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domingo, 18 de diciembre de 2016

¿Qué decidió la ONU sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana? Por @prodavinci


Por Mariano de Alba


A través de un comunicado de fecha 16 de diciembre de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, informó que había notificado a Guyana y Venezuela que el proceso de buenos oficios para tratar de resolver la disputa territorial entre ambos países continuará hasta el último día de 2017. Aunque la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la decisión como una “victoria diplomática”, si no hay acuerdo en el plazo establecido es altamente probable que Guyana termine presentando el diferendo ante la Corte Internacional de Justicia, una alternativa peligrosa para los intereses venezolanos.

Breves antecedentes de la decisión

Desde el año 1966, con la firma del Acuerdo de Ginebra, Guyana y Venezuela han tratado de buscar una solución negociada a la disputa fronteriza. Sin embargo, dichos intentos han sido infructuosos. El último mecanismo acordado por ambos países, en noviembre de 1989, fue la figura de los “buenos oficios”, un esfuerzo de negociación que contaría con el acompañamiento de un Representante Personal del Secretario General de la ONU.

Desde entonces, varios diplomáticos han sido designados para buscar una solución negociada, pero no han podido provocar un acuerdo. El último, Norman Girvan de Jamaica, fue designado en 2010, pero tras su fallecimiento en 2014, no ha podido ser reemplazado. Desde su llegada al poder en el año 2015, el presidente de Guyana, David Granger, ha presionado a la Secretaría General de la ONU para que ponga fin a los “buenos oficios” y escoja otro medio de resolución de controversias como lo es un juicio ante la Corte Internacional de Justicia.


 ¿Qué decidió el Secretario General de la ONU?

El Secretario General de la ONU pareciera haber adoptado una decisión “salomónica”. Por un lado, complació al gobierno de Venezuela decidiendo que “el procedimiento de buenos oficios (…) continuará por un último año, hasta el final de 2017, con un mandato reforzado de mediación”. Sin embargo, también accedió al pedido del gobierno de Guyana al anunciar que “si para el final de 2017, el Secretario General determina que no ha existido un avance significativo para llegar a un acuerdo total de solución de la controversia, escogerá la Corte Internacional de Justicia como el siguiente método de solución de controversias, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela soliciten conjuntamente que no lo haga”.

Visto que Ban Ki-moon dejará de ser el Secretario General de la ONU el próximo 31 de diciembre de 2016, el comunicado también informa que esta determinación ha sido consultada con el Secretario General designado, António Guterres, “quien ha expresado su concurrencia”. Esto da a entender que es muy poco probable que esta determinación sea revocada o contrariada por el nuevo Secretario General, cuyo período inicial será del 2017 al 2021.

Finalmente, Ban Ki-moon informó que el nuevo Secretario General de la ONU, una vez asuma el cargo, designará a un nuevo Representante Personal para llevar adelante el nuevo esfuerzo de negociación a través de la figura de los “buenos oficios”.

¿Cuáles son las implicaciones de la decisión?

Con la decisión del Secretario General de la ONU, Venezuela logró evitar que la disputa fuese referida este año a la Corte Internacional de Justicia, tal y como lo había solicitado Guyana. Sin embargo, si para el último día del año 2017, la Secretaría General de la ONU determina que no hay un “avance significativo” en la resolución de la disputa, entonces muy probablemente ésta será referida al órgano judicial principal de Naciones Unidas.

Durante los últimos años, Guyana se ha mostrado poco dispuesta a participar en las negociaciones con Venezuela, argumentado que ha transcurrido mucho tiempo en la búsqueda de una solución negociada y que la vía judicial es la más expedita para resolver el diferendo. Por ende, en primer lugar habrá que ver si en esta nueva oportunidad de negociación que acordó el Secretario General de la ONU, el gobierno de Guyana se muestra más dispuesto a participar.

La posición oficial del gobierno guyanés es que urge una solución pues así podría ejercer plenamente su soberanía sobre el territorio disputado. Esto es importante si se tiene en cuenta que en ciertas áreas se ha encontrado petróleo (y otros recursos) y algunas compañías prefieren no asumir el riesgo de explotación vista la controversia. Por otro lado, expertos han señalado que han existido períodos de tiempo en los cuales el gobierno venezolano no ha reclamado distintas actividades del gobierno de Guyana en el territorio disputado, debilitando la posición venezolana pues esto podría ser interpretado como una aceptación tácita de tales actividades.

Si la disputa finalmente es referida a la Corte Internacional de Justicia, Guyana partirá con ventaja pues se ha venido preparando desde el año 2014 para tratar de resolver a través de este mecanismo. Litigar un caso ante dicho tribunal supone un proceso largo y complicado, de mucho estudio y preparación previa, en el que no sólo habría que presentar múltiples argumentos jurídicos sino también numerosas pruebas que soporten cada una de las afirmaciones realizadas.

Desde el punto de vista de Venezuela, la decisión del Secretario General le genera una importante presión pues si quiere evitar que la disputa sea finalmente referida a la Corte, habrá que demostrar una “avance significativo” en la negociación a pesar de que durante los últimos años Guyana no ha querido negociar y que el Representante Personal del Secretario General de la ONU probablemente comenzará de cero en sus esfuerzos de mediación.
Principalmente, Venezuela se ha negado a la opción de la Corte Internacional de Justicia porque la experiencia previa —cuando la disputa fue sometida y resuelta por un tribunal de cinco árbitros en 1899— terminó con una decisión muy desfavorable para los intereses venezolanos.

De llegarse hasta el final de 2017 sin solución, la primera discusión que se planteará es si el Secretario General de la ONU puede someter directamente la disputa a la Corte Internacional sin que antes medie el consentimiento del Estado venezolano. Pero si se llega hasta ese punto, esa primera pregunta y probablemente muchas otras que definirán a quién le corresponde el territorio en disputa, serán definidas por los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia. Por ende, urge que durante este año, además de impulsar la negociación, Venezuela concentre grandes esfuerzos en preparar su participación en un eventual juicio, que, al día de hoy, parece inevitable.

17-12-16