Carlos Romero Mendoza 20 de
octubre de 2013
Notitarde publica el 16 de octubre de
2013[1], una nota de prensa en la cual informa que el presidente Maduro anuncia
que tomará una serie de acciones orientadas a la lucha contra el acaparamiento y la especulación.
En este sentido conviene recordar que
desde el año 2007 el Ejecutivo Nacional, mediante un Decreto con rango y fuerza
de ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el
boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o
productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios,
declaró:
1.- Utilidad pública e interés social a
todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción,
fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización
de alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control
de precios. A tal fin y sin necesidad
de formalidad alguna, el Estado venezolano se otorgó privilegios para iniciar
la declaración de la expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberanía
alimentaria.
2.- Servicios públicos esenciales a todas
las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de alimentos o productos declarados de primera
necesidad o sometidos a control de precios.
La calificación de servicios públicos
esenciales está dado, según las normas, porque esas actividades satisfacen
necesidades del interés colectivo que atiende al derecho a la vida y a la seguridad
del Estado. Cuando estos servicios no se
atiendan de manera continua, regular, eficaz, eficiente, ininterrumpida, en atención
a la satisfacción de las necesidades colectivas, entonces el Ejecutivo deberá
tomar las medidas correspondientes.
El Decreto además creó los Comités de Contraloría Social para el
Abastecimiento, que serían desarrollados a través de los Consejos Comunales
para la defensa en cada comunidad de sus propios derechos e intereses
económicos y sociales. A tal fin, se
convierten estas contralorías en una especie de agentes en la comunidad del
Ejecutivo Nacional en la supervisión, control y fiscalización de los distintos
actores que están involucrados en el consumo de alimentos y productos
declarados de primera necesidad o sometidos al control de precios.
Estos Comités verificarían el
cumplimiento del control de precios, llegando incluso a tener la capacidad de
revisar la lista de precios respectiva;
como agentes del Ejecutivo Nacional, deberían informar sobre cualquier
hecho que pudiera ser considerado boicot, alteración de precios, contrabando, e
iniciar el proceso para que se acuerden medidas preventivas como ocupación
temporal y preventiva, el comiso de productos o cualquier otra que se
consideren necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos o
productos de primera necesidad o sometidos a control de precios.
Así mismo, esos Comités deberían velar
porque el Estado haga respetar los derechos e intereses individuales y
colectivos, a tal fin y nuevamente, como agentes del Ejecutivo Nacional, pueden
solicitarle la aplicación de sanciones que van desde la multa hasta el cierre
temporal, a quienes estén involucrados en el boicot, la especulación, el acaparamiento,
el contrabando, entre otras conductas.
Los Comités de Contraloría Social para
el Abastecimiento, son identificados como los actores para la educación,
información y capacitación del ciudadano en la defensa contra todas estas
conductas que lesionan la garantía al consumo de alimentos y productos
declarados de primera necesidad o sometidos al control de precios. Por último, son ellos los llamados a cumplir
una función de mediación y conciliación en posibles conflictos en esta materia,
cuando no haya una conducta de las señaladas.
A 13 años del Decreto mencionado
anteriormente, ahora el Estado mediante un Decreto crea el Órgano Superior para
la Defensa Popular de la Economía, publicado en Gaceta Oficial el 30 de
septiembre de 2013, con el objetivo de enfrentar los problemas que afectan la
producción, distribución y venta de los alimentos, de la materia prima y de los
artículos de primera necesidad.
En este sentido, el Órgano asume la
tarea de levantar inventarios de empresas públicas o privadas, ubicando
expresamente la ubicación de sus almacenes, evaluando la capacidad existente de
transporte, la cadena de distribución y los distintos modelos de almacenamiento
de empresas y plantas de procesamiento en el país. Todo ello tiene como finalidad levantar un
diagnóstico de la situación operativa y capacidades de producción de alimentos,
materia prima y artículos de primera necesidad, que debería concluir en unas propuestas
para planes políticos, sociales y productivos orientados a la consolidación y
recuperación de la economía nacional.
El Órgano además va evaluar la
disposición del empresariado nacional para contribuir con el buen desarrollo,
estabilidad política y social del país.
Con todo ésto ¿para qué el gobierno
quiere incluir en su ley habilitante, mayores poderes para luchar contra el
acaparamiento y especulación que afectan la economía nacional?, ¿No hay suficiente
intervención del Estado como para enfrentar la situación actualmente?. Si los Comités de Contraloría Social contra
el Abastecimiento funcionaran ¿qué dirían?.
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[1]Notitarde. Maduro advierte que
tomará nuevas medidas contra el acaparamiento.
16 de octubre 2013. Online en. http://www.notitarde.com/Pais/Maduro-advierte-que-tomara-nuevas-acciones-contra-acaparamiento/2013/10/16/272432
Carlos Romero Mendoza.
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