EWALD SCHARFENBERG 13 de octubre de 2016
El
conflicto de poderes en Venezuela ha alcanzado una nueva cota después de que el
Tribunal Supremo de Justicia haya autorizado al Gobierno del presidente Nicolás
Maduro a esquivar la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora,
para el Presupuesto Nacional de 2017. En su veredicto, el alto tribunal se
abroga la tarea de supervisar la ejecución del presupuesto, adjudicado por la
Constitución al Parlamento. Por ello, insta al Poder Ejecutivo a presentar el
proyecto de presupuesto ante la Sala Constitucional en un plazo no mayor a
cinco días.
Desde
que en diciembre pasado la oposición obtuvo en las urnas la mayoría absoluta
del legislativo, el Gobierno de Maduro ha hecho lo posible para desembarazarse
de su control, ahora dotado de poderes constitucionales para vetar leyes y
hasta destituir ministros.
Actitud
“hamponil”
Maduro
se apoyó en decisiones del Supremo, ampliamente dominado por el chavismo, para
recortar las atribuciones de la Asamblea Nacional hasta que finalmente en
septiembre la declaró en desacato. La oportunidad para ello la brindó la decisión
del Parlamento de incorporar a dos diputados electos en diciembre en sus
circunscripciones del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) y proclamados por
las autoridades electorales, pero impugnados por el oficialismo ante el
Supremo. El tribunal ha retrasado su veredicto acerca de los dos escaños, que
representan la mayoría calificada de la oposición en el hemiciclo.
El
tribunal determinó que el Parlamento actúa “en rebeldía” y todos sus actos
resultarían “inconstitucionales” mientras continuasen en su seno los dos
diputados en cuestión. En vista de ello, Maduro consultó al tribunal si debía
presentar el presupuesto a un poder legislativo que, a su juicio, “se
autodisolvió”.
Ramos
Allup, el presidente de la Asamblea, no tardó en reaccionar ante la decisión
del tribunal, cuya actitud calificó de “hamponil”. La oposición asegura que
Maduro podría incurrir en una irregularidad administrativa, sujeta a sanciones
penales, si se otorgara a sí mismo el presupuesto sin pasar por la supervisión
legislativa. Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de
Unidad Democrática (MUD), recordó que Dilma Rousseff fue destituida en Brasil
“precisamente por irregularidades administrativas como esa”.
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