Carlos Tablante 27 de enero de 2019
@TablanteOficial
El 20
de mayo de 2018 en Venezuela no hubo elección presidencial, por lo tanto, la
auto-proclamación de Maduro el 10 de Enero fue ilegal y lo ratificó como
usurpador del Poder Ejecutivo.
El
objetivo claro de los usurpadores era legitimar la dictadura, pero no lo
lograron.
Al no
haberse producido elecciones legales, no hubo presidente electo, por lo que
Maduro carecía de legitimidad para proclamarse presidente, consumando así el
golpe de Estado continuado que ha venido dando a la democracia con el apoyo de
un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, nombrado por el oficialismo de la
antigua Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, horas antes de
entregar a la mayoría opositora que ganó las elecciones de diciembre de 2015 de
manera contundente.
La
auto-proclamación de Maduro ante ese TSJ “express”, fue rechazada por mas del
80% de los venezolanos, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional .
Una
Asamblea Nacional Constituyente ilegal convocada por Maduro violando los
artículos 347 y 348 de la CN, que obligaban a realizar un referendo popular
para su elección, fue la que convocó a unas elecciones presidenciales también
ilegales donde no participaron los principales partidos de la oposición porque,
entre otras cosas, están ilegalizados y sus líderes inhabilitados, encarcelados
o en el exilio, además de no contar con las mínimas garantías democráticas como
lo son un árbitro confiable y reconocido por las partes, un Registro Electoral
depurado y observadores internacionales independientes.
El pueblo
también expresó su rechazo a la nueva trampa con una de las mayores cifras de
abstención de nuestra historia.
Por
todo ello, la Asamblea Nacional – única institución legal, legítimamente electa
por mas de 14 millones de venezolanos – en base al artículo 233 del texto
constitucional, que establece la falta absoluta del Presidente, decretó el
vacío de poder: No hay Presidente electo porque no hubo elecciones
presidenciales, por lo tanto, es deber del Presidente de la Asamblea Nacional
encargarse de la Presidencia de la República.
Los
venezolanos se han convertido en defensores legales y legítimos de la
Constitución, en base a los artículos 333 – que señala la obligación de todo
ciudadano, revestido o no de autoridad, de restablecer la vigencia de la Constitución-,
al artículo 70 – que reconoce el poder originario del pueblo reunido en
cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos para tomar decisiones vinculantes –
y al artículo 350 – que obliga a los venezolanos a desconocer un gobierno que
viole los derechos humanos-. Así lo juraron millones de ciudadanos ante el
Presidente de la República Encargado Juan Guaidó y la directiva de la AN, en la
masiva demostración de fuerza y convicción democrática que tuvo lugar el 23 de
Enero.
El
parlamento venezolano, con esfuerzo y valentía, producto de una renovada y
fortalecida alternativa opositora, está cumpliendo con dignidad el rol que le
toca para recuperar la vigencia de la Constitución y la democracia, a pesar de
los ataques del régimen de Maduro, que ha obstaculizado sus funciones y
desconocido sus competencias, violando la inmunidad parlamentaria (Art.200),
llegando incluso a promover actos de violencia física contra parlamentarios y
parlamentarias, contando con la complicidad de algunos miembros de la GNB, responsable
de la seguridad del Palacio Federal.
La
meta es llegar a elecciones verdaderamente democráticas y libres, respetuosas
de las leyes y normas, alejadas de los abusos de poder y presiones indebidas
sobre funcionarios, militares y ciudadanos en general, sin presos políticos, ni
exiliados, perseguidos o inhabilitados, con un nuevo CNE verdaderamente
independiente, con un registro electoral depurado que incluya también a todos
los venezolanos que están en el exterior, con la presencia de la comunidad internacional
a través de observadores calificados e imparciales.
Para
alcanzar el objetivo es indispensable conservar y reforzar aun mas la Unidad
nacional y el apoyo internacional que permitan una transición en base a la
reconciliación de todos los venezolanos. Urgente es la ejecución del plan de
emergencia y ayuda humanitaria que ya ha sido formalmente solicitada por el
Presidente Guaidó a la comunidad internacional.
Igualmente
relevante es la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, que no significa
impunidad, acompañada de la ley que crea el Fondo para la protección y
recuperación de los recursos y bienes relacionados con la corrupción, producto
del gran saqueo del que ha sido víctima el pueblo, como lo hemos venido
denunciando.
Son
muy importantes las resoluciones de la ONU y la OEA, así como las medidas
cautelares que debe emitir la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
para proteger a las víctimas de la represión y crímenes cometidos por las
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB),
que actúan como escuadrones de la muerte ejecutando asesinatos selectivos en
las comunidades más pobres que se atreven a protestar. Al momento de escribir
esta nota ya son 27 las muertes y más de 800 los detenidos desde el 21 de enero
a la fecha, algunos de ellos torturados.
Las
masivas protestas en todo el país, en especial en los sectores mas populares
que anteriormente fueron la base social del chavismo, son una demostración del
contundente rechazo a la nefasta dictadura del hambre y la corrupción de
Maduro.
La
mayor responsabilidad la estamos asumiendo los venezolanos que, tanto en el
país como en el exterior, tenemos el propósito de lograr una salida pacífica y
lo menos traumática posible a la tragedia que estamos padeciendo.
Nuestra
agenda tiene tres objetivos prioritarios, marcados por el Presidente Encargado
Juan Guaidó: Lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y
elecciones libres, todo ello en el marco de la Constitución que juramos defender.
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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