Por Hugo Prieto
Marcos Gómez bajó de las
montañas como parte de la política de pacificación que promovió el ex
presidente Caldera. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad
Central de Venezuela y se recibió de abogado. En 1994 ingresa al Consejo
Nacional Electoral, donde cumplió distintas funciones. Su visión de la política
tiene un registro y una amplitud que no es muy común en Venezuela. Nunca votó
por Chávez porque no le gusta “el militarismo”. Es coautor del ensayo ‘La
plataforma jurídica de las elecciones en Venezuela’, en el que aborda el
entramado legal de los procesos electorales.
Gómez conoce muy bien los
entretelones del primer acuerdo de diálogo que suscribió el gobierno y la
oposición en mayo de 2003. Allí también se habló de la vía pacífica,
constitucional y electoral para resolver el conflicto político. Después de las
tácticas dilatorias del gobierno, se llegó al referéndum revocatorio de ese
año, que atornilló en el gobierno al ex presidente Hugo Chávez. Las cosas han
cambiado dramáticamente en este segundo intento. El diálogo, según el
presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup está “muerto”. Pero en
política los muertos resucitan, no por un milagro, sino por la palabra, por la
acción dialogante. Las recriminaciones mutuas han sido la norma, nada nuevo
bajo el sol, en un país fracturado. Pero en esta ocasión hay una carta enviada
por el canciller del Vaticano, una de las instancias facilitadoras del diálogo,
en la que “demandan” del gobierno el cumplimiento de los compromisos.
Se abre un lapso para que
las fuerzas políticas retomen sus agendas, pero también podría ser la
oportunidad de llevar adelante una reforma del Consejo Nacional Electoral, que
garantice su autonomía e imparcialidad, porque “no es suficiente con designar a
los nuevos rectores”, dice Gómez. “Hay que aplicar su propia ley, que hoy es un
desecho”.
En ese primer acuerdo hay
una redacción muy clara de los objetivos que se buscaban. “Una total adhesión a
la Constitución y al régimen legal que la desarrolla; una necesidad de ponerse
de acuerdo en lo fundamental para garantizar una democracia participativa,
pluralista, vigorosa y auténticamente representativa”. No era el galimatías de
ahora. Allí también participaron Timoteo Zambrano (oposición); Roy Chaderton y
Nicolás Maduro (gobierno).
¿Fue una experiencia positiva?
Zambrano está participando y Chaderton, ya se sabe, es el representante del gobierno para todos estos asuntos. Es asesor y un hombre con una gran experiencia diplomática. De tal manera que ambos conocen lo anterior y deberían estar preparados para lo que viene, partiendo de un punto que, en mi opinión, modifique lo que se acordó en mayo de 2003, y lo digo porque lo que vino después fue todo lo contrario.
Una de las cosas que “vino
después” fue que el TSJ, a solicitud del abogado Hermann Escarrá, declaró la
omisión parlamentaria y procedió a designar a los rectores del CNE. ¿La
participación de Escarrá también es una casualidad?
No, no me parece casual, porque Escarrá siempre ha sido una persona vinculada a ese tipo de cosas. Si alguna cosa ha hecho Escarrá es prepararse en esos aspectos pequeñitos de la ley, lo pequeñito de los contratos, lo pequeñito de los acuerdos entre partes. Pero no nos olvidemos que Escarrá fue candidato para el parlamento andino, no en las elecciones más recientes, sino en las anteriores, creo que era representante de Opina. Es decir, que ha estado en todos los frentes. De tal manera que no es de extrañar que ahora sea asesor del gobierno, en buena medida y en mucha de estas cosas. Es de estos abogados que sirven, no voy a decir para este tipo de manipulaciones, sino para este tipo de entuertos.
Se creó el consejo de
participación política, en el que estuvieron Teodoro Petkoff y Guillermo García
Ponce, entre otros, ¿la idea era darle una proyección social al CNE?, pero eso
no está ahora.
