TEODORO PETKOFF 22 de octubre de 2013
En el país se está
asentando un grave proceso de desinstitucionalización, paralelo al de su
militarización. Por ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano clave
para la vida democrática, existe de facto pero no jurídicamente
En el país se está asentando un grave
proceso de desinstitucionalización, paralelo al de su militarización. Por
ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano clave para la vida
democrática, existe de facto pero no jurídicamente.
El organismo está sobregirado desde
hace varios meses y los mandantes no dan señales de que el asunto les preocupe.
Por otro lado, la nación carece de un contralor titular.
Tampoco parece ser que esa ausencia le
quite el sueño a Maduro and company. Por su parte, la Asamblea Nacional ha sido
obscenamente subordinada al Ejecutivo, es decir a Maduro.
Su rol ha mutado; más que legislar,
opera como garrote en manos del gobierno para aporrear a sus opositores.
Ya hemos comentado la creación del
Cesppa, engendro a cuyos integrantes, todos militares, ha ido a parar el poder
real.
En fin, las instituciones democráticas
de la República se van licuando al mismo tiempo que la Fuerza Armada Nacional
(FAN) va asumiendo un papel que no le corresponde.
Este proceso de
desinstitucionalización y militarizacion ha conocido varios episodios que de no
ser parte de una tragedia serían más bien cómicos. Comenzando por la búsqueda
afanosa del "Diputado 99".
El oficialismo parecía más bien la
expedición que zanqueaba el ex Congo Belga (hoy Zaire), en busca del Dr.
Livingstone, en su desesperado empeño de encontrar un elusivo "diputado
99", que les diera los 3/5 de la AN, necesarios para aprobar una Ley
Habilitante, que, por lo demás, no les hace falta.
Sin embargo, toda clase de piruetas y
artimañas fueron puestas en juego hasta que al fin apareció el fulano 99, con
lo cual Nicolás Maduro ha sido complacido: ya tiene su Habilitante. No le hacia
falta, pero ahora sí es full presidente.
Pero ha habido otros hechos menos
ridículos e igual de graves. El oficialismo ha hecho de la Asamblea Nacional
una suerte de coto de caza privado.
El veto a periodistas que no sean
comprobadamente fieles a "la causa", impidiéndoles la entrada al
Hemiciclo durante las sesiones de la AN, es peligrosamente antidemocrático.
De suyo lo es, pero a nadie escapa que
entraña la posibilidad de que sea el preaviso a mayores atentados contra la
libertad de expresión.
Es visible que Maduro no se siente
cómodo con el periodismo libre y que lo tienta la opción de establecer
limitaciones a su ejercicio.
No ha dado el paso, pero ha amagado.
Añádase a esto los golpes propinados por unos matones a varios diputados de la
oposición y la mordaza aplicada a Julio Borges y a Nora Bracho cuando
solicitaban el derecho de palabra.
Ya desde antes, el oficialismo se
había apoderado a la brava de la estación de televisión de la Asamblea
Nacional, ANTV. Esto, que en ningún país democrático podría ocurrir, sucede en
el nuestro.
Una planta de TV, perteneciente a una
institución del Estado, ha sido confiscada por el partido de gobierno.
No queremos cometer el exabrupto de
equiparar el chavo-madurismo al hitlerismo, pero es bueno recordar que hechos
de ese tipo pavimentaron el camino hacia el poder de Hitler. La progresiva
apropiación del Estado por el partido, hasta confundir uno y otro en uno solo y
único, caracterizó el nacimiento y progresivo avance hacia el totalitarismo en
aquellos tiempos.
Venezuela no es la Alemania de 1933
pero sería muy conveniente que hechos de este tipo sean denunciados y
rechazados a tiempo.
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