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| Los inquisidores, las heridas de Dávila y Borges y la golpiza de un diputado suplente oficialista |
Por Jesús
González Briceño, 25/10/2013
Mensaje
con Destino: Su génesis espuria ha sido confirmada por su actuación arbitraria.
Las fotos
muestran los inquisidores, las heridas de Dávila y Borges y la golpiza de un
diputado suplente oficialista
Los
presidentes oficialistas de la AN (Asamblea Nacional) no han cejado en su
hostigamiento contra los diputados opositores por vías judiciales o por compra
de conciencia y así lo dejó entrever Diosdado Cabello cuando se juramentó como
su presidente el 5 de enero de 2012 cuando expresó”… hasta que logremos que el
poder popular, el verdadero poder del pueblo, se imponga en todo el territorio
nacional“, reforzaba su empeño en socavar las bases del parlamentarismo
democrático e independiente, y de su mismo partido al tratar de imponer el
subyugamiento de las conciencias de los parlamentarios que ha resquebrajado la
institución parlamentaria. En efecto, la expulsión del Psuv del gobernador del
estado Monagas, J.G. Briceño, su acoso y persecución y confiscación de sus
bines, junto a su familia, originaron la separación de los diputados Nelson
Rodríguez Parra, Jesús Enrique Domínguez y María Aranguren del Psuv, creando su
propia fracción parlamentaria "Monagas Patriota", tras el rechazo de
ecocidio petrolero del rio Guarapiche y sus desastrosas consecuencias para la
población de Maturin y sus alrededores,
en marzo de 2012. Hoy en día buscan afanosamente de convencer pecuniariamente a
la Sra. Aranguren para que vuelva a su redil, pero su fracaso los conduce al próximo
allanamiento de su inmunidad parlamentaria para sustituirla por su suplemente
Carlos Flores que parece haber ya convenido, (¿secuestrado o protegido?) para
lograr el diputado 99 de la A.N para aprobar la habilitante a Maduro, lo que no
se explica si ya lo hicieron con el diputado Richard Mardo, violando la Constitución y el Reglamento Interno de
Debates de la A.N.
Tal
conflictividad y despelote parlamentario es producto de un reacomodo
estratégico con la deserción en septiembre del año pasado de Wilian Ojeda al que
ahora cabe vale preguntarle ¿cuánto vale un diputado?; y las deserciones de los
diputados suplentes Ricardo Sánchez, Carlos Vargas y Andrés Avelino Álvarez,
los dos primeros suplentes de los diputados de María Corina Machado y Edgar
Zambrano, respectivamente, sobre los cuales pende la espada de la justicia
revolucionaria de Cabello quien ya los tiene sentenciados de antemano. Para
fines de octubre de 2012 también había
desertado de la MUD Jesús Paraqueima por no salir beneficiado con la
candidatura de gobernador del estado Anzoátegui y el poder convincente de los
billetes verdes norteamericanos. El otro que salto la tranquera (se separó de
la MUD) fue Hernán Núñez, en febrero pasado, con lo cual el PSUV y la fracción
parlamentaria roja del oficialismo está cuadrando los números para aprobar la
solicitud de ley habilitante a que aspira el presidente Maduro (E), el 8 de
octubre pasado, con lo cual se conseguiría el diputado 99, con las
consecuencias posteriores ya previstas, y con el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria de Juan Carlos Caldera, María Corina Machado, y en total de 16
parlamentarios opositores ( Andrés Velásquez, Gustavo Marcano, José González, William Dávila, Luis
Barragán, Juan García Meneses, Gregorio Graterol, Gregorio Contreras, etc.) por
corrupción administrativa y otros delitos, se desmantelaría la fracción
parlamentaria y los liderazgos regionales opositores para la consecución de una
hegemonía total.
