Venezuela aplica poderosa ley de "odio" para silenciar a enemigos remanentes, por @AABerwick y @skinosian

Angus Berwick, Sarah Kinosian 21 de diciembre de 2020

@AABerwick y @skinosian

Francisco Belisario, alcalde venezolano, general retirado y miembro del gobernante Partido Socialista, se hartó. Su mayor crítico local lo había acusado de estropear la respuesta al brote de coronavirus y de otros grandes problemas.

En agosto escribió a un fiscal del estado y solicitó una “investigación exhaustiva” de su némesis Giovanni Urbaneja, un exlegislador y desertor del partido que se había convertido en una piedra en el zapato para el alcalde y otros funcionarios socialistas.

Urbaneja, escribió Belisario en una carta revisada por Reuters, estaba llevando a cabo una “feroz campaña de descrédito”, en Facebook y en otros medios. Urbaneja no solo lo difamó a él y al presidente Nicolás Maduro, escribió el alcalde. Violó la Ley contra el Odio de Venezuela.

La ley, aprobada en 2017 pero rara vez utilizada antes de este año, tipifica como delito las acciones que “incitan al odio” contra una persona o grupo. Había que acusar a Urbaneja de delitos de odio, imploró el alcalde al fiscal.

Días después varias decenas de agentes enmascarados allanaron su casa y lo llevaron a punta de pistola para “conversar”, según el informe policial de la detención y la esposa de Urbaneja. Urbaneja permanece preso a la espera de la formulación de cargos y el juicio.

El alcalde, en un mensaje de texto enviado a Reuters, confirmó su carta en la que solicitaba cargos por violación a la ley de odio contra Urbaneja.

Defendió su acción asegurando que la crítica de sus adversarios era injusta porque la respuesta local al coronavirus es administrada por el sistema nacional de salud, no por la oficina del alcalde.

Fue una maniobra cada vez más común: en un recuento de más de 40 arrestos recientes por la ley de odio, Reuters encontró que en cada caso las autoridades intervinieron contra venezolanos que han criticado a Maduro, otros funcionarios del gobierno o sus aliados.

A pesar de su mayor uso por parte de los fiscales, la ley de odio es considerada inconstitucional e ilegítima por muchos juristas venezolanos entrevistados. La ley no sólo viola el derecho a la libertad de expresión, argumentan, sino que fue promulgada ilegalmente, redactada y aprobada por una legislatura paralela que Maduro creó en ese momento para eludir la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La semana pasada, la ley jugó un papel importante en una elección nacional, dicen los opositores de Maduro, al intimidar a los críticos que se habían pronunciado sobre el gobierno en el período previo a la votación.

La elección, ampliamente considerada una farsa por la oposición, los grupos de derechos humanos y la mayoría de las democracias occidentales, finalmente entregó el control de la asamblea, la última parte del Estado que no estaba alineado con Maduro, a los aliados del presidente.

Maduro ha ejercido la fuerza del Estado en crecientes formas para reforzar su control sobre el poder en el empobrecido país sudamericano, ahora en su octavo año de crisis económica.

Para reprimir a disidentes en empobrecidas barriadas, su gobierno despliega policías especiales, algunos de los cuales son criminales convictos, para realizar letales redadas e intimidar a los ciudadanos.

Para apaciguar a las debilitadas fuerzas de seguridad, la policía y las tropas con frecuencia son autorizadas a saquear, extorsionar y cometer delitos violentos. El propio Maduro ha sido acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y otros presuntos delitos.

Ahora, con poca oposición efectiva para desafiar la legislación de odio y la mayoría de los tribunales controlados por jueces también leales a Maduro, la ley podría ser una herramienta aún más formidable contra la disidencia.

“Una norma en manos de un poder judicial que no tiene independencia, se presta para todo tipo de arbitrariedades y persecución”, dijo Alberto Arteaga, especialista en derecho penal de la Universidad Central de Venezuela. “La justicia penal venezolana ha sido utilizada como un instrumento contra la disidencia política”.

