La Galería de Paladines de la Libertad de Expresión y la Ley Patriota de Estados Unidos

Por Jesús González Briceño, 06/07/2013

Mensaje con destino: El que está libre de pecado que lance la primera piedra.

Se trata de una galería de famosos políticos, todos ellos vivos, menos nuestro presidente desaparecido pero cuya obra en relación con los derechos humanos prosigue, al píe de letra y sin titubeos, el  mandatario di facto, Maduro, porque él se considera el heredero del Premio Nacional Gran Comunicador, por sus calificados méritos y su obra infalible en pro de la libre expresión y su lenguaje académico-literario de mercado playero. Pero antes que todo vamos a considerare el premier y más veterano mecenas de la libertad de expresión allende los mares, allá en la nefasta Unión Soviética y después en La Federación Rusa, Vladimir Putin, abogado destacado que formó parte de la KGB,  Comité para la Seguridad del Estado, como agente oficial de servicios especiales, la más cruenta y  despiadada agencia de represión comunista; designado director de del Servicio Federal de Seguridad, habiendo desempeñado fundamentalmente por 16 años labores de seguridad y contraespionaje en su país y en la Alemania comunista como espía contra la OTAN, hasta que pasa a formar parte de la administración de Boris Yeltsin en 1998 y posteriormente escala la presidencia de Rusia  dos veces consecutivas, 2000-2008, y posteriormente reelegido en  el 2012 hasta el 2017.No en balde hemos destacado esta vocación y experiencia de seguridad policial y espionística de Putin porque en estos últimos años Rusia es objeto de las más acérrimas críticas  de  Human Wright, Amnistía Internacional, sus opositores políticos y de parte de defensores de los derechos civiles por severas restricciones, denuncias por secuestros, torturas, encarcelamientos y desapariciones de 64 opositores políticos, algunos de ellos emblemáticos, persecución a las ONG y aprobación de una curiosa LEY CONTRA LAS OFENSAS RELIGIOSAS  recientemente por “ notoria falta de respeto hacia la sociedad con el fin de ofender los sentimientos religiosos de los creyentes “. Las sanciones  contemplan cárcel de hasta tres años, multas de  hasta 16.00 dólares y trabajos obligatorios de 480 horas. El año pasado apresó tres miembros del grupo Pussy Riot por entonar en una iglesia  ortodoxa  cánticos en su contra y, todavía hoy, una de ellos permanece prisionero. Los críticos del presidente  explican que trata de valerse de esta legendaria iglesia para imponer un estado clerical  controlado por él mismo. En fin  la larga historia represiva y  de espionaje de Putin sale a relucir de nuevo y ya se habla del renacimiento del estalinismo en la Rusia  actual, y es evidente que no ha podido desprenderse de este atavismo  represor.

Hay otros dos gobernantes sudamericanos actuales que están demostrando fehacientemente sus debilidades con respecto a la libertad de expresión y el control de los medios de comunicación, por influjo de la revolución bolivariana,  y  tratando de imponer, entre otras medidas, políticas y acciones coercitivas, como es el caso de  Rafael  Correa, economista con posgrado en Lovaina, Bélgica, y doctorado en Illinois, Estados Unidos. En el 2005 se mostró en desacuerdo con la firma del Tratado de Libre Comercio con el país norteño y posteriormente fue elegido presidente de Ecuador el 2006, y por cambios constitucionales, reelecto 2009  y recientemente en 2013, realizando una gestión económica positiva con una relevante relación comercial con Estados Unidos, de 23.052 millones de dólares de exportación en 2012, gracias a preferencias arancelarias -GSP- de ese tratado y a la adopción del dólar estadunidense como moneda oficial desde el 2000. Por su liderazgo harto beligerante y antinorteamericano, se consideró un seguidor de Hugo Chávez con un apoyo político y económico relevante. El presidente ecuatoriano se ha dejado seducir por los postulados revolucionarios bolivarianos y, en lo que respecta a la  libertad de expresión y al control de los medios de comunicación, ha liberado una  ardua batalla contra ellos y en especial con medios opositores, que ha culminado en la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, el 14/6/2013, cuyo finalidad es minimizar al máximo la influencia de los medios radiales, televisivos e impresos  privados, en general, estableciendo sanciones, repartición del espectro radioeléctrico con 34% a los medios comunitarios, y un 33 % a los medios  privados y otro tanto para los públicos; el acceso a la información, contenidos, franjas de horarios, su reglamentación y control, a través del Consejo de Regulación de Medios, que no es otra cosa distinta al Conatel venezolano. El forcejeo contra los medios privados y los periodistas ha sido muy controversial quienes lo acusan de proteger la corrupción administrativa de sus gestión y acosar la libertad de expresión información.

