Miguel Méndez Rodulfo 27 de abril de 2021
La
política pública instrumentada por las autoridades brasileñas en las favelas de
Río de Janeiro, mediante el despliegue de Unidades de Policía Pacificadoras
(UPP), terminó en un fracaso anunciado, no solamente por falta de presupuesto y
abandono progresivo del programa por parte del gobierno, sino por los excesos
que este cuerpo policial cometió en las favelas, lo cual minó la confianza
depositada en la policía. Aunque es justo reconocer que entre 2009 y 2014, hubo
una disminución importante en el número de homicidios. La lección aprendida es
que para lograr una presencia efectiva del Estado en los barrios, hace falta
hacerlo desde una perspectiva holística o integral. Si uno analiza, la iglesia,
ésta hace presencia en las zonas populares, pero el Estado sólo se hace
representar por el maestro, quién lucha íngrimo y sólo para afrontar su rol de
educador con el de correaje con el sistema público. Hace falta que una gran
cantidad de ministerios e institutos públicos, junto con ONG especializadas,
elementos de la sociedad civil e inclusive la empresa privada, se dispongan
mediante una estrategia definida a colonizar los barrios.
En Río
de Janeiro las actividades criminales resurgieron con fuerza en los años
posteriores a los juegos olímpicos y al mundial de futbol. El Instituto de
Seguridad Pública de la ciudad, reveló que en el primer semestre de 2016 la
tasa de homicidios se elevó casi al 43%, en tanto que en 2018 se incautaron
cerca de 8.500 armas de fuego, de éstas, más de 500 fueron fusiles de asalto.
Cuando se le preguntaba a los pobladores de las favelas acerca de la
experiencia con las Unidades Policiales de Pacificación las respuestas
apuntaban a que no había pasado mayor cosa, debido a lo intrincado del
territorio de las favelas; los vericuetos angostos y porosos de esos barrios
los convertían en casi un imposible para una fuerza de ocupación. “El control
territorial de las favelas resulta demasiado costoso para el Estado por lo que
se ha configurado un equilibrio de poder entre las pandillas, las milicias
(comúnmente compuestas por ex policías o exmilitares que se dedican
principalmente a prestar servicios de extorsión) y las fuerzas de seguridad del
Estado, cuya reputación en las favelas es la de actuar como cualquier otro
grupo del crimen organizado”.
Así en
los barrios pobres de Río, los policías son tenidos como criminales y los
traficantes y/o criminales prestan servicio policial. Según los pobladores de
estos barrios, “La favela es segura, porque es controlada por traficantes y le
pagamos a la policía; cuando no le pagamos hay problemas”. Por ello, pandillas,
milicias y fuerzas de seguridad, se reparten el dominio de estos espacios
urbanos, mediante el cobro de “vacunas” (impuestos informales) de protección,
mecanismos indirectos de seguridad ciudadana amparados en la violencia
extorsiva y el soborno. Por ejemplo, en un cambio de año las milicias de
antiguos policías y escuadrones de la muerte que controlaban algunos sectores
del este de Río decidieron incrementar la “taxa de seguranca” de 50 a 100
reales a cada uno de los habitantes.
“El
esquema funciona así: las fuerzas de seguridad pública hacen presencia en las
entradas y salidas de la favela lo cual tiene bastante sentido si se tiene en
cuenta que, por ejemplo “La Rocinha” una favela emblemática de Río, limita con
algunas de las zonas más costosas de la ciudad como Gávea, un barrio de
extensas mansiones cercadas por muros y sistemas de video vigilancia, lo que
contrasta con las diminutas edificaciones de la favela. Cuando las autoridades,
ya sean las Unidades de Pacificación, venidas a menos por el recorte
presupuestal tras la crisis económica de los años recientes, o el BOPE, decide
entrar a la favela, las pandillas responden con fuego, en caso de que haya
alguna afectación inminente y de proporciones considerables a su estructura o
sus finanzas”
“El
interés de estas provocaciones y de las incursiones de los batallones de
operaciones especiales en la favela es bastante claro para sus habitantes:
incautar armas y drogas por las que posteriormente exigen un rescate o que son
revendidas en el mercado negro a pandillas competidoras. En la favela el
desenlace de las disputas por el control del barrio y de las economías
informales depende de los arreglos hechos entre traficantes y las fuerzas de
seguridad del Estado”. Nota: este artículo se basó en buena medida en el
reportaje de Jorge Mantilla, de febrero de 2020, titulado: Seguridad y Orden
Social en una Favela de Río de Janeiro. La verdad es que el parecido entre las
favelas de Río y el reino del “Coqui” es escalofriante.
Miguel
Méndez Rodulfo
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