Ya empezaron a hablar de eso. Hay una propuesta de esa naturaleza, que acompañe al CNE. Digamos, sobre este tipo de comisiones, que no tienen derecho a voto, pero que pueden actuar políticamente, para darle estabilidad y espacios de conciliación a las partes que están en conflicto. Eso está de nuevo en el tapete. Habría que ver los efectos que tendría esa comisión, porque en aquella época no tuvo ninguno. Por eso se retiraron sus integrantes. Ahora, ¿Se retiraron porque no querían participar o porque fueron subyugados por los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos y el gobierno? Creo que se dieron cuenta de que esa comisión no tenía ninguna función en ese momento. Pero una instancia como esa es muy útil cuando se es sincero en los acuerdos que se refrenden y si hay, efectivamente, interés real y legítimo en cada una de las partes, caso contrario, eso no funciona.
Lo que vino después, podría
resumirse en lo siguiente: El TSJ designa a los rectores del CNE, la oposición
boicotea las elecciones parlamentarias de 2005, el ex presidente Chávez gana el
referéndum revocatorio de 2007¿En qué quedó el acuerdo inicial de “total
adhesión a la Constitución y al régimen legal que la desarrolla; a la necesidad
de ponerse de acuerdo en lo fundamental”?
En primer lugar, haberse retirado de las elecciones parlamentarias fue un gravísimo error de la oposición. Y lo digo con propiedad, porque lo discutí con ellos, dentro y fuera del CNE. Siempre me opuse, porque la abstención no conduce a ningún lado. Si alguna cosa buscaba Hugo Chávez Frías era precisamente tener el control de la Asamblea Nacional, tal como se lo confesó a Marta Harnecker. Esa era su gran preocupación, porque su objetivo real era la búsqueda de la hegemonía y la aplicación de su proyecto. De tal manera, que abstención de la oposición favoreció esos planes.
Se lo puso en bandeja de
plata.
Claro, ese era el punto. Pero hay algo más que rescatar de ese proceso, Chávez hace la propuesta de reforma constitucional y procede a formular las preguntas, que si bien fueron negadas en el referéndum, todas ellas aparecen en la legislación que se aprobó a partir de 2010. Lo dije y lo repito, estuve en contra de esa abstención, porque eso no es entender la política en sus términos globales, que es uno de los problemas que tiene la oposición, al igual que el gobierno, ya sea por incompetencia o por otras razones, pero eso (la abstención) no podía ser la alternativa para una plataforma política que tuviera visión de futuro.
¿Un salto al vacío o una
discontinuidad en la lucha política?
Hay un antecedente histórico. En Venezuela, a partir de 1946, cambiaron los procesos electorales, porque se pasa de una elección de segundo grado a una elección de primer grado, al voto universal directo y secreto. Desde ese momento, el voto pasó a formar parte de lo que podríamos llamar la cultura política venezolana. Cuando Betancourt se opone a la candidatura de Jóvito Villalba (1952) y llama a la abstención comete un grave error, ¿Por qué? Porque eso significó más años de dictadura y no facilitó la construcción de fuerzas políticas más poderosas que se opusieran al régimen. Pérez Jiménez pudo seguir la ruta electoral hasta el plebiscito del año 58, que perdió (aunque cometió un fraude masivo para conservar el poder) con el desenlace que ya conocemos (el 23 de enero). Pero hubo elecciones y ese proceso dio origen a una práctica social y política que había nacido en el año 46. Eso es de enorme importancia y hay que tenerlo muy en cuenta. La abstención nunca ha sido buena.
Chávez gobernó a su antojo y
la Asamblea Nacional se anula a sí misma al otorgarle plenos poderes al
Ejecutivo. También hay tiempo para las frivolidades. El ex magistrado Omar Mora
Díaz propuso cambiarle el nombre al TSJ por Tribunal Supremo de Justicia
Bolivariano y Lina Ron sugirió que el ex presidente Chávez se casara con la
periodista Mari Pili Hernández. Pero Chávez activó el Consejo Federal
Republicano, mediante un decreto, para el fast track del socialismo del siglo
XXI.