Tarek Saab, el fiscal jefe, es uno de los arquitectos de la ley del odio. En una breve entrevista telefónica, Saab rechazó las afirmaciones de que la norma se está utilizando con fines partidistas. Dijo a Reuters que la legislación es un instrumento importante para calmar los disturbios.

“Quedan totalmente desarmadas las voces de la violencia, del terrorismo, y del crimen”, dijo.

Saab se negó a discutir detalles de casos individuales revisados por Reuters.

El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones con Maduro y otros altos funcionarios, no respondió a las solicitudes telefónicas y por correo electrónico para obtener más comentarios. Los portavoces del Ministerio de Justicia tampoco respondieron a las consultas de Reuters.

Este relato del arresto de Urbaneja, y otros revisados por Reuters, se basan en registros judiciales no divulgados anteriormente y entrevistas con detenidos, sus familias y sus abogados.

Sus casos muestran cómo la ley general, pero poco entendida, se está utilizando con cada vez más éxito para encarcelar o intimidar a quienes todavía se atreven a hablar en contra del gobierno de Venezuela.

Un detenido era un profesor universitario que acudió a Facebook para culpar al gobierno de Maduro del colapso de la industria petrolera. Después de su arresto, los agentes hicieron circular una foto policial del académico que lo mostraba con su supuesta arma: un teléfono inteligente.

Los arrestos comparten similitudes. La mayoría de los objetivos han sido autores de publicaciones en redes sociales, salas de chat y servicios de mensajes de texto, muchos de ellos criticando la respuesta del gobierno al coronavirus.

En la mayoría de los 43 casos examinados por Reuters, la policía o los agentes de inteligencia detuvieron a los sospechosos bajo premisas falsas, alegando que querían discutir temas no relacionados.

Y los abogados, cónyuges y familiares de los detenidos generalmente dijeron que pasaron días o semanas sin poder comunicarse con los capturados, con poca o ninguna documentación de la policía o los fiscales.

“Estuve angustiada”, dijo Lesnee Martínez, esposa de Urbaneja, quien esperó dos meses antes de que le permitieran visitarlo en la cárcel.

La represión es de baja tecnología. Los objetivos no se identifican mediante software de seguimiento u otra tecnología, sino mediante partidarios leales y técnicos gubernamentales que señalan publicaciones desagradables en las redes sociales o mensajes de texto a los fiscales.

Aún así, está sofocando la discusión en línea y en las plataformas de mensajería que hasta hace poco eran lugares seguros para los críticos de Maduro.

Además de las leyes que son ampliamente utilizadas para alegar “conspiración” y “desorden” por parte de los opositores al gobierno, la legislación sobre el odio está demostrando ser un arma eficaz contra los críticos, sobre todo debido a las duras penas para los condenados.

La ley prevé penas de prisión de hasta 20 años, más de los 18 años de pena por asesinato. Pero la mayoría de los casos nunca llegan a juicio, encontró Reuters. En cambio, los acusados pasan períodos indefinidos, a menudo meses, en prisión preventiva. Reciben poca información sobre su caso de parte de los fiscales y luchan por construir una defensa porque los abogados tampoco están informados.

Las liberaciones parecen arbitrarias. En una medida que el gobierno dijo que tenía la intención de “promover el debate democrático”, Maduro indultó en agosto a más de 100 personas, muchas de ellas acusadas de conspiración, odio y otros delitos. Pero el gobierno en ese momento dejó en claro que los liberados podrían volver a la cárcel si se consideraba que nuevamente estaban cometiendo un delito.

Al menos cinco de los liberados habían sido arrestados bajo la ley de odio, según determinó Reuters. Tres de esos liberados dijeron a Reuters que los funcionarios pidieron silencio a cambio de su libertad.

Otros sospechosos reportaron un tratamiento similar. Luis Araya, un médico en el estado central de Lara, dijo que la policía lo detuvo en abril pasado luego de que cambiara su foto de perfil en WhatsApp, la plataforma de mensajería, para incluir una cinta negra y un comentario, en broma, diciendo que estaba “ensayando” para la muerte de Maduro. Un juez lo liberó al día siguiente, pero le advirtió que no publicara “mensajes contra Maduro”. Su documento de liberación, revisado por Reuters, le ordena presentarse mensualmente ante las autoridades hasta que su caso vaya a juicio.

