El Nacional 3 DE JULIO 2013
“El
TSJ debería llamarse Tribunal del Partido de Gobierno por su línea partidista”,
dijo el gobernador de Miranda, Henrique Capriles
La Mesa de la Unidad Democrática
recusó a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia pues consideran que están vinculados al oficialismo y, por lo
tanto, no son suficientemente imparciales para decidir las impugnaciones de las
elecciones presidenciales del 14 de abril.
Los abogados de la MUD, Gerardo Fernández y Ramón José Medina, interpusieron la acción porque consideran que la Sala Constitucional no tiene atribuciones para despojar a la Sala Electoral de todas las demandas de nulidad del triunfo electoral de Nicolás Maduro, como lo hizo el 20 de junio.
“Se trata de un acto írrito y arbitrario que violó las competencias de la Sala Electoral”, alegaron Fernández y Medina, que entienden que la Sala Constitucional quiere asumir el control total de las demandas contra los resultados oficiales del 14 del abril.
La MUD recusó de forma general a siete magistrados de la Sala Constitucional e individualmente a cuatro de sus miembros: Gladys Gutiérrez, Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales Lamuño y Juan José Mendoza, pues dudan de su imparcialidad al momento de decidir cualquier recurso electoral.
Las evidencias de parcialidad serían dos sentencias de la Sala Constitucional: la primera, del 9 de enero, que le permitió a Maduro y a todo el tren ministerial permanecer en el Gobierno sin que se realizara la toma de posesión presidencial; y, la segunda, del 9 de marzo, que facilitó a Maduro postularse a la Presidencia de la República sin abandonar la Vicepresidencia, en contra de lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución. “Estas sentencias constituyen adelantos de opinión sobre el fondo del asunto en controversia”, afirmaron los abogados.
La objeción contra la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, es por su trayectoria política porque fue candidata a la Gobernación de Nueva Esparta por el Movimiento Quinta República, Procuradora General de la República y funcionaria del servicio exterior mientras Maduro fue canciller.
Contra Juan José Mendoza se señaló que fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los magistrados Carrasquero y Morales son cuestionados porque el primero fue presidente del Consejo Nacional Electoral y la segunda porque adelantó opinión cuando dijo que la auditoría integral solicitada por Capriles era una pretensión imposible.
“Tribunal del Partido de Gobierno”. Antes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, anunció el acto contra los magistrados en el canal www.capriles.tv.com: “El TSJ debería llamarse Tribunal del Partido de Gobierno por su línea partidista. La institucionalidad del país tiene que dar respuesta. No hemos dado ninguna señal de resignación, más bien de lucha. Para nadie es un secreto el secuestro de los poderes y debemos desenmascararlos”.
En el programa Venezuela Somos Todos, dijo que Maduro viajó al extranjero para comprar legitimidad, no para traer beneficios a Venezuela: “El Gobierno regala más de 7 millardos de dólares a otros países. Al cubano, 4 millardos de dólares al año”.
Instó a votar el 8 de diciembre: “El reto es vencer a un gobierno e instituciones cuyo comportamiento no son democráticos. Lo haremos participando, no abandonando los espacios”.
Sobre la lucha anticorrupción, lamentó que se detengan a funcionarios de bajos rangos, como pasó con el gerente del Seniat y ex gobernador de Guárico, Luis Gallardo: “Si le meten a fondo a la corrupción se quedan sin Gobierno. ¿Por qué en el Seniat hay intocables? ¿Por qué a él (Diosdado Cabello) no lo investigaron?”.
Al referirse a los ascensos, dijo que el ministro de la Defensa, Diego Molero Bellavia, es “una vergüenza para la FAN y el país”. Señaló que hay una pugna interna entre Molero y el general Carlos Alcalá por la silla de la FAN. “La cúpula, ese grupito, quiere hacernos creer que los militares están muy bien y no es así. Maduro no decidió. Él simplemente firmó los ascensos”.
Pidió a los oficiales a no irse de baja de la FAN: “No permitan que una cúpula logre su objetivo de tener una Fuerza Armada de rodilla a un partido político”.
Además, acusó al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, de censurar los medios: “Es un gran censor. Presiona a los medios para que me hagan invisible. Sabemos a quién llama y qué le dice a los periodistas”.
La ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, solicitó a la Sala Constitucional del TSJ la interpretación del artículo 296 de la Constitución, que establece el procedimiento para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional.
Aseguró que el recurso no pretende que se declare la omisión legislativa y sea el TSJ el que elija los nuevos rectores sino que se interprete el artículo, que se ejerza presión en el Parlamento y se proceda a elegir a los que suplirán a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas icente Díaz. Considera que desde hace dos meses los tres funcionarios ejercen los cargos de manera ilegítima.
Una recusación es el cuestionamiento de la idoneidad de un juez y, en caso de declararse con lugar, acarrea su inhabilitación. Cuando un magistrado del TSJ queda inhabilitado para intervenir en una causa, se debe reconstituir la respectiva sala mediante la incorporación de magistrados suplentes. En el caso de la Sala Constitucional, los suplentes son: Luis Damiani Bustillos, José Hernández Hernández, Ana Casanova Rosales, Francia Coello González, René De Graves Almarza, Homero Sánchez Febres y José Benaventa Mirabal. Corresponde a la magistrada presidenta Gladys Gutiérrez decidir sobre la recusación formulada.
