Por Jesús
Alexis González, 27/09/2013
En el
presente artículo asumimos que las políticas reflejan hipótesis basadas en
ideas y tienen una finalidad, un diagnóstico de la realidad y con estrategias concretas para transformarla en
función al país que se aspire. De igual modo compartimos enfoques como: “El
Estado es la ley de la razón” (Federico Hegel) y “El político se convierte en
estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las
próximas elecciones” (Wiston Churchill). De nuestra parte complementamos:
usualmente los gobiernos establecen planes y objetivos que no trascienden sus
administraciones (desmontando inclusive logros alcanzados); hecho que se
traduce en la “necesidad de reinventar” (en cada gobierno) los objetivos fundamentales
del Estado, subordinando sus intereses a favor de particularidades que niegan
el beneficio de la Nación dándole más
importancia a la cuestión electoral (políticas de Estado versus políticas
de Gobierno), soslayando—en lo específico del hecho económico—que los
inversionistas buscan un ambiente que les permita una visión de largo plazo alejada de la incertidumbre habida cuenta
del efecto negativo que se genera sobre la propensión a invertir en un país
donde “no se sabe lo que va pasar
después de las elecciones”, y no se cumplen las políticas de mayor alcance
temporal. Las políticas de Estado
nacen en respuesta a los intereses del pueblo y han de entenderse como el norte estratégico de la Nación, las
cuales son definidas e instrumentadas por consenso ciudadano y partidista en
aras de evitar que varíen ante cambios ideológicos de nuevos gobiernos; siendo
así y ante la actual crisis de la economía venezolana se requiere del esfuerzo
y colaboración de todos los segmentos de la sociedad en el marco de una política de Estado para el campo económico, apartadas
temporalmente de las divergencias inherentes al partidismo político y apoyadas
en la evidencia científica traducidas en medidas
económicas transparentes para todos los actores sociales, al hacerles conocer
en forma clara los detalles, fundamentos y consecuencias mediante el fomento de
una “pedagogía económica” que les
permita comprender los términos y las cifras económicas más elementales. El
consenso nacional sobre políticas de Estado ha de contextualizase en torno a
ejes temáticos transversales, uno de los cuales debe corresponderse, por
ejemplo, con “Economía y equilibrio
social” teniendo entre otros objetivos una política económica (básicamente
fiscal y monetaria), una política industrial con nuevo enfoque de la
sustitución de importaciones, un control de la inflación, una descentralización
económica, una generación de empleo digno, una elevación de la productividad
económica, y un modelo de desarrollo sostenible; en el entendido que dichas
políticas han de sustentarse en principios constitucionales.
La
economía como política de Estado, debe armonizarse con aspectos tales como un
crecimiento persistente del PIB (valor monetario de los bienes y servicios
finales producidos por una economía en un período determinado), un control de
la inflación (aumento progresivo y generalizado de los precios), un equilibrio
fiscal (diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno), un equilibrio
monetario (reducir la emisión de dinero inorgánico), un adecuado nivel de
reservas internacionales (para respaldar la moneda y el fluir de las
importaciones), un mejoramiento de los términos de intercambio (relación entre
los precios medios de importación y de exportación), y de un fortalecimiento
del PIB per cápita (PIB total dividido por la cantidad de habitantes). En aras
del funcionamiento de tal escenario, es prioritaria la definición de un modelo económico que incluya como motor de crecimiento y
generador de empleos de calidad una apertura
económica para alimentar dinámicamente el mercado interno (doméstico), así
como una reformulación de la política
industrial no petrolera que de inmediato ha de enfrentar una globalización de los mercados reales y
financieros dentro de un contexto de elevada competencia en el comercio
internacional (incluidos los bloques de integración regional) y donde Venezuela
debe con urgencia subsanar tanto sus deficiencias
microeconómicas ( número de empresas y nivel de especialización), como sus desequilibrios macroeconómicos
(fundamentalmente en los temas fiscal y monetario), en pro de nuevas formas de participación articuladas con
una política industrial concebida como
política de Estado. Inferimos que estamos en el momento preciso (y
necesario) para hacer un punto de inflexión para abandonar el cortoplacismo en favor de asumir la economía como una política de Estado.
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