Los funcionarios de la corte no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso de Araya.

La naturaleza arbitraria de los arrestos y liberaciones, dicen los críticos, hace que la ley sea especialmente útil para silenciar a los opositores. “Ha generado autocensura”, dijo Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad, un grupo de prensa y defensa de la libertad de expresión en Caracas, la capital de Venezuela. “Está clara la intencionalidad: No se metan con los funcionarios públicos”.

“PONGAMOS ORDEN EN ESTO”

La ley tiene su origen en las mortales protestas que sacudieron a Venezuela en 2017.

Mientras Maduro buscaba cimentar su control en medio de una crisis económica que empeoraba, el Tribunal Supremo, repleto de jueces nombrados desde la presidencia, dictaminó en marzo que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, estaba “en desacato” a las autoridades. El tribunal dijo que asumiría el papel de legislatura.

Las protestas estallaron en todo el país. Las manifestaciones continuaron hasta agosto, cuando Maduro creó un nuevo organismo, la Asamblea Constituyente, para suplantar al parlamento opositor. Al menos 125 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Ese octubre, Maduro apareció en la televisión estatal con un grupo de miembros del gabinete. Les pidió que encontraran formas de frenar las críticas en las redes sociales. Esos comentarios, dijo, acrecentaban el malestar. “Pongamos orden en esto”, ordenó Maduro.

Los ministros y otros altos funcionarios se reunieron para atender su demanda.

Entre ellos estaba Saab, el fiscal general.

Saab había asumido el cargo semanas antes cuando su antecesora, Luisa Ortega, rompió con Maduro por la creación de la nueva asamblea. Saab, exdefensor público que ahora tiene 57 años, es ampliamente descrito por los oponentes como uno de los principales secuaces de Maduro.

Fue uno de los 13 funcionarios de Maduro sancionados por Estados Unidos ese año por “socavar la democracia” y librar una “violencia desenfrenada” contra los manifestantes. Saab ha llamado a la sanción como “una medalla en el pecho”.

“La paz de la república está garantizada”, dijo Saab en un discurso al asumir el cargo de fiscal.

De inmediato, Saab llevó a cabo una purga entre los fiscales del país y despojó de la autoridad a quienes se quedaron. Despidió a 300 funcionarios considerados desleales y cerró unidades centradas en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, dijeron a Reuters siete exfiscales.

“Todo fue centralizado”, dijo un ex fiscal. “Todas las instrucciones vienen de sus manos”.

En noviembre, Maduro presentó personalmente un borrador de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” a la nueva legislatura. Tras un debate de menos de dos horas, la Asamblea Constituyente lo aprobó por unanimidad a mano alzada. Los legisladores aplaudieron y ondearon banderas, gritando “¡Viva la Patria!”

En una conferencia de prensa al día siguiente, Saab pidió a los venezolanos que denunciaran a los violadores. “Recuerda que ya hay una ley en Venezuela muy clara que nos permite judicializar el caso”, dijo.

La ley es vaga, objetan los críticos, prohibiendo una conducta como “promover el odio nacional”, sin definirlo. Sus seis páginas y 25 artículos de texto, son en su mayoría un tratado sobre la paz, la tolerancia, la democracia y otros valores que pretende proteger. La legislación no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio.

Como resultado, los fiscales y jueces pro Maduro tienen un amplio margen para alegar odio como mejor les parezca. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, dijo a Reuters Ortega, la exfiscal general. Ortega se fue de Venezuela después de renunciar y ahora vive en Colombia.

En sus dos primeros años en el cargo, la oficina de Saab presentó pocos cargos utilizando la ley. Espacio Público, un grupo de activistas locales que rastrea la implementación de la ley, informó solo cuatro arrestos por incitar al odio en 2019.

Con la implementación de la ley, no obstante, el gobierno comenzó a pedir a los equipos del Ministerio de Información y del regulador estatal de telecomunicaciones que escanearan Twitter y Facebook en busca de comentarios críticos, según seis personas familiarizadas con esos esfuerzos.

