César Pérez Vivas 23 de noviembre de 2020
@CesarPerezVivas
La muerte del estado de derecho en Venezuela hace que
los delitos de los jefes de la usurpación se cometan de forma impúdica y con
absoluta impunidad. Los órganos del poder público a quienes compete velar por
el estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, o son cooperadores o
son cómplices, en la comisión de un conjunto de graves delitos contra la
sociedad y contra el patrimonio del estado.
A Nicolás Maduro y su entorno no le basta el vulgar
fraude legal y político que adelantan para instaurar una nueva Asamblea. Se
empeñan, además, en profundizar la persecución y hostigamiento a quienes
disentimos, en copar de forma abusiva y ostentosa el espectro radial y
televisivo del país para ofrecernos un país irreal, solo existente en la
mentirosa y manipuladora propaganda con la que buscan anestesiar a un pueblo
afectado por la hambruna y la miseria por ellos mismos generada.
Ni el sumiso Consejo Nacional Electoral, ni la
obediente Fiscalía, como tampoco la oscura y cómplice Contraloría colocan
reparo alguno a la grotesca y abusiva campaña de estado adelantada por la
cúpula roja en funciones de gobierno, para tratar de motivar a su alicaída
militancia “revolucionaria”. Por supuesto, tampoco es posible acudir a tribunal
alguno del país, pues allí los asustadizos y obsecuentes jueces no se atreven a
aplicar la ley.
La constitución de la República establece en su
artículo 145
“Los funcionarios públicos y funcionarias públicas
están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o
remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política.
Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y
demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no
podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona,
ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la
ley.”
Esta norma es letra muerta para Maduro y su
gabinete. Si esto dice la Constitución podrá explicar el CNE, el
fiscal y el contralor ¿porque el señor Jorge Rodríguez, quien es Ministro de
Información, es el jefe de la campaña parlamentaria del PSUV? Si es funcionario
del estado no puede estar al servicio de una parcialidad política, según lo ya
citado.
Como consecuencia de esa norma constitucional se
desarrollan normas legales que le impiden a los ministros y demás funcionarios
públicos hacer uso de los bienes y recursos del estado, entre otros su tiempo
de servicio, para hacer la campaña electoral.
Citemos algunas a modo de ejemplo.
Ley Orgánica contra la Corrupción (Gaceta Oficial
6155 del 19 Noviembre 2014)
“Artículo 12. Quienes
estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas
o no, originadas por elección, por nombramiento, designación o contrato en los
términos establecidos en esta Ley, están al servicio del Estado y no de
parcialidad política, económica o particular alguna. En consecuencia,
no podrán destinar ni usar los recursos que integran el patrimonio público para
favorecer a partidos políticos, grupos de electores o asociaciones deliberantes
con fines políticos, o cualesquiera de naturaleza particular.”
“Artículo 83. El
funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o
para fines contrarios a los previstos en
la Ley, reglamentos, resoluciones u órdenes
de servicio, utilice o permita que otra persona utilice servidores
públicos, bienes o recursos públicos que por cualquier título estén adscritos,
afectados o destinados a algún órgano o ente indicado en el artículo 4 de esta
Ley, cuya administración, manejo o custodia se le haya confiado, será penado
con prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Con la misma pena será sancionada la persona que con
la anuencia del funcionario público utilice los trabajadores o bienes públicos.
Igualmente será penado con prisión de tres (3) a seis
(6) años el funcionario que utilice recursos públicos de los órganos y entes a
los que se refiere el artículo 4 de esta Ley con la finalidad de identificar
bienes, obras o vestimenta de funcionarios, empleados u obreros de los órganos
y entes del sector público, con su nombre, imagen, símbolos, seudónimo o
eslogan con el fin de promocionar su gestión, o la de organizaciones con fines
políticos, grupos de electores o candidatura a cargos de representación
popular.”
La ley de la Contraloría General de la República y del
Sistema de Control Fiscal igualmente establece normas precisas prohibiendo la
participación y utilización de bienes públicos en eventos partidistas y de
campaña electoral, así como los procedimientos y sanciones en el plano fiscal,
para quienes incurran en esos delitos y faltas
A pesar de todo el conjunto de normas
constitucionales, legales y reglamentarias existentes en el país, y de los
órganos a quienes compete velar por su cumplimiento, asistimos, en estos
días, a un conjunto de eventos y circunstancias donde el gobierno despliega una
campaña electoral, usando de forma absolutamente abierta y descarada todo el
conjunto de instalaciones, bienes, funcionarios y recursos del estado.
El más ostensible y atropellante es el uso de la
amplia plataforma de medios de comunicación propiedad del estado. Todo el espectro
televisivo y radial está híper copado por estaciones controladas por el régimen
y todas hacen abierta campaña por los candidatos directos o encubiertos del
régimen. La semana anterior se llegó a la paradoja de que el Partido Comunista
de Venezuela, histórico aliado de “la revolución bolivariana”, escenificara
frente a las instalaciones del canal Venezolana de Televisión (VTV-Canal 8) una
protesta por el veto que el mismo le tiene a dicha tolda política. Si así
tratan a sus aliados, podemos colegir el tratamiento que recibimos los
sectores políticos de la oposición política.
Pero no solo son los medios de comunicación, son las
instalaciones de la administración convertidas en agencias partidarias, centros
de la cultura como el teatro Teresa Carreño, utilizado en actos de la campaña.
O el uso de aeronaves y vehículos del estado, con todo su personal, por los
miembros de la cúpula roja en sus desplazamientos por el territorio nacional,
mientras quienes resistimos semejante despropósito no podemos circular por
falta de gasolina, por hostigamiento policial y militar en las carreteras y por
la ausencia de transporte aéreo privado.
Jorge Rodríguez, y todos los funcionarios públicos que
están dedicados a la campaña del fraude electoral, y en consecuencia su jefe
Nicolás Maduro, al violar el artículo 145 y, entre otros, los
citados artículos de la ley contra la corrupción, debería ser sometidos a
investigación tanto por el CNE, como por la Fiscalía y la Contraloría.
Ciertamente ello no ocurrirá. Dichos órganos son parte
de la corporación criminal que controlan al estado venezolano. Ellos solo están
allí para hostigar, criminalizar y perseguir a quienes abogamos por la
restitución del estado de derecho.
No obstante es nuestro deber informar, orientar y
educar a los ciudadanos sobre el contenido de leyes que hoy no se aplican
(salvo para perseguir a la disidencia) y evidenciar la forma grotesca como los
agentes de la usurpación violentan todo el orden legal de la nación.
Sus delitos no prescriben. Así lo establece también la
norma constitucional. Tendrán que responder, en su momento, ante una justicia
imparcial y eficiente. Mientras tanto levantamos la voz y continuamos la lucha.
César Pérez Vivas
@CesarPerezVivas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico