Ramón Escovar León 22 de diciembre de 2020
@rescovar
Concluye el año 2020 en una crisis de salud global
causada por el covid-19. Unos países han sido más afectados que otros, pero la
pandemia es en este momento la desgracia de la humanidad. Por eso la
revista Time calificó este año como “El peor año de la
historia” (The worst year ever). Y ahora aparece una nueva mutación del
coronavirus que agrava aún más la situación. En el caso venezolano, la pandemia
llega cuando vivimos le peor crisis institucional de la vida republicana. La
salud pública deteriorada y un sistema que dificulta atender con eficacia a
quienes han sido víctimas del coronavirus.
En este contexto, el 18 de diciembre, la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) declara su competencia para conocer las
reclamaciones de Guyana contra Venezuela. Esta sentencia se produce ante una
estrategia que algunos estimamos, en su momento, equivocada. En efecto, el
gobierno decidió, al amparo del Acuerdo de Ginebra, no participar porque no
reconoce la jurisdicción de la CIJ. Al no comparecer, se perdió la oportunidad
de presentar alegatos en nuestro favor, al tiempo que se envía una señal
equivocada al panel de jueces, quienes podrían pensar que eso se hace por falta
de argumentos. En un artículo que publiqué aquí en El Nacional (7.07.2020)
sugerí presentar alegatos en nuestra defensa, y que se dejara constancia de que
ello no significaba reconocer la jurisdicción del tribunal.
De ahora en adelante no queda otra opción que
participar en el proceso y discutir el mérito para defender los derechos e
intereses de nuestro país. De esa manera podremos contrademandar y pedir la
nulidad absoluta, del Laudo Arbitral de 1899, tal como lo ha propuesto el
profesor Victorino Tejera (“Venezuela debe acudir ante la CIJ para ejercer su
defensa en la demanda intentada por Guyana respecto al laudo arbitral de París
de 1899”. En: Libro homenaje al profesor Eugenio Hernández Bretón,
Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2019, p. 1089 y ss).
En verdad, el laudo de 1899 es inexistente -como
siempre lo ha sostenido acertadamente Venezuela, en lo que ha sido una posición
de Estado- porque fue producto de una emboscada, de un fraude que impidió la
mejor defensa de nuestro país. En este aspecto vale la pena leer el reciente
libro del profesor Héctor Faúndez, (La competencia contenciosa de la Corte
Internacional de Justicia y el caso Guyana vs Venezuela, Academia de
Ciencias Políticas y Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2020) donde afirma
que el laudo fue “un fallo inédito, producto del capricho, la arbitrariedad y
las transacciones a espaldas de uno de los Estados en litigio” (p. 328).
Los títulos históricos y jurídicos de Venezuela son
claros y sólidos, como ha quedado evidenciado por los estudios seminales
realizados por el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza, quien, en su
libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela (Fundación
Diego Cisneros, Enzo Papi Editor, Caracas, 1987) presenta un estudio sobre los
mapas de Venezuela Ahí reporta que Inglaterra en una Memoria Oficial, al
momento de reconocer la independencia de Venezuela, proclamó lo siguiente:
“Este bello y rico país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo
o confines de la Provincia de Guyana” (p. 70). ¡A confesión de parte, relevo de
pruebas!
Además, contamos con los aportes del profesor Manuel
Donis Ríos, quien en su reciente obra titulada Venezuela y sus espacios
marítimos en el Atlántico ayer y hoy (Caracas, Abediciones, 2020)
aclara con precisión la solidez de los títulos de nuestro país. (La Universidad
Católica Andrés Bello permite que este libro se descargue en forma gratuita). A
esto se suma El libro blanco: la reclamación venezolana del territorio
Esequibo, editado por el diputado William Dávila, que recoge una ristra de
trabajos sobre este importante asunto.
Así las cosas, Venezuela cuenta con documentos,
argumentos y con un equipo de venezolanos que conoce bien la materia para
preparar y llevar a cabo la defensa de nuestra soberanía. El principal
obstáculo que tenemos que vencer es la división política que vivimos. El
gobierno ha manejado este asunto sin la participación de todos los sectores. En
esta disputa no hay espacio para la discriminación por razones ideológicas o de
política interna. Lo que está en juego es parte de nuestro territorio, de
nuestras riquezas y la salida de Venezuela al Atlántico.
El mayor logro de nuestro país en el conflicto con
Guyana fue el Acuerdo de Ginebra, debido a la actuación de Marcos Falcón
Briceño, quien, como canciller de Rómulo Betancourt, denunció el 12 de
noviembre de 1962 el Laudo Arbitral de 1899. No podemos olvidar que con el
Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido y Guyana reconocieron que tenían una disputa
territorial con Venezuela. Esta confesión es fundamental siempre tenerla en
cuenta.
Todo continuó por buen camino y en el gobierno de Raúl
Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribe el 17 de febrero de 1966
el Acuerdo de Ginebra, que ha sido el mayor éxito venezolano en la
controversia. Pero ahora, con la decisión de la Corte Internacional de Justicia
del pasado 18 de diciembre, se pasa a la judicialización del caso. Esto nos
obliga a comparecer en el proceso para defender lo que nos pertenece. En este
sentido, luce recomendable la convocatoria de una comisión de expertos
venezolanos que participe en la confección de la estrategia que nos pueda
conducir a un triunfo en el juicio.
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