No se puede subestimar la mente de alguien que desea el poder y se plantea como política eso, porque el deber de un político es la lucha por el poder. Se entiende que es eso. Sea para alcalde, sea para concejal o sea para Presidente. También sobre este punto hay antecedentes históricos. Hay dos figuras de sumo cuidado. Una es los estados de excepción y la otra es las leyes habilitantes. ¿Cuándo surgieron las leyes habilitantes previstas en la Constitución del 61? En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Siempre recuerdo lo que dijo Gonzalo Barrios. Que eso era un terremoto de leyes y que al Presidente había que pedirle un poquito de ignorancia. ¿Qué es lo que ocurre con las leyes habilitantes? Que anulan al parlamento y la discusión al interior de los cuerpos deliberantes. No puedes sustituir a la Asamblea por una comisión opaca y chiquita del Ejecutivo. Claro, eso le interesa a mucha gente, porque ahí negocian. Pero cuando la apertura es mayor, que es lo que ocurre en los parlamentos, la cosa se pone más seria y se crean instituciones. Eso Chávez lo conocía y por eso está en sus preguntas de la reforma constitucional. Al igual que los estados de excepción, ¿para qué? Para establecer la censura de prensa, entre otras cosas. Evidentemente, es una jugada de Chávez para introducir elementos del monopartidismo y la estructura presidencialista.
Marcos Gómez retratado por
Roberto Mata
Estas fueron algunas de las
cosas que “vinieron después”, precisamente las que siguieron a una negociación.
Pero actualmente, que se ha reactivado el conflicto político, se plantea una
vez más la consulta electoral. Pero tenemos el CNE que tenemos, debilitado
además en su autonomía por resoluciones que se han tomado. Se ha negado, por
ejemplo, la representación proporcional de las minorías y el voto
personalizado. Se puede hacer una consulta electoral con el actual CNE?
No. No se puede. Y eso es lo que planteo en mi ensayo. Hay que reformar todo eso. Ese es el punto, porque no basta con sustituir a los rectores del CNE. El CNE ha cambiado muchísimo, no de ahora, sino desde el momento en que el pueblo negó la reforma constitucional, que en realidad era peligrosísima, aunque muy pocos lo advirtieron. Me refiero al acuerdo que viene con posterioridad a la designación que hizo el TSJ, donde había un solo representante que no era del gobierno (Vicente Díaz), todos los demás eran adherentes a la propuesta del gobierno. Eso es lo que sostengo. No basta con elegir un nuevo CNE, es necesario aplicar su propia ley. La Ley Orgánica del Poder Electoral le permite al CNE actuar con independencia frente al Ejecutivo y el resto de los poderes. Pero eso lo ocultan, eso lo violan. Yo lo viví.
Usted plantea cuatro puntos,
entre otros, dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y
publicidad y aplicar sanciones cuando no sean acatadas y declarar la nulidad
total o parcial de las elecciones. Esto viene a cuento por lo que ocurrió con
las pasadas elecciones en Amazonas. El CNE, además, ha dicho que todo lo que es
material electoral, solo le compete a ese organismo. ¿Cómo es esto?