Los abogados de la MUD, Gerardo Fernández y Ramón José Medina, interpusieron la acción porque consideran que la Sala Constitucional no tiene atribuciones para despojar a la Sala Electoral de todas las demandas de nulidad del triunfo electoral de Nicolás Maduro, como lo hizo el 20 de junio.
“Se trata de un acto írrito y arbitrario que violó las competencias de la Sala Electoral”, alegaron Fernández y Medina, que entienden que la Sala Constitucional quiere asumir el control total de las demandas contra los resultados oficiales del 14 del abril.
La MUD recusó de forma general a siete magistrados de la Sala Constitucional e individualmente a cuatro de sus miembros: Gladys Gutiérrez, Francisco Carrasquero, Luisa Estella Morales Lamuño y Juan José Mendoza, pues dudan de su imparcialidad al momento de decidir cualquier recurso electoral.
Las evidencias de parcialidad serían dos sentencias de la Sala Constitucional: la primera, del 9 de enero, que le permitió a Maduro y a todo el tren ministerial permanecer en el Gobierno sin que se realizara la toma de posesión presidencial; y, la segunda, del 9 de marzo, que facilitó a Maduro postularse a la Presidencia de la República sin abandonar la Vicepresidencia, en contra de lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución. “Estas sentencias constituyen adelantos de opinión sobre el fondo del asunto en controversia”, afirmaron los abogados.
La objeción contra la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, es por su trayectoria política porque fue candidata a la Gobernación de Nueva Esparta por el Movimiento Quinta República, Procuradora General de la República y funcionaria del servicio exterior mientras Maduro fue canciller.
Contra Juan José Mendoza se señaló que fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los magistrados Carrasquero y Morales son cuestionados porque el primero fue presidente del Consejo Nacional Electoral y la segunda porque adelantó opinión cuando dijo que la auditoría integral solicitada por Capriles era una pretensión imposible.
“Tribunal del Partido de Gobierno”. Antes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, anunció el acto contra los magistrados en el canal www.capriles.tv.com: “El TSJ debería llamarse Tribunal del Partido de Gobierno por su línea partidista. La institucionalidad del país tiene que dar respuesta. No hemos dado ninguna señal de resignación, más bien de lucha. Para nadie es un secreto el secuestro de los poderes y debemos desenmascararlos”.
En el programa Venezuela Somos Todos, dijo que Maduro viajó al extranjero para comprar legitimidad, no para traer beneficios a Venezuela: “El Gobierno regala más de 7 millardos de dólares a otros países. Al cubano, 4 millardos de dólares al año”.
Instó a votar el 8 de diciembre: “El reto es vencer a un gobierno e instituciones cuyo comportamiento no son democráticos. Lo haremos participando, no abandonando los espacios”.
Sobre la lucha anticorrupción, lamentó que se detengan a funcionarios de bajos rangos, como pasó con el gerente del Seniat y ex gobernador de Guárico, Luis Gallardo: “Si le meten a fondo a la corrupción se quedan sin Gobierno. ¿Por qué en el Seniat hay intocables? ¿Por qué a él (Diosdado Cabello) no lo investigaron?”.
Al referirse a los ascensos, dijo que el ministro de la Defensa, Diego Molero Bellavia, es “una vergüenza para la FAN y el país”. Señaló que hay una pugna interna entre Molero y el general Carlos Alcalá por la silla de la FAN. “La cúpula, ese grupito, quiere hacernos creer que los militares están muy bien y no es así. Maduro no decidió. Él simplemente firmó los ascensos”.
Pidió a los oficiales a no irse de baja de la FAN: “No permitan que una cúpula logre su objetivo de tener una Fuerza Armada de rodilla a un partido político”.
Además, acusó al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, de censurar los medios: “Es un gran censor. Presiona a los medios para que me hagan invisible. Sabemos a quién llama y qué le dice a los periodistas”.
La ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, solicitó a la Sala Constitucional del TSJ la interpretación del artículo 296 de la Constitución, que establece el procedimiento para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional.
Aseguró que el recurso no pretende que se declare la omisión legislativa y sea el TSJ el que elija los nuevos rectores sino que se interprete el artículo, que se ejerza presión en el Parlamento y se proceda a elegir a los que suplirán a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas icente Díaz. Considera que desde hace dos meses los tres funcionarios ejercen los cargos de manera ilegítima.
Una recusación es el cuestionamiento de la idoneidad de un juez y, en caso de declararse con lugar, acarrea su inhabilitación. Cuando un magistrado del TSJ queda inhabilitado para intervenir en una causa, se debe reconstituir la respectiva sala mediante la incorporación de magistrados suplentes. En el caso de la Sala Constitucional, los suplentes son: Luis Damiani Bustillos, José Hernández Hernández, Ana Casanova Rosales, Francia Coello González, René De Graves Almarza, Homero Sánchez Febres y José Benaventa Mirabal. Corresponde a la magistrada presidenta Gladys Gutiérrez decidir sobre la recusación formulada.
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