La
ausencia del presidente Chávez desde el 10 de diciembre pasado y su
manipulación mediática y opacidad informativa del gobierno, dio lugar a las
sentencias interpretativas del TSJ sobre la toma de posesión del presidente
reelecto que no es algo imprescindible
ya que se puede juramentar cuando cese la causa sobrevenida ante la Asamblea Nacional (art.231), como tampoco
existe falta absoluta (art 233) porque se trata de una continuidad administrativa, ni falta
temporal (art 234), además de que la prohibición de ser elegido presidente de
la república de carácter taxativa del
artículo constitucional 229 no es aplicable al Vicepresidente Maduro (por supuestos
de incompatibilidad) y no está obligado a separarse del cargo durante el
proceso electoral para la elección del presidente de la República; y una vez
declarada la muerte del presidente reelecto, el 8 de marzo, el Vicepresidente
Ejecutivo deviene Presidente Encargado, cesa en su cargo anterior, y se debe
convocar a una elección universal, directa y secreta, cuya fecha es establecida
posteriormente para el 14 de Abril por el CNE. Todas estas decisiones del
máximo tribunal han sido consideradas írritas por su desapego a la normativa
constitucional, por parte de expertos constitucionalistas nacionales y
extranjeros
Los
hechos posteriores como la realización fraudulenta de las elecciones
presidenciales del 14A, la apresurada proclamación el día inmediato y la
juramentación de Nicolás Maduro ante la Asamblea (19 de abril) como presidente,
originó las protestas y desconocimiento de la oposición democrática y del
candidato Capriles alegando una masiva violación de todo el proceso comicial
con la introducción de recursos de impugnaciones, los cuales fueron rechazados
por la Sala Constitucional, el 5 de agosto siguiente, alegando conceptos
ofensivos contra el TSJ y otras causales que no se compadecen con los alegatos
del pliego de tales los recursos.
Toda vez
consolidada la elección de Maduro calificada de espuria, los diputados oficialistas
encabezados por su presidente, la Fiscal General y la máxima instancia
judicial, han practicado un tenaz y aberrante abuso de poder, persecución y
criminalización a los parlamentarios y líderes opositores, a los tres gobernadores
de la MUD y exgorbernadores, en su intento de descalificarlos ante la opinión
pública, acusándolos de corruptos, fascistas, saboteadores de la gestión
gubernamental y desestabilizadores. El acoso, las amenazas y los epítetos de
toda clase han conformado un coro de
acusaciones y desprestigio del gobernador Capriles hasta considerarlo el autor
intelectual de la masacre gubernamental contra las protestas estudiantiles del
14 de abril cuando, al contrario, hizo un llamado a los estudiantes a
replegarse para evitar un mayor baño de sangre y represión, salvando a la
nación de una catástrofe contra los derechos humanos. Es estoica la resistencia
de excandidato ante toda clase de imputaciones, persecuciones, trabas a su
gestión gubernamental, homofobia y calificación de “criminal”. La situación del
gobernador de Lara, Henri Falcón ha sido similar y de una ferocidad inusitada
con acusaciones y varías comparecencias ante el director la Comisión de Contraloría de la A.N, Pedro Carreño,
al acusarlo de “delincuente “ y de corrupción administrativa; la ministra Iris
Valera, lo denunció de soliviantar los presos de la cárcel de Uribana para
crear caos y desorden; la legislatura regional larense de guarimbero y
desestabilizador y últimamente el mismo presidente Maduro lo ha acusado de
pretender cambiar el gobierno mediante el llamado que hizo el gobernador a la
necesidad de reinstitucionalizar el país y restablecer el diálogo entre los
distintos poderes. Las acusaciones por corrupción del Dpi. Carreño, con cientos
de expedientes levantados, han sido dirigidas al exgobernador Briceño por irresponsabilidad
política y administrativa y conducta negligente, toda vez que un Informe de la Contraloría lo había
exonerado previamente de estos presuntos delitos. En la misma lista de Carreño
aparecen otras acusaciones de carácter administrativo contra los exgobernadores
Morel Rodríguez y Andrés Velásquez. Los exgobernadores del Zulia, Táchira y
Carabobo no escapan a estas tropelías y denuncias falsas y temerarias ante las
comisiones parlamentarias y el ministerio público nacional y regional.
