Por Simón García
Enero recobró sentido
simbólico. El 23, las calles de Venezuela se hicieron Cabildo en respaldo a
Guaidó y a la ruta acordada por la AN: cese a la usurpación, gobierno
provisional y elecciones libres.
Comienzo del fin de una
autocracia e inicio de un ciclo democrático que debe ir más allá de la
restauración del populismo, cuyo agotamiento y carencias le abrió las puertas a
un modelo económico y un sistema institucional trasplantados del comunismo a lo
Fidel.
Los diez días que
estremecieron al país no son intento de reponer una guarimba ni por Guaidó ni
por una ciudadanía, cuya manera acelerada de salir del reflujo, revela que opta
claramente por la movilización pacífica. Ni Voluntad Popular, ni los partidos
que conforman el abanico de fuerzas democráticas, deben ser mirados por el
retrovisor. Encaran un complicado cambio de situación que reclama consensos,
unidad y facilitar el examen crítico de sus pasos. Cero mesianismo.
El centro principal de
decisión y conducción del proceso es la Asamblea Nacional. Las decisiones
importantes del Presidente (e) de la República, Juan Guaidó, deben ser
conocidas por la Directiva de la AN y avaladas por el poder legislativo, según
sea el caso.
El Presidente (e) en
cumplimiento del artículo 333 de la Constitución Nacional y de la ley de
Amnistía está facultado para adoptar medidas que logren un entendimiento con el
expresidente Maduro, reconociendo a sus funcionarios y a los integrantes de la
Fuerza Armada garantías de participación en una solución política transitoria y
a futuro, sus derechos constitucionales. El propósito de aniquilación del
adversario y la negación de alternativas a opositores y disidentes no debe
tener cabida en un nuevo modo de gobernar.
Si efectivamente queremos
una solución entre venezolanos, el expresidente Maduro debe reconsiderar su
intención de perpetuar su mando en forma ilegítima y de facto. El PSUV, sus
gobernadores y Alcaldes deben dar su aporte a una salida pacífica,
constitucional, democrática y electoral al conflicto entre la sociedad
venezolana y un grupo de privilegiados que no puede atrincherarse en un poder
sin pueblo y sin ley.
Crear un gobierno
provisional con participación de todos los actores políticos y llegar a un
entendimiento sobre nuevas elecciones libres y transparentes, alejan el
escenario bélico que Maduro parece estimular. Una invasión militar es
indeseable, pero nadie puede seguir imponiéndole a la Fuerza Armada el papel de
sostener un poder contra los fines de Estado.
El golpe en ejecución es del
hambre. El General en Jefe Padrino no puede pedirle a un pueblo desarmado que
renuncie a su derecho a la democracia. Un derecho qué él y nuestra Fuerza
Armada deben ser los primeros en asegurar, sin enfrentamientos, violencia ni
represión.
Promover una transición sin
rendición implica crear en todos los niveles Juntas de Transición con
participación de ciudadanos, a título personal y no de organizaciones
predeterminadas, abiertas a opositores y chavistas.
Transitar hacia prontas
elecciones, acordar la recomposición de las capacidades productivas, rescatar
la educación y la salud, acometer el plan para frenar la inflación y establecer
una democracia sin monopolio de las decisiones no es un proceso liso. Exige
nueva ciudanía, renovación de los partidos, élites innovadoras y una sociedad
más segura y más justa.
27-01-19
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