El otro personaje presidencial es  Cristina Fernández de Kirchner cuyo proyecto de Ley de  Medios Audiovisuales  fue sancionado hace  cuatro años  y los atrasos  habidos por largos procesos de medidas cautelares  del sector privado han impedido su aprobación definitiva y que apenas hace pocos días  fue enviado por la Corte Suprema argentina ( junio  ,2013 ) a la Procuraduría de la Nación para que emita su dictamen definitivo, probablemente positivo. El proyecto presidencial  es un modelo restrictivo que trata de disminuir al máximo el control de los medios de comunicación tradicionalmente  realizado  por el poderoso grupo editor Clarín, y además  establece otras disposiciones  para el control gubernamental del espectro radioeléctrico por parte de La Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual –AFSCA-;el artículo 45 que limita  las licencias de una empresa; el 48 que contempla la pérdida de gran parte de las licencias adquiridas antes de la entrada en vigor de la Ley y, lo más grave, la discrecionalidad para otorgar las licencias gubernamentales. La batalla judicial está próxima a resolverse.

En Nicaragua también la censura de los medios no afectos al régimen sandinista están padeciendo los rigores de las medidas restrictivas de facto de Daniel Ortega que si bien dispone de un instrumento legal considerado moderado y viable (Ley de Acceso a la Información, sancionada en junio de 2007), se está ampliando la propiedad y control de los medios televisivos, radiales y periódicos propios del presidente y gubernamentales y se practica  la coacción, el chantaje  y el silenciamiento de los medios independientes ,se discriminan los medios privados por la publicidad gubernamental favoreciendo los afectos al gobierno y se obstaculiza las investigaciones sobre sobornos, corrupción y delitos electorales denunciados por periodistas independientes  sin que los órganos jurisdiccionales adopten medidas correctivas al respecto. Son notorios los ataques  constantes y cierres al Diario La Prensa y al Canal 2 de TV. La magnífica labor realizada por la presidenta Violeta ( v) de Chamorro hasta 1997 cuando terminó su mandato, siguiendo la pauta de su esposo vilmente asesinado, se ha ido perdiendo desde entonces y está sobre el tapete aprobar un nuevo estatuto comunicacional al estilo de la ley resortes venezolana.

Nuestro país es obviamente donde se ha manifestado con mayor énfasis el deterioro de la libertad de expresión, a pesar que  nuestra Constitución, en su artículo 48 reza “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal  competente, con el cumplimiento  de las disposiciones legales y preservándose  el secreto de los privado que no guarde relación  con el correspondiente proceso”; y agrega que  “El debido proceso  se aplicará  a todas las actuaciones judiciales y administrativas“ ( art. 49 ejusdem ). Pero,  con la denominada Ley Resortes ( Ley de Responsabilidad Social  en Radio y Televisión del 7 de  diciembre de 2004), se  inicia un largo período hasta la actualidad que echa por el suelo la garantía constitucional fundamental de la libertad de expresión, pensamiento, ideas y opiniones de viva voz o por escrito o por cualquiera otra forma  de expresión y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión (art.57), disposición constitucional que, aunada a la anterior, resguarda en todas sus formas la libre expresión y el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. La necesidad del régimen de imponer un pensamiento único lo ha conducido a restringir severamente los medios libres de expresión y comunicación para implantar una hegemonía comunicacional de la revolución bolivariana que está a punto de conseguir  totalmente, próximamente, sino ocurre algo excepcional que lo impida, mediante la aplicación de la ley resortes y otras disposiciones ilegales, la adopción del currículo bolivariano en escuelas básicas, media y la educación universitaria (sistema bolivariano); la asfixia y el estrangulamiento financiero, socavamiento de la autonomía universitaria; terrorismo contra sus instalaciones e infraestructura , alumnos, profesores, empleados y obreros   que aún se mantiene en pié de lucha. La expoliación de numerosas emisoras radiales ,televisoras, ( caso de RCTV),extorción y chantaje comunicacional, económico y comunicacional contra el único portal  televisivo, Globovisión ,que acaba de rendirse a la compra fraudulenta por parte de testaferros gubernamentales y a la claudicación de sus propietarios; la compra reciente de la Cadena Capriles con la totalidad de sus productos marcas, activos, etc.; el hostigamiento , la  persecución y judicialización sistemática y constante a los periodistas y de los principales medios impresos seculares (El Nacional, Universal y medios regionales: y en fin la compra de conciencias con el dinero público, han permitido al régimen  construir y controlar  el 90% del espectro radioeléctrico nacional, a la manera de la otrora Unión Soviética y la Cuba actual, para propalar en forma permanente y pertinaz su doctrina comunista bolivariana con la utilización abusiva y permanente de los medios gubernamentales y los pocos privados, aunado al hostigamiento y de los líderes y diputados de la alternativa democrática para desprestigiarlos, y descalificarlos públicamente. Todos somos testigos de esta descomunal hegemonía comunicacional y pensamiento único con el sostén de las fuerzas armadas, policiales y los poderes del Estado, instaurada por Chávez y profundizada por Maduro.

Por añadidura hoy advertimos la crítica y el insulto de los personajes del régimen encabezado por el mandatario Maduro y el corifeo de aduladores de Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, Cuba y Rusia, por el caso del ex contratista de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, fugado y estacionado en el aeropuerto de Moscú, acusado de cometer traición a su patria, con premeditación y alevosía, al filtrar y divulgar archivos confidenciales que sólo atañen a ese gobierno, so pretexto de que se trata una violación del gobierno norteamericano por vigilancia y control masivo de cientos de comunicaciones telefónicas y de internet por parte de sus servicios secretos.

