 2020
@miguelhotero
He tenido la ocasión de leer el cuidado informe que el
Centro de Estudios de Política y Gobierno -UCAB-, el International Institute
for Democracy and Electoral Asistance -IDEA-, Súmate, el Observatorio Electoral
Venezolano, la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, y Proyecto Integridad
Electoral Venezuela, pusieron en circulación el 6 de noviembre. Quiero añadir
que el equipo responsable, bajo la coordinación de Benigno Alarcón Deza, reúne
a algunos de los más connotados expertos venezolanos en la cuestión electoral,
personas cuya idoneidad está fuera de discusión: Roberto Abdul, Egleé González
Lobato, Luis Lander y Eugenio Martínez. Nadie podrá señalar que el estudio no
cumple con las exigencias básicas de rigor y autonomía que el propósito de
evaluar el sistema electoral demanda.
Se titula “Misión de Estudio. Sobre las condiciones
del Proceso Electoral Parlamentario 2020 en Venezuela”. Está organizado en
siete secciones que comentaré a lo largo de este artículo. La primera de ellas,
se concentra en la denominada Justicia Electoral. Se divide en dos partes. La
primera de ellas resume la judicialización de los partidos políticos, proceso
que ha tenido lugar en tres olas, y que al día de hoy ha afectado a Patria para
Todos, Podemos, MIN Unidad, Movimiento Electoral del Pueblo -MEP-, Bandera
Roja, Copei, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Tupamaro.
A todas estas organizaciones se les ha intervenido a partir de los más fútiles
argumentos, se les ha despojado de sus directivas, se les ha designado
directivos aliados del régimen, a los que se han entregado los recursos propios
del ejercicio político -las sedes, los bienes de las mismas, las tarjetas,
emblemas y otros símbolos, así como el derecho de uso de la marca electoral-,
lo que constituye un despojo a la militancia y la reducción sustantiva de
opciones electorales contrarias al régimen y favorables al regreso a la
democracia. El segundo y fundamental tema, también perteneciente a la sección
Justicia Electoral, se refiere a lo que los autores llaman “Incertidumbre sobre
la potestad normativa del Consejo Nacional Electoral”, y que, por mi parte,
llamaré “Delitos electorales cometidos por el CNE”, violatorios de la
Constitución: aprobaron la elección de diputados que no representan a nadie -a
ninguna región ni tampoco como resultado de haber alcanzado algún porcentaje-,
alteraron los porcentajes de adjudicación, hicieron trizas el principio de
proporcionalidad, y, con descaro inconcebible, aumentaron de 166 a 277 el
número de diputados. Y hay más: le quitaron el derecho al voto a la población
indígena, ya que eliminaron para ellos el voto universal, directo y secreto, y
lo remplazaron por un sistema de segundo grado. Esto no solo ratifica las
políticas discriminadoras del régimen hacia los pueblos indígenas, también aumenta
el estado general de indefensión al que han sido conducidos por Chávez y
Maduro.
La segunda sección describe la situación degradada,
insostenible y amañada del Registro Electoral -los adjetivos son míos, no de
los autores del informe-: las maniobras en la distribución de los puntos de
inscripción para evitar que los mayores de 18 años accedan al derecho al voto
-alrededor de 2 millones de posibles nuevos electores-; casi 1,8 millones de
reubicaciones; y, gravísimo, un deliberado subregistro de los electores que
viven fuera del país, cuyo resultado es que se impide a 2,7 millones de
venezolanos el derecho consagrado en la Constitución, de participar en el
proceso electoral.
La tercera sección habla de la “Integridad del
sufragio y secreto del voto”. Es, probablemente, uno de los aspectos más
sensibles de la cuestión: las garantías que los ciudadanos necesitan tener de
que su voto es secreto, de que el número de votos es igual al número de
votantes, de que no se ponen en movimiento prácticas coercitivas como los CLAP
y el carnet de la patria, para obligar a los electores a votar en contra de su
voluntad y a favor del régimen.
Un largo nombre encabeza la cuarta sección del
documento: “Incertidumbres tecnológicas de cara a las nuevas adquisiciones.
Sistema automatizado, de una fortaleza a una debilidad”. Entre los asuntos que
analiza, el más notorio es el derivado del incendio ocurrido en los depósitos
del CNE, en marzo de 2020. Se perdieron 98,5% de las máquinas de votación.
Sobre el sistema que vendrá a remplazar al anterior, basta con copiar lo dicho
en el informe: “Al momento de redactarse este informe faltan menos de 58 días
para el evento comicial del 6 de diciembre y aún se desconocen los aspectos
técnicos esenciales del sistema automatizado de votación que se utilizará,
especialmente las características del software y el hardware y el proveedor de
los equipos”. En otras palabras: se usó el incendio para adquirir un nuevo
parque de máquinas, cuyo funcionamiento se desconoce. No lo dice el informe, lo
pregunto yo: ¿acaso el propio régimen quemó las máquinas para justificar la
compra de equipos bajo su pleno control, máquinas “arregladas” que les
garanticen el triunfo en unas elecciones, ilegales y fraudulentas, que estarán
marcadas por la abstención y un cúmulo de trampas?
Sobre
las “Condiciones de equidad en la competencia electoral” -quinta sección- tema
sobre el que ya he publicado otros dos o tres artículos-, y sobre la sección
sexta, dedicada a la Observación Electoral, el informe recapitula sobre el uso
de los recursos del Estado para beneficio de los candidatos del gobierno y
sobre la falta de medios de comunicación independientes. Llamativamente, el
informe no desarrolla el tema del papel asignado al Plan República, a cargo de
la FABN, cuyo Alto Mando Militar ha declarado y practicado, de forma
sistemática, su adhesión al gobierno, aproximadamente desde finales de 2013.
La
séptima sección, que sintetiza un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones,
lista las medidas que, de acuerdo con el grupo de expertos, tendrían que
tomarse para que el proceso electoral fuera tal y no una gigantesca trampa, con
el específico propósito de liquidar el último de los poderes públicos legítimos
que queda en Venezuela, y que hoy es el núcleo, único y principal, de la
resistencia y lucha de los demócratas en contra de la dictadura.
Miguel Henrique Otero
@miguelhotero
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