Por Fernando Pereira
Los primeros días de
febrero de este año guardarán en su memoria el martirio de dos bebés en el
estado Táchira. El primero de 11 meses sufrió un paro respiratorio en el
Hospital Central de San Cristóbal el 3 de febrero. Su cuerpo dio testimonio de
las violencias de las que fue objeto, incluyendo actos lascivos. Su hermano de
3 años sobrevivió y está bajo la protección de una entidad.
Dos días después, una
bebé de dos meses fallece con un cuadro de desnutrición severa. Se evidencia
que la madre adolescente (17) a su vez fue víctima de abuso sexual incestuosa
por parte de su padre, quien resulta ser el progenitor de la bebé fallecida.
Son dos casos, dos
historias de la violencia silenciada; pero no los únicos. Lamentablemente se
repiten a lo largo y ancho del país las historias de niñas y niños que padecen
crueles maltratos. La pandemia se ensaña con ellos haciendo más propicio
el aislamiento, dificultando la búsqueda de apoyo y la respuesta institucional.
El 1º de diciembre de
2011, Dayan González (5 años) perdió la vida por los maltratos y torturas de
las personas que tendrían que haberle garantizado la vida y su protección.
Después de su muerte, muchos expresaron que sabían que el niño era víctima de
la violencia y abusos por los morados y cicatrices que mostraban su cuerpo. El
silencio cómplice se encontró entre los principales culpables en el homicidio
del “niño de Guanare”, como quedó grabado en el imaginario colectivo.
A tres años del
martirio de Dayan, desde Cecodap advertíamos sobre la resistencia a
denunciar, la deficiencia en la preparación del personal del sistema de
protección del niño, niña y adolescente y de otros órganos públicos y
policiales, la carencia de respuesta oportuna y efectiva y la impunidad en los
casos denunciados.
Hoy, a casi 10 años de la muerte violenta de Dayan, debemos
decir que la emergencia humanitaria compleja y la pandemia se han potenciado
para aumentar el grado de desprotección de la niñez.
No podemos ver los
casos que se van sucediendo como hechos aislados, fruto de la fatalidad ante
los que nada se puede hacer. Más que nunca debemos insistir en que:
·
Fortalecer los mecanismos de
denuncia, garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes y de
las víctimas, contar con un formato único de denuncias y un protocolo de
actuación.
·
Promover las denuncias
de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a fin de romper
con la cultura del silencio, complicidad, omisión e impunidad.
·
Contar con un sistema de
nacional de información público, actualizado sobre la situación de los
niños víctimas de diferentes formas de violencia.
·
Implementar planes de
formación permanentes y pertinentes de los funcionarios para la actuación
en casos de violencia (defensores, consejeros, fiscales, médicos, policías).
·
Articular los diferentes entes
que forman el Sistema Nacional de Protección para que funcione de forma
orgánica y garantice todos los derechos de todos los niños sin discriminación
de ningún tipo.
·
Implementar políticas públicas
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en la
prevención e intervención en casos de maltratos y abusos con programas y
servicios suficientes y eficientes.
·
Incluir en la formación
universitaria la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y
adolescentes.
·
Sensibilizar y formar a
la sociedad para la prevención del castigo físico, humillante, maltrato y
abuso en los distintos ámbitos (familia, comunidad, escuela).
·
Fortalecer los servicios,
incluidos los servicios forenses, en relación con la protección de los derechos
de los niños víctimas de abuso y explotación sexual, proporcionando personal
especializado entrenado con regularidad, protocolos, infraestructura y equipos
técnicos cuando sea necesario;
Iniciamos este 2021 y
la historia de Dayan se sigue repitiendo. No hemos aprendido la lección.
11-02-21
https://efectococuyo.com/opinion/del-nino-de-guanare-a-las-ninas-del-tachira/
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