Las frecuentes prácticas de seguimiento de personas, organizaciones y hasta gobiernos amigos por parte de la seguridad norteamericana se debe básicamente a su lucha frontal antiterrorista que ha causado grandes daños físicos y humanos a sus habitantes y de otros países. Numerosos atentados terroristas contra Estados Unidos desde tiempos pasados pero ahora con mayor frecuencia después del 11/9, y en el mundo, miles   de personas muertas y  mucho más heridas, por parte de organizaciones terroristas como Al Qaeda, Grupo Chechenio, IRA,, Tigres de Liberación del Ealam, Humas, Hezbolá  y el Yihaismo Global, en España, Londres, Irak, Pakistán, Afganistán, norte de África, Yemen, Arabia Saudí y en el propio territorio norteamericano, con gases venenosos, carbunco, ( en 2001), atentados en Austin (2010), el reciente atentado a la maratón de Boston y ataques a sus embajadas .Naciones Unidas ha aprobado más de 16 estatutos internacionales universales contra el terrorismo, siendo el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Cometidos con Bombas (mayo de 2001) y la Convención Interamericana contra el Terrorismo , en vigor desde el 7/10/2003, los últimos convenios internacionales para combatir el terrorismo, aunque insuficientes y de acción tardía.

Con base al desastre humanitario del 11/9, Estados Unidos  aprobó  primeramente  la President Milatary Arder, septiembre  del 2001,  facultando al presidente para actuar expeditamente sobre las personas presuntamente terroristas y la creación de tribunales militares secretos. Y luego  LA LEY PATRIOTA  dotada de herramientas necesarios  para interceptar y destruir el terrorismo ( 24/10/2001) y la autorización a  los cuerpos de seguridad  (FBI ,NSA, CIA) y Las Fuerzas Armadas Norteamericanas para obtener información confidencial (rastrear y interceptar) comunicaciones telefónicas y  de internet y contrarrestar la  creciente contrainteligencia extranjera, dentro y fuera del territorio nacional. Esta Ley ha arrojado  resultados positivos contra los atentados terroristas con la prisión de aproximadamente 1000 terroristas, el lavado de dinero y contraespionaje dentro y fuera de jurisdicción norteamericana y, en la mayoría de las veces, es obligante obtener órdenes judiciales de sus cortes, pero en , en escasas ocasiones, se ha infringido esta limitación judicial, no obstante los analistas, ante las críticas de los organismos nacionales  e internacionales de los derechos humanos, aseguran que fue aprobada por abrumadora mayoría del Congreso y el margen de error de las intercepciones comunicacionales es reducido y no se usa como instrumento de persecución política, debido a la dificultad de controlar y supervisar una población musulmana de 2,6 millones (0,8% de la población nacional), con el mayor crecimiento mundial que dobla la población no musulmana, y que ha tenido en EE.UU una tasa de crecimiento muy elevada en los últimos 20 años. No creo que este país derogue la legislación antiterrorista, la lucha contra el lavado de dinero ni el narcotráfico en estos momentos en que se han intensificado en la frontera mexicana y en el mundo, constituyendo un flagelo que se cierne sobre él y que alguien tiene que asumir, si no el desastre a nivel mundial sería descomunal por efectos del terrorismo internacional.

A propósito del caso del ex contratista Snowden no se vislumbra que se le  conceda asilo con excepción de Cuba y Rusia, menos probable, siendo  Venezuela y Bolivia posibles países  otorgantes, y Ecuador que ha dado marcha atrás debido a los beneficios arancelarios y compra de crudo por parte de EE.UU y por el peso que ha significado la concesión del asilo diplomático a Julián Assange en Londres por las filtraciones de Wikileaks.

Por último cabe destacar que Venezuela critica acerbamente la intercepción telefónicas y de internet de los órganos de seguridad norteamericano en el caso antes citado, calificándolo de un defensor de los derechos humanos de la humanidad, pero dejan al descubierto el enorme fraude cometido durante 10 años contra la libertad de expresión y el establecimiento de un gigantesca aparato comunicacional que prácticamente abarca el 90% del espectro radioeléctrico y comunicacional nacional con una abusiva y descarada publicidad ideológica, gubernamental y revolucionaria de la teoría y praxis marxista-bolivariana. Y lo más grave  es que ha desplegado una poderosa red   sui géneris de espionaje e inteligencia con el maridaje  del  G2 Cubano, EL SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el cuerpo diplomático) contra los líderes y parlamentarios democráticos dentro y fuera del país, con el fin de descalificarlos, desprestigiarlos y, lo peor, judicializarlos con la connivencia de la Fiscal General, la Asamblea Nacional y los tribunales jurisdiccionales. Los paladines de la libertad de expresión ruso-latinoamericanos, tratan de confundir la opinión internacional y nacional con la falaz proclamación y práctica de los derechos humanos de expresión y comunicación, mientras cometen graves y dolosos atropellos contra la libre expresión en sus propios países con aprobación de leyes y acciones restrictivas y políticas.

Jesús González Briceño