BEATRIZ BECERRA 30 de enero de 2019
En 2015
se celebraron en Venezuela elecciones a la Asamblea Nacional, la
cámara legislativa del país y sede de la soberanía nacional. La decepción con
el régimen había ido aumentando y el país estaba ya sumido en una crisis que se
agravaría aún más en los años siguientes. A pesar de las manipulaciones y de la
falta de independencia de los órganos electorales, la oposición logró una
victoria arrolladora. El régimen decidió que aquella había sido su última
derrota electoral.
También
decidió que aquella Asamblea Nacional era un peligro y que había que
inutilizarla. A lo largo de 2016, el Tribunal Supremo (colonizado por jueces
chavistas) bloqueó la mayoría de las iniciativas de la cámara. Los diputados
optaron entonces por una iniciativa contemplada en la Constitución: un
referéndum revocatorio en el que los venezolanos se pronunciaran por el cese o
por la continuidad de Maduro en la Presidencia una vez que se cumplía la mitad
de su mandato. Con todo tipo de artimañas dilatorias, entre masivas protestas
pacíficas y con la connivencia del Consejo Nacional Electoral bajo su mando, el
régimen logró bloquearlo.
La
ruptura definitiva del hilo constitucional se produjo cuando en marzo
de 2017 el Tribunal Supremo se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional y
extendió los poderes de Maduro. Esto originó una nueva oleada de protestas
reprimidas de forma salvaje. Hubo más de un centenar de muertos y cientos de
detenidos. La represalia de Maduro fue convocar unas elecciones en agosto de
2017 para elegir una ilegítima Asamblea Constituyente que suplantaría a la
Asamblea Nacional.
Ya
en 2018, Maduro convoca unas elecciones presidenciales anticipadas
en las que ya ni se molesta en disimular. La participación fue ridícula, a
pesar del chantaje del régimen contra los votantes. El país se encontraba
exhausto, empobrecido y hambriento, en medio de una crisis humanitaria brutal
traducida en un éxodo masivo nunca visto en la región. Ninguna democracia seria
reconoció como válidas esas elecciones.
Estos
son los hechos ciertos. Son la descripción precisa de un golpe de Estado. La
paradoja es que el llamado 'hijo de Chávez' ha vulnerado sistemáticamente la
Constitución promovida por su mentor, mientras que la oposición democrática es
quien la ha defendido y defiende con admirable pasión, y quien ha actuado y
actúa con respeto a sus disposiciones. Por eso, el pasado 23 de enero
el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó tres artículos de la
Carta Magna al jurar como presidente encargado. El 10 de enero había
vencido el mandato de Maduro, por lo que, en ausencia de un presidente legítimo
salido de las urnas, la Constitución le facultaba para asumir la dirección del
país con el encargo de convocar nuevos comicios.
De
modo que no tiene sentido decir que Guaidó se ha "autoproclamado"
presidente: es Maduro el que lo ha hecho, usurpando el cargo. Y es inaceptable
llamar golpista al presidente de la Asamblea Nacional, cuando precisamente él y
el resto de diputados electos, únicos representantes legítimos de los
venezolanos, son quienes buscan una transición de la ley a la ley para
Venezuela.
Así
las cosas, es una obligación para la Unión Europea y los Estados miembros
reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y, en
consecuencia, único interlocutor legítimo. Esto es algo que ya han hecho
numerosos gobiernos. Pretender condicionar ese reconocimiento a una
convocatoria de elecciones por parte del régimen es casi una reducción al
absurdo: si no reconocimos las de 2018, Maduro ya no es presidente, luego no
tiene potestad ejecutiva alguna, incluida la de convocar elecciones. Considero
que el comunicado de Mogherini del sábado 26 de enero da un
paso en la dirección correcta al evitar cualquier mención a Maduro: el
desconocido ha desaparecido. En cambio, no por esperado resulta lamentable lo
sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el cinismo de la
Rusia de Putin ha lucido en todo su siniestro esplendor. La salida democrática
vendrá de la Unión Europea.
Guaidó
ha actuado con total respeto a la legalidad, y ha aceptado con responsabilidad
la tarea que la Constitución le encarga: cesar la usurpación, poner en marcha
un gobierno de transición y convocar unas elecciones libres y transparentes.
Los venezolanos, además, ya han expresado su apoyo masivo. Como afirma la
propia declaración de la Unión Europea, su voluntad no puede ser ignorada. Los
ciudadanos de Venezuela ya han participado en demasiadas elecciones fabricadas
por el chavismo. Maduro no tiene legitimidad política ni moral.
El
papel de la Unión Europea tiene que ser apoyar y proteger a Guaidó y a los
miembros de la Asamblea Nacional, en la confianza de que la presión popular e
internacional lleve al dictador y a los suyos a desistir y entregar los
resortes del poder, en especial el mando sobre la Fuerza Armada. No dudo de la
buena fe de los dirigentes de la Unión, sé que quieren lo mejor para Venezuela.
Pero si la oposición venezolana, las personas que se están jugando la vida, han
tomado el camino de la ley a la ley, nuestra obligación es acompañarlos y
ayudarlos en todo lo que esté en nuestra mano.
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