El CNE tendría que determinar la nulidad de un proceso electoral, mediante el procedimiento que está establecido en la Constitución y en la propia Ley Orgánica del Poder Electoral. Pero actualmente la ley electoral es un desecho, no ha sido aplicada. Un ejemplo es lo que ocurrió con el tema presupuestario, que también lo viví. El presupuesto del CNE, de acuerdo a la Constitución, no puede ser modificado ni por el Ejecutivo ni por la AN. Durante el ejercicio de la presidencia del doctor Abella, por cierto, opositor, se planteó un recurso para ratificar esas competencias contra las pretensiones del Ejecutivo. Se nombró una comisión en el CNE, de la cual fui el apoderado, en mi condición de consultor jurídico (e). Redactamos el recurso de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Así me fui al TSJ, donde había cierta expectativa, porque el Poder Judicial gozaba de una facultad similar. A mí se me citó y entregué el recurso. A los pocos días, el doctor Abella, a través de un tercero, me pide lo retire, cosa que hice, con toda la vergüenza, porque estaba en contra de eso, pero el dueño del recurso no era yo sino el doctor Abella. Dejé constancia por escrito que lo hacía cumpliendo instrucciones del presidente del CNE. El problema es que este tipo de actitudes están enraizadas en la cultura política y social del país.
¿No era más fructífero que
la AN, en lugar de enzarzarse en el conflicto institucional con el Ejecutivo y
el TSJ, se enfocara en la resolución de estos problemas?
Creo que en parte era eso y la otra era que tenía que partir de lo que establece la Constitución con relación a los regímenes de los poderes públicos. Me estoy refiriendo a las elecciones a gobernadores, previstas en 2016. Ese era un primer problema que se tenía que resolver, era algo elemental. Había que proceder a corregir todas estas cosas. Pero no, buscó una gorra; lo que tanto gusta en Venezuela, alguien que intervenga por él y de un golpe de Estado. A la gente le gusta eso, por eso apoyaron a Chávez, por eso ha habido golpes en este país. No se fueron por las vías que en apariencia son las más difíciles, aunque terminan siendo las más fáciles, que son las vías institucionales. Se pelearon con el Ejecutivo pensando que había llegado el momento, sin advertir que había un problema de correlación de fuerzas. ¿Y la correlación de fuerzas a quién favorecía? ¿Quién tenía o tiene el control de los poderes públicos? ¿Quién tiene el control de las Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene el control de todas esas fuerzas materiales? Claro, por supuesto, la gente se entusiasma con el revocatorio, pero no se puede anunciar una guerra y después no ejecutarla.
Marcos Gómez retratado por
Roberto Mata
¿Cómo cree que se podría
resolver este conflicto?
Habría que crear las condiciones, tanto de seguridad jurídica, como de seguridad política, para ambas partes. Yo creo que el gobierno tenía una forma para no enredarse tanto. Pero hay factores dentro del gobierno que están en contra de eso, que es la libertad de todos esos presos, de todos. Hasta el general Gómez lo hizo con quienes después se apuntaron en la invasión del Falke. Y lo hizo porque tenía que ocuparse de un asunto que tenía encima, que era la cuestión petrolera. Tenía que consolidar la paz que alcanzó en 1911. Gómez decretó la amnistía, aunque seguía matando gente. Los mismos argumentos que utiliza Uribe para oponerse al proceso de paz en Colombia, los utiliza el gobierno para oponerse a la libertad de los presos políticos… victimarios, asesinos… cuando tiene las fórmulas legales, constitucionales y precisas, no sólo para salir del enredo, sino para que ejerza la dirección del país. Hay que aprender de quienes no se dejan maniatar por la opinión del común, sino no eres dirigente. Y ese es el problema que tiene el gobierno.
¿Y cuál es el problema que
tiene la oposición?
En lugar de enfrentar los problemas de fondo se van por otro lado. Se fue por el revocatorio hasta antier, sin darse cuenta que pasado mañana o mañana son las elecciones presidenciales, porque ya el 2018 lo tenemos encima. Entonces, tienes que tener una política de largo plazo. Si no la tienes, pues estás perdido frente a quién sí la tiene, porque se quiere quedar en el poder. Ese es uno de los trágicos errores de la oposición. De no observar las pequeñas cosas, en las que los otros son duchos, por ejemplo, Hermann Escarrá.
11-12-16
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