Por Mercedes Malavé González
Reseñaba el
diario El Tiempo de Bogotá que el Fondo de Inversiones de Venezuela
(FIV), a cargo de llevar adelante el proceso de privatizaciones durante el
segundo mandato de Rafael Caldera, completó la privatización de la Cantv
iniciada en 1991, cuando el 40% de sus acciones pasaron a manos del consorcio
internacional VenWorld, quedando los trabajadores con el 11% y el Estado
conservó el 49% restantes.
La compañía telefónica
de Venezuela había sido uno de los primeros ensayos de privatizaciones de
empresas estatales del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; no obstante,
tardó cinco años en completarse hasta que las acciones del Estado fueron
transferidas al consorcio ganador, conformado por las empresas GTE (51%),
Electricidad de Caracas (16%), Telefónica de España (16%), Banco Mercantil
(12%) y AT&T (5%), con una oferta de 4.712 millones de dólares por el 40
por ciento de las acciones, “con lo cual Venezuela obtuvo una ganancia del 120
por ciento con respecto al precio base establecido en el momento de la
licitación de la empresa, que era de 851 millones de dólares” (El Tiempo,
12.05.1996).
Aunque no le faltaron
denuncias y oposiciones desleales y descabelladas al gobierno de CAP,
reclamando incluso la nulidad del proceso, lo cierto es que cumplió con el requisito
de licitación ajustado a derecho, en la que participaron dos importantes grupos
de empresas.
Afortunadamente, la
oposición mayoritaria encabezada por Eduardo Fernández, líder de la democracia
cristiana venezolana, apoyó esta medida como la forma más responsable de hacer
frente a la crisis socioeconómica y al colapso financiero que veníamos
arrastrando: transferir bienes y servicios a la empresa privada era la única
forma de atender más y mejor las demandas de la población.
En el año 2007, Chávez
anunció retomar el control de lo que consideraba sectores “estratégicos para
cualquier país”:
“Todo aquello que fue
privatizado nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios
estratégicos de producción”.
Asfixiado
económicamente, el gobierno adelanta una serie de reformas de aparente
liberalización y apertura económica, reiniciando un nuevo ciclo de
privatizaciones en el país, que incluye los denominados “sectores
estratégicos”, lo cual hace pensar que la decisión obedece más a la desesperación
financiera del gobierno que al cambio de modelo económico; postura que
despierta todas las alarmas y desconfianzas.
Además, tratándose de
sectores estratégicos, el chavismo intenta llevar a cabo estas privatizaciones
de manera oscura, arbitraria y bajo cláusulas de confidencialidad para,
supuestamente, evitar el bloqueo (situación que preocupa, incluso, a la
relatora ONU sobre el impacto de las sanciones), con gobiernos aliados y
enemigos de la democracia, poco o nada interesados en la reinstitucionalización
del país, como Rusia, China, Bielorrusia, Irán, México, Turquía.
En lugar de
licitaciones abiertas, se abre un proceso de privatizaciones cerrado: un
capitalismo clientelar o capitalismo de amigos.
Por eso nos oponemos a
la forma de llevar a cabo estas privatizaciones: al margen de la justicia y de
la eficiencia; con socios, testaferros y benefactores particulares provenientes
de grupos afectos a intereses de poder; con funcionarios del gobierno,
componentes militares y policiales, responsables de la represión, de la
persecución y de todo el aparato de dominación del estado, muy al estilo ruso.
Paradójicamente, se
trata de una apertura censurada, sectaria, de intereses parciales, donde ni
siquiera organismos gremiales como Fedecámaras tienen participación
protagónica; basada en principios clientelares y mafiosos cuyo único fin es
crear un músculo económico afín a la hegemonía en el poder, en lugar de
impulsar un sector privado fuerte y autónomo, lo que fortalecería a la sociedad
en su conjunto, situación absolutamente contraria a sus propósitos de
dominación y sometimiento de la población.
Todo ello explica cómo,
al tiempo que buscan cerrar sus negocios de privatización, incrementa el
sistema de dominación y abolición del régimen democrático y constitucional con
propuestas como las del parlamento comunal.
Los ciudadanos debemos
exigir que las reformas económicas se hagan ajustadas a derecho, en el marco de
la Constitución, y que sean conocidas por la población. Que se lleven adelante
con seriedad, criterios de transparencia y garantías de respeto a la iniciativa
privada.
La Ley Antibloqueo es
inconstitucional desde su mismo origen, se desconocen los mecanismos de
implementación y nada garantiza que, una vez levantadas las sanciones
económicas, perduren sus efectos.
Todo parece indicar que
el gobierno actúa desesperadamente en contra de su misma naturaleza:
1.
Acabaron con el aparato
productivo
2.
Destruyeron la industria
petrolera y las empresas básicas
3.
Detuvieron y revirtieron el
proceso de privatizaciones; expropiaron y estatizaron la mayoría de las
empresas e industrias del país
4.
Fomentan el proceso de
aislamiento de Venezuela de los principales aliados económicos de América
Latina, como son los países europeos y de América del Norte, simplemente porque
son las naciones que más han presionado por garantías democráticas e
institucionales que el gobierno no está dispuesto a conceder.
5.
Permanecen negados al
financiamiento de organismos multilaterales como el FMI, el BID y la CAF pues
rechazan reformas democratizadoras que permitirían a esos organismos evaluar el
uso y la administración de esos recursos.
Solo un plan de
reformas económicas ajustadas a la Constitución nacional e implementada en un
clima de cooperación y equilibrio institucional, mediante un proceso de reinstitucionalización
democrática, puede llevarse a cabo con éxito y sostenibilidad un plan de
reformas socioeconómicas del Estado venezolano. De lo contrario, esas
inversiones, además de ser tímidas y escasas debido al clima de desconfianza,
solo servirán para incrementar el escandaloso abismo que, en pleno socialismo
obrero, media entre las grandes mayorías depauperadas —sin comida ni salario,
sin servicios básicos ni educación— y una minoría sumamente opulenta.
Mercedes Malavé es Político.
Doctora en Comunicación Institucional (UCAB/PUSC) y profesora en la UMA.
22-02-21
https://talcualdigital.com/reforma-liquida-y-toxica-por-mercedes-malave-gonzalez/
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