Este año, el ya decrépito sistema de salud pública del país se vio sometido a una mayor presión. Durante años, los médicos y administradores de hospitales han enfurecido al gobierno al criticar la falta de infraestructura y suministros básicos, desde guantes de látex hasta agua corriente y desinfectante. La indignación por la preparación para el coronavirus provocó críticas más intensas.

Incluso antes de que se supiera que el virus estaba infectando a América del Sur, los médicos advirtieron que la capacidad de prueba de Venezuela es escasa y que sus datos de salud son poco fiables.

Sus advertencias, dicen los epidemiólogos, estaban justificadas: desde entonces, Venezuela ha informado lo que parecen ser cifras de infección poco realistas. El país, con aproximadamente 30 millones de habitantes, ha confirmado 103.000 casos de COVID y 905 muertes, una fracción de la tasa registrada en la vecina Colombia y en toda América Latina.

Maduro rechazó las críticas. Después de que en marzo los legisladores de la oposición dijeron que el gobierno estaba mal preparado para la pandemia, el presidente dijo en un discurso que estaban buscando “torturar la mente de los venezolanos”. Los acusó de “manipular” la pandemia con fines políticos.

En cuestión de días, los fiscales intensificaron el uso de la ley.

El 21 de marzo, agentes de la Policía Nacional llegaron a la casa de Darvinson Rojas, un periodista independiente. El día antes, Rojas había rebatido en Twitter las estadísticas de coronavirus del gobierno, citando casos adicionales de COVID que habían sido reportados por las autoridades locales, pero que no se incluyeron en el conteo nacional.

Los oficiales, dijo Rojas, le dijeron que había un caso de COVID-19 en su edificio y que necesitaba acompañarlos para una prueba en una base cercana.

En cambio, los agentes lo encarcelaron y lo interrogaron sobre sus tweets. En una audiencia judicial dos días después, un fiscal acusó a Rojas de incitar al odio y difundir “información falsa”, dijeron él y su abogado, Saúl Blanco. Blanco dijo a Reuters que el tribunal no le permitió leer el expediente del caso y que no se le permitió visitar a Rojas en la cárcel.

Después de 12 días en una celda, un tribunal liberó a Rojas, a la espera de una mayor investigación. El tribunal le prohibió salir del país y le dijo que mantuviera sus informes con las estadísticas del gobierno. Los funcionarios de la corte no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Está demasiado asustado para tocar temas de COVID ahora, dijo Rojas a Reuters.

“No me he metido en ese tema”, dijo.

“EL ODIO ENTRE LOS VENEZOLANOS”

Giovanni Urbaneja había irritado durante mucho tiempo a Belisario, el alcalde de San José de Guanipa, una pequeña ciudad en el estado oriental de Anzoátegui. Una vez un socialista acérrimo, Urbaneja se había desempeñado como legislador estatal cuando Venezuela estaba gobernada por el fallecido Hugo Chávez, mentor y predecesor de Maduro.

Después que Chávez murió y la economía de Venezuela implosionó, Urbaneja se desilusionó. Con su esposa, una abogada, creó una fundación para brindar asistencia legal a las víctimas de abusos de derechos humanos. Usó la plataforma para hablar en contra de Maduro y otros funcionarios del partido gobernante.

En una carta a Reuters desde la cárcel, Urbaneja, de 54 años, dijo que la mala gestión y la malversación de fondos habían destruido la economía local.

La alguna vez en auge ciudad petrolera, ahora es el sitio de plataformas de perforación abandonadas, tiendas cerradas y casas oscurecidas por apagones que a veces duran días. Urbaneja no citó pruebas de sus acusaciones en la carta a Reuters o en las declaraciones públicas que desencadenaron la demanda del alcalde de cargos por leyes de odio.

Belisario, de 70 años, anteriormente comandaba la Guardia Nacional de Venezuela. Fue elegido alcalde a fines de 2017. Al principio, Urbaneja dijo que apoyaba al nuevo alcalde, creyendo que su experiencia militar lo ayudaría a acabar con la corrupción local. Pero pronto, Urbaneja encontró fallas.

