JAVIER IGNACIO MAYORCA 3 DE
NOVIEMBRE 2013
Las averiguaciones sobre
el caso señalan que los implicados clonaron expedientes para hacer el desvío
millonario. Hasta ahora hay ocho detenidos
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma
84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino
Venezolano, con la finalidad de comprar tractores y otras máquinas agrícolas.
Luego de 10 meses de averiguaciones, los funcionarios del Estado todavía
desconocen a manos de quién fue a parar esa fortuna.
El fraude se cometió en junio de 2012
con una falsa operación para adquirir activos para una compañía del Ministerio
de Agricultura y Tierras: la empresa socialista CVA Pedro Camejo, cuya función
es proporcionar equipos para la mecanización de las labores agrícolas en el
campo venezolano, donde no se alcanza a producir la mayoría de los alimentos
que se consumen en el país.
El presidente Nicolás Maduro ha puesto
la averiguación sobre el fraude –por el cual hay ocho detenidos– como ejemplo
de la lucha anticorrupción, pero no ha ofrecido detalles de cómo ocurrió el
hecho y de los obstáculos que todavía tienen los investigadores para
identificar dónde está el dinero de la República. El Nacional tuvo acceso al
expediente penal 00–DLCLDFE-F23-0161-212 que aclara puntos ocultos.
El monto fue desembolsado en dos
operaciones autorizadas por María de los Ángeles González, que era
vicepresidente de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (Bandes), institución que maneja el fondo conjunto.
El primer pago investigado fue hecho
el 5 de junio de 2012 a favor de la sociedad Bismarck Consorcio Trading Corp,
por 62,8 millones de dólares. El 25 de septiembre del mismo año hubo otra
transferencia irregular a la compañía anónima Kelora, por 22 millones de
dólares. Ninguna de esas empresas estaba registrada como proveedora de los
programas que serían financiados a través del Plan Bienal del Fondo Chino, por
lo que los implicados en el fraude recurrieron a un método: “clonar las
carpetas” y presentar ambas empresas como las verdaderas beneficiarias de la
transferencia.
La CVA Pedro Camejo solo podía
contratar con compañías de países considerados “aliados” del régimen, según se
desprende del expediente. En el ámbito de la maquinaria agrícola, la corporación
oficial daba preferencia a los proveedores de Argentina. Las carpetas
originales beneficiaban a la empresa sureña Pauny SA ,que instaló una
ensambladora en Venezuela. Quienes cometieron el fraude tuvieron el cuidado de
presentar a Bismarck y Kelora como inscritas en los registros mercantiles
argentinos.
La acusación escrita por los fiscales
indica que los ocho detenidos y otras personas que hasta el momento no han sido
identificadas supuestamente se confabularon para falsificar las órdenes de
compra. Las adquisiciones no se hacían por licitación, por lo cual era
necesario conocer de antemano cuál sería el beneficiario de las transferencias
para suplantar el expediente correcto por los forjados.
Las carpetas originales
correspondientes a la empresa Pauny SA –con el contrato firmado el 11 de mayo
de 2012 con su representante, José María López– se extraviaron temporalmente
del archivo del Fondo Chino, en el piso 23 de la Torre Latino, en Caracas. Allí
hay un sistema de videovigilancia, pero no se obtuvo un registro del momento en
que se hizo el cambio para beneficiar a Bismarck y Kelora. Después de que se
hicieron los pagos irregulares, apareció de nuevo el expediente verdadero sobre
una mesa y nadie sabe aún quién lo puso allí.
Las investigaciones han permitido
identificar debilidades en los controles con los que se manejan recursos
millonarios en Venezuela. Los analistas del fondo, por ejemplo, declararon que
recibían las carpetas en forma aleatoria con copias simples.
Ellos se limitaban a cotejar cosas tales
como que las adquisiciones se hicieran contra partidas adecuadas y con
disponibilidad de dinero. Manifestaron que no tenían contacto con
representantes de la CVA Pedro Camejo para verificar que las empresas
beneficiarias estuviesen debidamente registradas y fuesen las escogidas para
recibir el financiamiento.
Las pesquisas. Durante las
averiguaciones, iniciadas el 19 de diciembre de 2012, el Ministerio Público
envió rogatorias de información a Argentina, Portugal y Suiza para obtener
indicios sobre el destino que tuvo el monto millonario. Al momento de redactar
este trabajo los datos solicitados a los países europeos no habían llegado y la
incógnita seguía en pie.