El
hostigamiento, denuncias y acusaciones
varios pintas por corrupción o cualquier otro delito fraguado indilgados
a parlamentarios de la oposición no se han limitado a delitos de corrupción
sino también a la violencia física y obstrucción al cumplimiento de sus labores
como diputados en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, por ello no es fácil
olvidar la agresión sufrida por algunos parlamentarios con motivo de la sesión
del 16 de abril pasado con ocasión de solicitar
la realización de una auditoría total, incluyendo los cuadernos de
votación, para determinar y confirmar los resultados de los comicios presidenciales
del 14-A, lo que ocasionó la suspensión
del derecho de palabra de los parlamentarios oposicionistas, generándose una
fuerte agresión en la que resultaron lesionados Julio Borges y William Dávila,
con una herida grave en su cara. Tras intercambio de palabras y fuertes desavenencias
en el hemiciclo, el 30 de abril, se
produjo otro hecho de mayor gravedad contra varios diputados no oficialistas
propinándoles otra golpiza salvaje a Julio Borges, la segunda durante este mes,
María Corina Machado, Nora Bracho y Américo de Grazia con heridas y maltratos
de consideración ante la mirada complaciente del presidente de la A.N, Diosdado
Cabello y su falta de autoridad para imponer y garantizar el orden y la
seguridad como lo establece su
Reglamento Interior y de Debates. La Fiscalía Nacional abrió
investigaciones respectivas sobre estos hechos que a la actualidad no han dado
resultados al respecto. El 15 de octubre
se suspende el derecho de palabra
a Julio Borges y Nora Bracho por 30 días
al considerar el presidente de la AN, Cabello que estos diputados saboteaban la
sesión en que el presidente Maduro (E) presentaba su solicitud de ley
habilitante, el 8 de octubre del corriente.
Después
de los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, previos
y posteriores a la instalación de la nueva legislatura nacional el 5 de enero
de 2011, hemos observado que nuestra instancia
parlamentaria ha sido convertida en un escenario de violencia, retaliaciones,
denuncias, acusaciones, insultos y
violaciones a la normativa constitucional y reglamentaria, con lo que se
pretende acabar y liquidar la fracción parlamentaria democrática, sus
liderazgos nacionales y regionales, y los gobernadores electos en las pasadas
elecciones y a los exgobernadores quienes han vendido sufriendo una feroz y
sistemática campaña de desprestigio, acusaciones inverosímiles, injurias,
epítetos y toda clase de vejaciones para sacarlos del juego político-electoral,
con el apoyo de los órganos jurisdiccionales de la justicia, de la fiscalía, de
los organismos de seguridad y la connivencia de la cúpula militar-castrista,
cuyo último propósito es lograr la total hegemonía totalitaria con la
aprobación de la habilitante al presidente (E ) Maduro que daría al traste con
los derechos humanos, y el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Es muy posible que se apruebe esta ley habilitante, y ya han sido citados los
diputados Caldera y Aranguren para fines de octubre, para proceder el
allanamiento de su inmunidad parlamentaria, deshonra del poder legislativo, y
después vendrán otros más con el forjamiento de cualquier otro miserable
expediente que se le ocurra a la mente
perversa de la clase política incapaz e inmoral
que nos gobierna. Indudablemente el nacimiento de la actual Asamblea
Nacional Chavista y su accionar, 2012-2013, nos conduce aseverar que es
fraudulenta, desde su origen y deslegitimada en su desempeño mediante su
actuación que calificamos como parte del terrorismo estatal en que vivimos en
nuestro país. La justicia no tardará mucho en llegar para que los instigadores
del odio y el terrorismo, y los usurpadores del poder, sean castigados con la
severidad de la ley. La aprobación de la ley habilitante para Maduro será un
espectáculo digno de la ciencia ficción
lo que ameritará una respuesta contundente de la alternativa democrática y de
todos los demócratas sino querremos ver la implantación cabal de un régimen totalitario jamás visto en
la tierra. ¿Estamos preparados para asumir el reto?
Jesús González Briceño
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