En una publicación de Facebook en diciembre de 2018, Urbaneja llamó a Belisario “traidor”, alegando que el alcalde estaba permitiendo que la policía local robara y extorsionara a los ciudadanos. El alcalde, en un comunicado oficial semanas después, negó las acusaciones. Acusó a Urbaneja de pertenecer a una “conspiración internacional” para derrocar a Maduro.

El año pasado, Urbaneja fue invitado por una estación de radio local privada para hablar sobre el sistema de salud pública. En el aire dijo que Belisario había fallado al abordar un reciente brote de malaria. Minutos después, un concejal local y aliado de Belisario irrumpió en el estudio y golpeó repetidamente a Urbaneja, gritando que estaba cansado de las críticas.

Urbaneja, que perdió el conocimiento en el asalto, lo denunció en la oficina de Jairo Gil, el fiscal estatal. Gil, quien es el fiscal que ahora lleva el caso de la ley de odio contra Urbaneja, no respondió a las preguntas de Reuters sobre el ataque o la investigación actual sobre sus comentarios sobre el alcalde.

José Nassar, el locutor de radio, confirmó los detalles del ataque a un periódico local. El presunto agresor, Rubén Herrera, nunca fue imputado. Ni Nassar ni Herrera respondieron a las solicitudes para discutir el incidente.

El alcalde, en otra emisora de radio poco después, negó cualquier implicación. “Si el cadáver de este señor amanece por aquí mañana”, dijo, “nada tendría que ver con el alcalde de Guanipa”. En su mensaje de texto a Reuters, Belisario dijo que nunca ordenó ningún ataque físico contra Urbaneja.

Las tensiones aumentaron nuevamente con el coronavirus.

En una serie de publicaciones en Facebook, Urbaneja acusó a Belisario y a otros funcionarios del gobierno de malversación de fondos de salud pública. “COVID-19 es su gran negocio”, escribió el 9 de agosto.

Los comentarios provocaron la solicitud de Belisario de una investigación por la ley del odio.

En su carta a Gil, el fiscal del estado, el alcalde dijo que los comentarios de Urbaneja eran particularmente preocupantes en un momento en que el gobierno de Maduro está sujeto a una intensa oposición internacional y nacional. “La paz de la República está seriamente amenazada”, escribió, por quienes promueven “la violencia, el caos y la anarquía” y “el odio entre los venezolanos”.

Documentos judiciales no revelados previamente y revisados por Reuters muestran que Gil ordenó rápidamente a la policía que revisara las cuentas de redes sociales de Urbaneja. Luego, los investigadores le enviaron un informe con instantáneas de las publicaciones de Urbaneja. Las publicaciones, escribieron, fueron “en contra de los líderes nacionales”.

El 20 de agosto, según muestran los documentos, Gil firmó la orden de arresto de Urbaneja. Esa noche, la policía municipal, con armas en la mano, allanó la casa de Urbaneja. Martínez, su esposa, sostuvo a su hija de un año mientras los oficiales se lo llevaban, dijo a Reuters.

Desde entonces, Urbaneja ha estado detenido en una celda de una base policial a pocas cuadras de la oficina del alcalde Belisario. No ha sido acusado y hasta el momento solo ha tenido una audiencia judicial, en la que un juez autorizó a los fiscales a seguir investigando.

La detención, dicen los expertos legales, viola una ley que estipula que los sospechosos sólo pueden ser detenidos durante 45 días sin ser acusados formalmente de un delito.

En una carta escrita a mano a su abogado, Adrián Moreno, Urbaneja dijo que los guardias lo mantenían “totalmente aislado”. Para evitar que se convierta en una mala influencia, agregó, los guardias le impiden incluso hablar con otros presos.

Culpa de su arresto al “desespero de algunos funcionarios acorralados por la corrupción”, dijo a Reuters en una carta separada. “Están buscando silenciar mi voz “, escribió.

Tomado de: https://lta.reuters.com/article/venezuela-ley-idLTAKBN28O1G4