Por Gioconda Cunto de San Blas
El asedio a las
universidades y a los universitarios, el desprecio a lo intelectual, han sido
hechos recurrentes en la historia. Sea en la antigua Unión Soviética o
en los gobiernos totalitarios de China y Cambodia, miles de universitarios e intelectuales
(científicos, profesores, escritores y otros) encabezaron las listas de
personas encarceladas o fusiladas, como enemigos de pensamiento. Las
universidades europeas en la primera mitad del siglo XX tampoco fueron ajenas
al asalto, las alemanas bajo el control del partido
nazi o las italianas, tuteladas por el fascismo.
América Latina no pudo
eximirse de esa plaga. Dictadores como Videla, Stroessner, Pinochet, Castro,
Bordaberry o Castelo Branco, entre otros, emprendieron cruzadas
antiuniversitarias para frenar las libertades académicas de pensamiento,
cátedra y expresión, y liquidar (metafórica o físicamente) a quien osara
rebelarse.
En nuestro patio, el
siglo XX nos trajo las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez
quienes hicieron honor a su catadura, dedicados a cerrar universidades y
perseguir profesores y estudiantes reacios a la mansedumbre exigida. La
república civil y democrática, surgida del 23 de enero de 1958, fructificó en
universidades reabiertas o creadas e institutos de investigación científica,
todos ellos bajo criterios de autonomía de cátedra, pensamiento y expresión,
recogidos en la constitución de 1961.
En 1999 se aprueba la
Constitución vigente en la que el artículo 109 define a la autonomía
universitaria de la manera más amplia
posible, como nunca antes. Sin embargo, una cosa fue la letra y el
espíritu y otra muy distinta, la realidad. A partir de ese año, un
gobierno electo democráticamente se tornó autoritario hasta lo que hoy tenemos.
Era inevitable que las libertades académicas sufrieran tanto como todas las
demás libertades consagradas en la Constitución.
De esto da fe el informe 2020 de
Académicos en Riesgo / Libres de pensar (Scholars at Risk, Free to think, SAR)
dado a conocer hace pocos días. Esta es una red internacional de más de 500
instituciones de educación superior en 39 países, con la misión de proteger a
las comunidades universitarias y estimular iniciativas que promuevan la
libertad académica y valores asociados.
En sus 124 páginas, SAR
da cuenta detallada de 341 ataques entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 en
58 países, de los cuales Yemen, India, China y Venezuela merecieron el dudoso
honor de contar con capítulos apartes.
Dos casos en Venezuela
son resaltados. Primero, la investigación criminal contra Freddy Pachano,
director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, ordenada por el
gobernador del estado, luego de que aquel expresara públicamente su
preocupación por la casuística de la covid-19 en el Zulia y la falta de equipos
protectores para el personal de salud.
El segundo caso se
refiere a los profesores (UCV) Manuel Rachadell Sánchez y Miguel Eduardo
Albujas, nombrados por la Asamblea Nacional como miembros del Consejo Nacional
de Universidades, a quienes por ese hecho la Sala Constitucional impuso
sanciones como: prohibición de viajar o vender propiedades, congelamiento de
cuentas bancarias e inicio de una investigación criminal. Al igual que Freddy
Pachano, el exilio fue la opción escogida por estos académicos.
En el capítulo titulado
“El deterioro de la universidad venezolana” se detallan las decisiones
gubernamentales que han llevado a la erosión de la libertad académica en
nuestras universidades, la imposición de leyes que degradan la autonomía, la
asfixia presupuestaria (por ejemplo, presupuesto 2021 para la UCV, 2,27% de lo solicitado),
sueldos lastimosos, uso del sistema judicial para controlar las universidades y
perseguir profesores y estudiantes, establecimiento de universidades no
autónomas basadas en el adoctrinamiento político y el control sobre los
programas docentes y de investigación.
No en balde el sistema
de ciencia y tecnología ha declinado, según datos recogidos en dicho informe.
En 1998, las instituciones venezolanas publicaban 4,8% de los artículos
científicos de América Latina, cifra que cayó a 0,8% en 2019.
Mientras, el índice
académico de libertad (AFi, por sus siglas en inglés) es en Venezuela de apenas
0,28 en un rango de 0 a 1, colocándonos cerca del quintil inferior de 140
países evaluados y muy por debajo del promedio (0,77) de países
latinoamericanos y del Caribe.
SAR nos deja una lista
de recomendaciones para garantizar la no violencia, la protección legal de la
autonomía, el rechazo de consideraciones político-partidistas en la
adjudicación de presupuestos, que ojalá puedan ponerse en marcha, aunque para
eso hará falta un gobierno distinto al actual, que garantice las libertades hoy
constreñidas.
Gioconda Cunto de San
Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
26-11-20
https://talcualdigital.com/academicos-en-riesgo-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
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