Escrito por Vladimir
Villegas (periodista) Martes, 09 de Julio de 2013
El asesinato de madre y dos
hijas a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el Estado
Falcón, hecho en el cual resultaron heridas además otras jóvenes familiares de
las difuntas, plantea nuevamente la interrogante con respecto a la preparación
que deben tener quienes se ocupan de las tareas de orden público y seguridad,
pertenezcan a cuerpos civiles o militares Es necesario alertar sobre el peligro
de que se asuma como un hecho natural estas presuntas equivocaciones que
derivan en tragedias como la que hoy sacude a los familiares de Liumina Pacheco
y su hija de doce años. Diversos voceros oficiales han salido con toda
velocidad a afirmar que los funcionarios involucrados en esta masacre no
pertenecían al Plan Patria Segura, como si esto le restara al asesinato de
estas mujeres inocentes un ápice de gravedad y lo importante fuera evitar a
toda costa daños a la imagen del Gobierno.
Si pertenecían o no a las unidades que participan en ese plan es irrelevante. Lo fundamental es preguntarse por qué estos jóvenes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana tenían que disparar como lo hicieron contra un vehículo en el cual supuestamente se trasladaban presuntos delincuentes que se habrían fugado de un centro de reclusión. ¿Al tratarse de maleantes habría sido aceptable que los acribillaran, que los ajusticiaran? ¿Qué tipo de orientación están recibiendo no sólo los integrantes de la GNB sino de todos los cuerpos de seguridad con respecto al derecho a la vida? ¿Esos muchachos hoy convertidos en asesinos leyeron alguna vez la Constitución Nacional aprobada en referendo por el pueblo en diciembre de 1999? Si no la leyeron, ¿alguien les habrá dicho que en nuestro país está prohibida constitucionalmente la pena de muerte? Seguramente sobrarán quienes digan que no importa, que a los malandros, a los asesinos, a los secuestradores y a los traficantes de drogas hay que eliminarlos. Que si ellos no respetan la vida de los demás nadie tiene por qué respetarles ese derecho. Pero fíjense en lo que deriva este tipo de actitudes permisivas y cómplices. Unas personas inocentes supuestamente son confundidas con unos delincuentes y por eso resultan acribilladas sin ningún intento de identificarlas previamente o de capturarlas con vida. En diversos medios impresos pudimos leer que los efectivos de la GNB entraron en shock al percatarse de que las personas asesinadas por ellos no eran los fulanos delincuentes fugados. Es decir, que si se hubiese tratado de los delincuentes buscados estaba bien que le descargaran todas las balas del mundo. Es inevitable preguntarse cuántos casos similares no habrán ocurrido y fueron presentados como enfrentamientos entre delincuentes y policías. Basta revisar la prensa para entender lo pertinente de esta duda.
Este asesinato, caso muy parecido al ocurrido en marzo del año pasado con la hija del cónsul de Chile en Maracaibo, víctima de integrantes del Cicpc, obliga a una revisión de lo que se viene haciendo en materia de formación de estos guardias nacionales y de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad. Ya es suficiente con que los delincuentes no valoren ni medio la vida de los ciudadanos como para que ocurran estos hechos que involucran a funcionarios cuya labor debe ser velar por nuestra seguridad Llama la atención la declaración recogida en diversos medios y atribuida al ex comandante general de la GNB, mayor general Juan Francisco Romero, según la cual durante la persecución los efectivos habrían disparado accidentalmente a sus víctimas. Lo menos que esperamos es la apertura de una investigación sobre este asesinato y un claro compromiso de las autoridades con el derecho a la vida y contra la impunidad, caiga quien caiga.
Si pertenecían o no a las unidades que participan en ese plan es irrelevante. Lo fundamental es preguntarse por qué estos jóvenes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana tenían que disparar como lo hicieron contra un vehículo en el cual supuestamente se trasladaban presuntos delincuentes que se habrían fugado de un centro de reclusión. ¿Al tratarse de maleantes habría sido aceptable que los acribillaran, que los ajusticiaran? ¿Qué tipo de orientación están recibiendo no sólo los integrantes de la GNB sino de todos los cuerpos de seguridad con respecto al derecho a la vida? ¿Esos muchachos hoy convertidos en asesinos leyeron alguna vez la Constitución Nacional aprobada en referendo por el pueblo en diciembre de 1999? Si no la leyeron, ¿alguien les habrá dicho que en nuestro país está prohibida constitucionalmente la pena de muerte? Seguramente sobrarán quienes digan que no importa, que a los malandros, a los asesinos, a los secuestradores y a los traficantes de drogas hay que eliminarlos. Que si ellos no respetan la vida de los demás nadie tiene por qué respetarles ese derecho. Pero fíjense en lo que deriva este tipo de actitudes permisivas y cómplices. Unas personas inocentes supuestamente son confundidas con unos delincuentes y por eso resultan acribilladas sin ningún intento de identificarlas previamente o de capturarlas con vida. En diversos medios impresos pudimos leer que los efectivos de la GNB entraron en shock al percatarse de que las personas asesinadas por ellos no eran los fulanos delincuentes fugados. Es decir, que si se hubiese tratado de los delincuentes buscados estaba bien que le descargaran todas las balas del mundo. Es inevitable preguntarse cuántos casos similares no habrán ocurrido y fueron presentados como enfrentamientos entre delincuentes y policías. Basta revisar la prensa para entender lo pertinente de esta duda.
Este asesinato, caso muy parecido al ocurrido en marzo del año pasado con la hija del cónsul de Chile en Maracaibo, víctima de integrantes del Cicpc, obliga a una revisión de lo que se viene haciendo en materia de formación de estos guardias nacionales y de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad. Ya es suficiente con que los delincuentes no valoren ni medio la vida de los ciudadanos como para que ocurran estos hechos que involucran a funcionarios cuya labor debe ser velar por nuestra seguridad Llama la atención la declaración recogida en diversos medios y atribuida al ex comandante general de la GNB, mayor general Juan Francisco Romero, según la cual durante la persecución los efectivos habrían disparado accidentalmente a sus víctimas. Lo menos que esperamos es la apertura de una investigación sobre este asesinato y un claro compromiso de las autoridades con el derecho a la vida y contra la impunidad, caiga quien caiga.
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