Por Luis Vicente León
¿El gobierno realmente
podría anular el Referendo Revocatorio usando su control institucional sobre el
TSJ, tal como denuncia la MUD que pretenden hacer? Técnicamente, la rspuesta es
que sí. Aunque, como ya explicó José Ignacio Hernández aquí en
Prodavinci, esto resultaría un despropósito.
Es evidente que el Tribunal
Supremo de Justicia responde a las necesidades de la Revolución. Y si el
Presidente y el Partido consideran que anular el
referendo institucionalmente es menos riesgoso que someterse a la
recolección de firmas en la calle, lo harán. Ahora bien: si el costo político
de anularlo desde el TSJ es mayor, entonces el proceso de recolección de firmas
continuará.
No es una decisión
democrática: es un análisis de costo-beneficio.
En todos los escenarios, el
gobierno tiene un problema central: en Venezuela la oposición es una clara
mayoría. Tienen la fuerza y la motivación para convocar ese Referendo
Revocatorio y, aunque el control institucional del gobierno puede entorpecer
arbitrariamente los requisitos legales para intentar demorar y complicar el
evento, cualquier acción de recolección de firmas puede traer como consecuencia
un mundo de gente en la calle que (por sí solo y sin necesidad de contarse) se
convierte en un enorme peligro político para el gobierno.
Ante estas dos
posibilidades, la anulación por el TSJ o permitir que se vea la gente en la
calle recogiendo firmas, ¿cuál escogerá el gobierno?
La opción de anular el
derecho constitucional de revocar, usando la institucionalidad controlada, es
una acción explícita y evidente de desespero que pone en evidencia la
fulminación de la democracia venezolana (o lo que queda de ella) y expone al
gobierno todavía más al rechazo regional y mundial. Sin considerar que podrían
activarse luchas radicales, al ver muerta toda posibilidad real de una salida
institucional.
Anular el Referendo
Revocatorio sería como intentar descativar una bomba de tiempo arrojándole una
granada.
Para algunos, anular el
referendo sería impresentable y peligroso: activaría una lucha que nadie sabe
dónde terminaría. Además, para parte del chavismo no-madurista sigue viva
la esperanza de que ese referendo se convoque, tenga lugar en 2017 y eso
permita un cambio con algo de orden de un Presidente que hoy es un problema
para el chavismo, pues les impide tener alguna opción chavista alternativa para
preservar el poder hasta 2018 y así elevar sus posibilidades de ganar una
elección. Para otros, esos que quieren evitar la salida de Maduro a toda costa,
la única opción es evitar el Referendo Revocatorio de cualquier manera y asumir
el riesgo de una explosión social que según ellos sería más difícil de
concretar.
Es decir: este último grupo
preferiría que la gente saliera de su casa a protestar después de oír una
decisión del TSJ, antes que correr el riesgo de que esa explosión ocurra como
una consecuencia natural del gentío en la calle después de ejercer su derecho a
firmar durante los días indicados por el CNE para la recolección del 20%, justo
cuando la militancia opositora estaría más motivada para luchar por defenderlo.
¿Cuál será el grupo dentro
del chavismo que ganará? No tengo idea. Pero lo que sí está claro es que es una
vergüenza que en Venezuela no estemos discutiendo si la oposición tiene o no la
mayoría necesaria para ejercer su derecho a revocar un mandato (tal como
establece la Constitución). En lugar de eso, estamos preguntándonos cuál será
la manera que preferirá el gobierno para bloquear el referendo y si la mayoría
del país estará dispuesta o no a defenderse de esa violación.
En Venezuela no estamos
preguntándonos si puede ser exitosa la lucha de la mayoría, sino cuál será la
estrategia elegida por el Poder para terminar de habituarnos a la
primitivizacion del país y la pulverización de nuestros derechos democráticos.
10-10-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico