Por Oscar Bastidas-Delgado
Cansado estamos de
diagnosticar el país y de ratificar que vamos a peor, también de afirmar que
con militares no se puede ir ni a la esquina y que Maduro depende de ellos.
Cansados también de negar la supuesta guerra económica, es un harakiri o
autosuicidio como diría Carlos Andrés. Concentremos esfuerzos en el qué hacer.
Una situación preocupante es
la mortalidad de las empresas. Venezuela no solo es el país con el cementerio
de cooperativas más grande del mundo (unas 420.000 enterradas), también lo es
de empresas estatizadas fracasadas y de no estatizadas a punto de cerrar.
Se ha vuelto normal recibir
noticias como la de más de 400 empresas cerradas en Sabana Grande y su entorno
en los últimos cuatro meses, como normal es transitar por las calles o visitar
centros comerciales y observar las santamarías bajadas.
Efectivamente, el gobierno
del dúo Chávez – Maduro, es el que en los primeros cinco años percibió más
ingresos que todo el recibido por Venezuela desde Guaicaipuro hasta 1999, no
ha hecho sino improvisar al estilo de Eudomar Santos y colocar en cargos
económicos claves a personas que saben más de dominó que de finanzas para
administrar el BCV y otras que de broma administraron una cantina en un
cuartel; amén de generales vigilando mercados populares y distribuyendo cajas
claps plenas de harina e invisibles perniles, en lugar de evitar el contrabando
a Colombia o vigilar nuestros límites con Guyana. Corolario: ¡Militares a sus cuarteles!
Venezuela es un desierto
empresarial, la amplia mayoría de las empresas públicas y todas las estatizadas
están quebradas, comenzando por Pdvsa; se suman las quebradas intencionalmente
por el desgobierno; queda menos de la cuarta parte de las empresas que existían
antes del inicio del dúo. El mamotreto denominado ANC ha formulado una
ingeniería legal interventora de empresas para eliminar la propiedad privada
mediante varias leyes como la de los consejos productivos que convertirá a los
trabajadores oficialistas en simples espías de las empresas donde laboran; pareciera
que, ¡por fin!, el desgobierno se convenció de que no podía seguir estatizando
empresas para quebrarlas y prefiere monitorearlas mediante sapos antes de
hacerlo.
Ante el harakiri gubernamental
es inobjetable que las pocas empresas privadas y las cooperativas que aún
funcionan son necesarias para mantener la dinámica económica en el país. Ellas
tienen el reto de sobrevivir no solo por razones económicas sino éticas y
sociales como las que emanan de la sinergia de los valores del empresariado y
los stakeholders o interesados en ellas: Responsabilidad Social
Empresarial (RSE); esa responsabilidad es voluntaria, nace donde termina la
obligación legal, y necesita de libertad para existir pues los valores no se
imponen.
¿Qué pueden hacer los
empresarios y otros stakeholders en el marco de la RSE?: declararse
en emergencia y establecer como objetivos estratégicos la sobrevivencia de sus
empresas y salvar en lo posible todo puesto de trabajo y el capital invertido.
Para ello deben cerrar filas con empleados y otros interesados; tomar
previsiones precisas ante cada función administrativa: producto y mercado,
tecnología y producción, personal, finanzas, lo administrativo – contable, y
las no menos importantes: información y seguridad; establecer horarios
flexibles con base en el tiempo real que cada trabajador necesite para sus
labores; conservar en sus cargos a las personas claves en cuanto a relaciones
con proveedores y clientes.
Una acción clave contra la
hiperinflación sería establecer tiempo libre y equipos para compras conjuntas
que permitan economías de escalas para todos pues los empresarios también
tienen familias. Los grupos de compra son efectivos cuando se realizan para
grupos que integren varias familias, incluyendo trabajadores de empresas
cercanas o relacionadas: ahorros en precios al mayor, en autos y tiempo, tres o
cuatro personas “hacen el mandado colectivo”, realizan las compras en puntos de
venta al mayor y las distribuyen oportunamente. De reducirse la plantilla, en
caso de igualdad de condiciones entre el personal ante determinado cargo, dar
prioridad a las mujeres con mayor carga familiar y luego a los hombres con la
misma condición, para mayores impactos sociales. Las mujeres aplican mejor sus
salarios al hogar y a sus hijos.
Ante este panorama desolador
se debe prestar suma atención a los productores primarios, a los de las pocas
haciendas o granjas que aún quedan, a pesar de las cuotas de ganado y de
vegetales exigidas por ciertos gobernadores para sus propios intereses, a pesar
de las vacunas pagadas en dinero y especies a guardias nacionales y policías
que improvisan puestos de rebusque en cualquier sitio, y a pesar de no tener
los beneficios de la Agroisleña que fue estatizada y caen en las garras de la
empresa paralela montada por militares.
25-01-19
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