Tal Cual 29 de noviembre de 2020
@DiarioTalCual
Estas
deportaciones se producen poco antes de cumplirse una semana de la deportación
ilegal y en condiciones riesgosas de 16 niños venezolanos – incluido un bebé de
meses – junto a nueve mujeres, llevada a cabo por las autoridades de Trinidad y
Tobago.
La noche de este sábado 28 de noviembre una alarma
encendió la redes sociales, la deportación de 160 migrantes venezolanos por
parte del gobierno de Trinidad y Tobago, como parte de la política que siguen
en contra de estas personas que escapan de la crisis económica y política que se
vive en su país, así como de la emergencia humanitaria compleja.
Según lo dicho por EFE, esta información
fue suministrada por el ministerio de Seguridad Nacional de la isla, quienes a
través de un comunicado anunciaron la deportación de todas estas persona, entre
las que se encuentran hombres, mujeres, niños y adultos mayores.
Explicaron que todas estás personas llegaron hace 60
días a Trinidad y Tobago, ingresando de manera ilegal.
La deportación se habría llevado a cabo este sábado y
fue un plan orquestado en conjunto con las autoridades representantes del
régimen de Nicolás Maduro.
Durante este procedimiento un juez del Tribunal
Supremo de la isla, logró detener la deportación de otros 19 migrantes
venezolanos.
Por su parte, David Smolansky, el
comisionado de la secretaria general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), designado por Juan Guaidó, denunció a través de sus redes sociales, está
nueva arremetida de las autoridades trinitarias en contra de los venezolanos.
#URGENTE Si a miles de venezolanos que volvieron voluntariamente por el COVID19 los tildaron de “bioterroristas”, qué no podrá ocurrirle a 160 deportados que van bajo la custodia de cuerpos de seguridad de un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/f9v4TT6dcB
— David Smolansky (@dsmolansky) November 29, 2020
Explicó que esta nueva deportación masiva de personas
en condiciones vulnerables, se da luego de un acuerdo entre las autoridades de
ambos países, y cuestionó como desde el régimen de Nicolás Maduro se tildó de
«bioterroristas» a todos los migrantes venezolanos que se vieron obligados a
volver al país en medio de la pandemia generada por la covid-19, que ha causado
una crisis a nivel mundial, y se preguntó cómo se les señalará a estos que
vuelven al país obligados por un Estado que violó sus derechos a recibir
protección internacional.
Recordó además, que el régimen que hoy se presta para
custodiar la deportación de sus connacionales, es acusado a nivel internacional
de cometer crímenes de lesa humanidad.
Dijo que este acuerdo de deportación se logró a través
del Canciller, Jorge Arreaza, a quien responsabilizó de coordinar toda esta
situación con el gobierno de Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago y su persecución a los migrantes
venezolanos
Estas deportaciones se producen el mismo día en la que
el comisionado de la Policía de Trinidad y Tobago, Gray Griffith, anunció que
las autoridades de ese país pondrían en marcha la implementación de medidas de
seguridad para garantizar la protección de migrantes venezolanos en la isla.
La información que fue difundida por medios locales,
detalla que estas supuestas «garantías» nacen luego de una reunión entre el
embajador de Venezuela en la isla, Carlos Amador Pérez, y el máximo
representante de la policía, luego de una visita de cortesía a la oficinas
centrales de la Policía en Puerto España, sin embargo, todo esto antes de que
se conociera esta deportación masiva de migrantes.
Pero todo indica que esta es una política de Estado
contra la migración venezolana por parte de las autoridades de la isla, y es
que hace apenas una semana, representantes de ese Gobierno decidieron de manera
arbitraria y antes de que se emitiera la orden de un juez, deportar a 16 niños
venezolanos – entre ellos un bebé de meses – y nueve mujeres, lanzándolos al
mar en peñeros, arriesgando la vida de estas personas.
Dos días duraron desparecidos, hasta que finalmente
fueron encontrados, los niños y las mujeres fueron encontrados en la Barra de
Mariusa, un espacio limítrofe entre Venezuela y Trinidad, sin embargo, fueron
regresados a la isla luego de una medida judicial de habeas corpus que
los protege de su permanencia en ese país
Al día siguiente del hallazgo, el miércoles 25 de
noviembre, el primer ministro de la isla, Keith Rowley, emitió un comunicado,
en el que tildó de «asalto», la llegada de estos migrantes.
Según lo dicho por esta autoridad trinitaria, desde afuera se busca usar a «personas anónimas y sin rostro,
armadas y con niños inocentes» en una especie de «asalto» con el fin
de obligar al gobierno de Puerto España a aceptar la comprensión del estatuto
de refugiados y tratados internacionales, que mandarían a la isla -con 1,3
millones de habitantes- a mantener las fronteras abiertas «a un vecino de
al lado de 34 millones de personas incluso durante una pandemia».
Según su criterio, si se acepta la medida de que
cualquier persona llegue a la nación insular en calidad de humanitario, se abre
la puerta a que pueda entrar al país cualquier migrante económico, traficantes
de armas, de personas o de estupefacientes, o cualquier otra persona que
incurra en delitos, diciéndoles que solo deben viajar hasta Trinidad y Tobago y
decir que quieren refugio. Además, recordó que fueron aceptados 16.000
migrantes venezolanos.
Este sábado la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) indicaron que según datos de las autoridades nacionales de inmigración y
otras fuentes oficiales, a noviembre de 2020 hay 5,4 millones de personas
refugiadas y migrantes de Venezuela, y que alrededor del 80% (4,6 millones) se
encuentran en países de América Latina y el Caribe.
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