Los investigadores solo disponen de
los documentos y evidencias en archivos informáticos recabados durante el
allanamiento a una quinta de la calle Cagua de San Román, en Caracas –donde
residen dos de los ocho implicados hasta ahora– y de una oficina en la torre
Diamén de Chuao, también en la capital.
Los datos han permitido avanzar en una
hipótesis: que la fortuna defraudada terminó en una cuenta abierta en el Credit
Suisse Bank por representantes de la empresa suiza Cavemin, relacionada con una
compañía homónima inscrita en Venezuela, destinada a actividades de
“mantenimiento industrial”. La información indica que los directores de Cavemin
supuestamente manejaban las dos empresas que recibieron los fondos del Bandes y
que ordenaron la transferencia a la cuenta de otra firma que luego cerraron.
Hasta el momento permanecen detenidos
por el caso seis empleados del Bandes y dos personas vinculadas a Cavemin. Las
relacionadas con la compañía son Dubravka Dojc y Lea Dojc. Las imputaron por
forjamiento y uso de documento público, peculado doloso propio y asociación
para delinquir.
Los ex funcionarios son Pablo José
González Hernández, gerente ejecutivo encargado del Fondo Chino; César Rafael
Cortissoz Ospino, coordinador legal del Fondo Chino; María Gabriela Dona
García, Ángel Daniel Dávila Briceño, ambos analistas legales del fondo, y
Roberto Pfeffer Almeida, administrador del Fondo Chino. Les imputan peculado
doloso y asociación para delinquir.
Todos fueron acusados el 25 de agosto
por los fiscales del Ministerio Público Marvila Araujo, Diszlery Cordero y
Eduardo Colmenares, en audiencia efectuada en el juzgado 34º de control de
Caracas, a cargo de Dayanhara González. En las primeras de cambio también fue
detenido César Augusto Romero, abogado de los Dojc que figuraba en la directiva
de Cavemin.
Pero luego le dieron libertad
condicionada y no puede salir del país. Igual decisión hubo con María Gabriela
Dona, debido a que estaba embarazada para el momento de su detención. Más allá
de las aprehensiones, sigue un asunto sin resolver: no hay rastros de adónde
fueron a parar 84,9 millones de dólares que debieron emplearse para el campo
venezolano.
ABC
del fondo
En Fondo Conjunto Chino Venezolano comenzó
a operar en marzo de 2008. Tiene el objetivo de “impulsar el desarrollo
socioproductivo e industrial de Venezuela, a través de la ejecución de
proyectos de gran envergadura”.
Los recursos del fondo son
administrados por el Bandes, que recibe las transferencias del Fonden para el
financiamiento de programas específicos. Cada una es aprobada por el presidente
de la República en punto de cuenta.
El dinero objeto de este fraude
provino de una partida de 2 millardos de dólares aprobada el 9 de julio de 2011,
destinada al Plan Bienal para la Producción de Alimentos.
Para comprar maquinaria agrícola
contra recursos de este programa, el Bandes firmó un “convenio
interinstitucional” por 409,4 millones de dólares con el Fondo Chino y la CVA
Pedro Camejo.
Las maquinarias agrícolas solo podían
ser compradas a 40 empresas argentinas, incluidas en una lista que manejaba la
CVA Pedro Camejo.
Lagunas
Como las rogatorias no han sido
contestadas, los fiscales del caso desconocen si alguno de los funcionarios
implicados recibió dinero de los representantes de Cavemin o de alguna empresa
relacionada. Sus cuentas en Venezuela fueron congeladas y analizadas, sin que
aparecieran evidencias de corrupción. Entonces ¿qué ganaron los funcionarios
del Fondo Chino al asociarse para desviar unos fondos en beneficio de una
empresa privada?
Las experticias grafotécnicas
corroboraron que los analistas del fondo avalaron con sus firmas los
expedientes que permitieron los pagos a Bismarck y a Kelora. Pero no se sabe
con certeza quiénes hicieron las otras firmas que están en esos mismos
expedientes. Parte de la red que posibilitó estos pagos aún está en el Bandes.
DATO
Las pesquisas iniciales fueron hechas
por integrantes de la GNB adscritos a la Dirección de Contrainteligencia
Militar, bajo el mando del mayor general Hugo Carvajal. Contaron con apoyo de
la División contra la Delincuencia Organizada del Cicpc. La primera lista de
investigados tenía 14 nombres.
150,9 millones de dólares es la
pérdida calculada hasta el momento solamente por dos fraudes contra fondos del
Bandes. En ambos está implicada la vicepresidente de Finanzas María de los
Ángeles González, presa en Estados Unidos. En ambos el dinero finalizó en
cuentas de la banca suiza.
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