Escrito por Trino Márquez (sociólogo) Jueves, 10 de Abril
de 2014
@trinomarquezc
A partir del 2 de febrero de 1999,
cuando Hugo Chávez asume la Presidencia de la República, comienza un progresivo
proceso de destrucción de la democracia. El plan tenía como objetivo clave
triturar las instituciones autónomas que garantizan la alternabilidad en el
poder de las fuerzas que se mueven en el escenario político. Al comienzo,
Chávez habla de gobernar hasta 2021. Luego amplia el horizonte hasta 2030. Más
tarde dice que mandaría hasta que cumpliese 80 años. La Divina Providencia se
interpone en sus aspiraciones, pero el caudillo deja inoculado en sus herederos
el virus autocrático. Honrar su memoria implica continuar la labor que él
inicia: es preciso acabar hasta con el último rastro de cualquier institución
que supervise y propicie la renovación en los mandos. Esta es la gran tarea que
el maestro les fija. La meta: lograr la plena fusión entre el Gobierno, el
Estado y el PSUV. Que la trinidad sea perfecta, tal como ocurría en las
autocracias comunistas del pasado.
Para entender lo que ocurre en Venezuela
no hay que ensanchar el concepto de democracia, sino modificar la definición de
dictadura. A pesar de su parecido con la Cuba de los hermanos Castro, estamos
en presencia de un régimen comunista posterior a la caída del Muro de Berlín y
al colapso del Imperio Soviético, incluido el derrumbe de los países satélites
de Europa oriental.
Las características básicas de esos
sistemas pueden resumirse del siguiente modo. Presencia de un fuerte componente
represivo: nadie, por más encumbrado que sea,
está a salvo de ser espiado, encarcelado y torturado; los sofisticados
aparatos de seguridad supervisan a los ciudadanos que potencialmente
representan un peligro para el Estado. Desprecio olímpico por los derechos
humanos. Control total de las
instituciones públicas a partir de la fusión entre el Gobierno, el Partido
Comunista y el Estado. Las decisiones fundamentales se adoptan en el Comité
Central del Partido, de donde emanan las instrucciones para los organismos
públicos; esas órdenes son de estricto cumplimiento para todos los
funcionarios. Ausencia de medios de información y comunicación independientes y
hegemonía comunicacional, con el fin de divulgar e imponer la verdad oficial y
uniformar el pensamiento de todos los ciudadanos. Subordinación de la Fuerza
Armada a los dictámenes del Partido Comunista; los militares son fichas de la
organización política. Intervención y control de la economía a través de la
supresión de la propiedad privada, la estatización de los principales medios de
producción, la colectivización del sector agrícola y la pequeña y mediana
industria. Regulaciones y controles de todo tipo. Asfixia o desaparición de las
organizaciones independientes de la sociedad civil: partidos, sindicatos,
gremios, federaciones estudiantiles.
Aunque no tan exacerbados como en los
antiguos países comunistas, todos esos rasgos se encuentran en Venezuela desde
1999, solo que la enorme resistencia desplegada por las fuerzas democráticas ha
preservado importantes espacios donde existen la libertad y la independencia.
Siguen operando algunos medios de información y comunicación independientes, y
partidos políticos ajenos al Estado. El segmento ocupado por la propiedad
privada continúa siendo significativo. Existen organizaciones no
gubernamentales que defienden los derechos humanos.
En el plano político e institucional,
sin embargo, no hay duda de que la
democracia se degradó, y que avanzamos aceleradamente por el camino de la
dictadura abierta y desembozada. El hecho de que en Venezuela se vote para
elegir las autoridades públicas no modifica esta tendencia, únicamente la
encubre. Las nuevas dictaduras, las del siglo XXI, necesitan del sufragio
popular. Prefieren ser electas, antes que imponerse mediante el puro uso de la
fuerza bruta.
El Gobierno convirtió el sufragio
popular en una cortina de humo para
ocultar los atropellos que comete con el fin de perpetuarse en el poder. Esos
desafueros lesionan incluso la institución del voto. Las decisiones que el TSJ
adoptó contra los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, y contra María
Corina Machado -la diputada electa en 2010 con la mayor cantidad de votos-
cachetea la voluntad de los electores que sufragaron por esos representantes
populares. La FAN es un apéndice del PSUV. La violación de los derechos humanos
y el silencio cómplice de la Fiscalía y la Defensoría revelan el rostro más
agresivo de la neodictadura.
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