Trino Márquez Jue Oct 17, 2013
@trinomarquezc
El primero. María Corina Machado y
Julio Borges, en mayo pasado, fueron objeto de una salvaje agresión por parte
de un grupo de gorilas oficialistas dentro de la Asamblea Nacional. La golpiza
se ejecutó bajo la mirada alegre de Diosdado Cabello, el caporal que dirige el
Parlamento con mano de hierro, cuando se trata de la oposición, pues frente a
Nicolás Maduro, su enconado adversario dentro del PSUV, cada vez cede mayor
terreno. La Ley Habilitante representa una renuncia al ejercicio de su poder
como Presidente del cuerpo legislativo y su relegación sumisa al segundo plano
del protagonismo.
En aquella oportunidad la ferocidad
del ataque fue tan desmesurada que los parlamentarios de diversas democracias
del mundo, tan discretos a la hora de solidarizarse con la oposición
venezolana, se vieron forzados a respaldar a sus pares criollos. El apoyo
internacional no varió la postura arrogante de Cabello. De su boca no salió
ninguna condena. No promovió ninguna comisión que sancionara a aquellos matones
a pesar de que se había puesto en peligro la vida de dos colegas. Antes de ese
episodio, el teniente Cabello junto a sus camaradas rojos habían celebrado a
mandíbula batiente que el “padre” de todos ellos, el difunto Comandante,
insultase a George Bush en la sede de ONU en Nueva York y que un periodista
iraquí en una rueda de prensa concedida por el mismo Bush, le arrojase a este
un zapato a su rostro. Estos despropósitos les parecieron simpáticos y parte de
la lucha contra el imperio, aunque se trataba de embestidas contra el
Presidente de los Estados Unidos.
El segundo. Para Cabello y sus
secuaces del Parlamento, la salsa que es buena para el pato no es buena para la
pata. En el discurso de Maduro, largo, fastidioso y mal leído, Julio Borges y
Nora Bracho —ante las repetidas alusiones e injurias de Maduro contra Primero
Justicia— lo interrumpieron para exigir la palabra, que en este caso era un
legítimo derecho a la defensa. La actitud valiente del coordinador de PJ y de
Bracho provocó la ira de Cabello quien se creyó obligado a demostrarles al
heredero y a los cubanos que es más leal con su jefe que Bernardo con don Diego
de la Vega. La banda de camorreros que han propiciado toda clase de desmanes en
el Hemiciclo, se sienten agraviados porque supuestamente se “ofendió” la
majestad presidencial. Como desagravio a Maduro, le infringieron un castigo
ejemplar a la oposición: los diputados sancionados no podrán hablar en la
Asamblea durante un mes.
El Parlamento —creado para
parlamentar, hablar, negociar y llegar a acuerdos a través del verbo— fue
convertido por Cabello y su pandilla en un paredón donde acribillan a sus
oponentes, les niegan el derecho a réplica y los silencian. El hostigamiento
dicta la estrategia de los miedosos.
El tercer episodio al que quiero
referirme es a la destitución y detención del alcalde de Valencia, Edgardo
Parra. Al parecer la codicia desmedida inspiró a este ciudadano en su tránsito
como burgomaestre de la capital carabobeña. Llama la atención, sin embargo, que
sea después de varios años de ejercicio en el cargo que Parra haya sido
castigado. Desde hace bastante tiempo se sabía que no era muy probo que se diga
en el manejo de la cosa pública. Todo lo contrario. El erario de la entidad
había pasado a ser su patrimonio particular. Pero fue su rivalidad con
Francisco Ameliach, gobernador del estado, y no su desempeño como alcalde, el
botón que lo eyectó.
Por cierto, si el régimen es tan
eficaz combatiendo y castigando a los corruptos, ¿para qué necesita la
Habilitante? Para fines distintos a la lucha contra la corrupción: el control
férreo de la conciencia democrática del país, la imposición del esquema
económico socialista, la implantación de la "democracia comunal", el
sometimiento de la libertad de información y de expresión.
Volvamos al caso de Valencia. La gente
del PSUV anuncia con redoblantes el castigo a Parra. Lo señala como parte de su
lucha implacable contra la corrupción de cuello rojo. Esta alharaca resulta
sospechosa. ¿Por qué tanto bullicio con un procedimiento que debería ser normal
en un régimen decente? Temo que los rojos estén preparando el terreno para
atacar a dirigentes opositores con el argumento de que así como son severos con
los militantes de sus propias filas que transgreden las normas y se corrompan,
serán estrictos con quienes se encuentran en el bando opuesto. El régimen puede
estar pensando que la defenestración de Parra les da autoridad y legitimidad
para enjuiciar a cualquier gobernador, alcalde, diputado o dirigente de la oposición
que les resulte incómodo. De esta manera matan dos pájaros con la misma bala.
La facción que apoya a Ameliach salió de un dirigente molesto, que desconoció
su autoridad, y el régimen se quitaría de encima a cualquier figura que le haga
contrapeso, por ejemplo, Henrique Capriles o Henri Falcón.
A esta eventual maniobra hay que
salirle al paso. ¡Alertas!
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