MUD 19 de noviembre de 2013
Declaración de la Unidad frente a la
fraudulenta sanción de una Ley Habilitante inconstitucional y la grave crisis
económica por la que atraviesa el país.
Tras los anuncios de Nicolás Maduro
sobre un conjunto de medidas y posteriormente la decisión de ocupar comercios y
ordenar una rebaja compulsiva de precios, es claro que la crisis económica que
padece Venezuela se va a agravar, y quien debería encabezar medidas importantes
para enfrentar el oscuro panorama económico que se cierne sobre el país, se
preocupa más por solicitar una Ley Habilitante y así pretender esconder con
ella los problemas que afronta en la actualidad, y enfrentará a mediano plazo
la economía venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática presenta al país su
posición:
Rechazamos categóricamente la alteración
del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el gobierno
nacional al forzar, mediante toda clase de artimañas contrarias a principios
jurídicos fundamentales y a la ética propia de un sistema republicano, la
sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución.
En el discurso oficial original esa
ley estaría supuestamente dirigida a luchar contra la corrupción, lo cual era
insostenible, dada la existencia de un proyecto de ley de reforma a la Ley
contra la Corrupción que ya había sido aprobado en la Asamblea Nacional con el
apoyo de todos los grupos políticos pero que no pudo ser sancionada a causa de
una maniobra aplicada por Diputados del oficialismo. Ante la pretensión del
actual gobierno de conseguir a toda costa una ley habilitante, la bancada de la
Unidad ha expresado al país su voluntad de retomar aquel proyecto de ley, a fin
de preservar el ámbito de actuación de la Asamblea Nacional y de evitar la
inconstitucional promulgación de decretos-leyes en materia penal.
Queremos advertir que la verdadera
intención de la solicitud de una ley habilitante ha sido la de hacer creer que
el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas
económicos y sociales que sufren los venezolanos, al buscar nuevamente chivos
expiatorios a los cuales culpabilizar de los errores del gobierno. Igualmente,
el Ejecutivo Nacional quiere mayores poderes para acentuar la persecución
política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de
financiamiento para la oposición. En realidad, el gobierno quiere desviar la
atención de la grave crisis económica que padece Venezuela.
La crisis de un modelo económico
Lejos de la Ley Habilitante, las
medidas y acciones que el gobierno ha tomado en materia económica, dejan
intactas las causas de la crisis, las cuales tiene que ver con el fracaso del
modelo económico aplicado, cuyo contenido más evidente es la tendencia a la
estatización de la economía, con su carga de corrupción e ineficiencia. Como
expresión de ese fracaso, sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un
déficit de la gestión financiera del gobierno, que según cálculos conservadores
alcanza a 14,0% del PIB en 2013. Ese elevado desajuste presupuestario se ha
financiado, principalmente, mediante la impresión de dinero sin respaldo por
parte del BCV, lo que ha exacerbado la inflación, agotado las reservas
internacionales y disparado el tipo de cambio paralelo, hasta conformar un
potencial cuadro que compromete la capacidad de pago de Venezuela.
Similarmente, la política fiscal se ha traducido en una acumulación de deuda
pública que está cuestionando la solvencia del Estado y disminuyendo
relativamente los recursos destinados al gasto social, los cuales se sacrifican
para cancelar la deuda que contrae el gobierno.
La aceleración de la inflación
Las cifras del BCV no dejan lugar a dudas sobre la tendencia que registra la inflación y la escasez. Así, el alza de precios mostró en octubre de 2013 un salto hasta 55,4% en términos anuales, muy superior al 19,5% registrado en el año 2012.
Con la elevada inflación convive el
desabastecimiento, el cual se situó en octubre de este año en 22,4%, su mayor
nivel valor de los últimos tres años, según se observa seguidamente. No por
coincidencia, la exacerbación de la escasez coincide con la aplicación de la
Ley de Costos y Precios Justos a partir de julio de 2011, mediante la cual se
disminuyeron un conjunto de precios que en promedio alcanzó 30,0% sin que ello
contribuyera a bajar las tensiones inflacionarias. Todo lo contrario, con la
entrada en vigencia de esa ley aumentó la inflación y la escasez.
Caída pronunciada de las reservas
internacionales
Uno de los elementos de mayor significación y peligrosidad de la crisis económica que sufre Venezuela es el referido a la pérdida de reservas del BCV y al agotamiento de sus reservas líquidas. Venezuela está perdiendo el crédito internacional porque hay un gobierno maula que incumple sus compromisos. Las reservas líquidas del BCV han caído hasta el límite de lo mínimo admisible para un país del tamaño de Venezuela al totalizar a mediados de noviembre de 2013 la irrisoria cifra de US$. 1.200 millones, menos de quince días de importaciones. Con reservas menguadas, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha ensanchado hasta alcanzar 950,0%, cifra que es claramente insostenible.
Ocupación de empresas y escasez
La inflación no disminuye por decreto sino con políticas económicas sensatas, bien estructuradas y consensuadas entre los actores económicos. Forzar una rebaja generalizada de precios por decreto sin afectar las causas fiscales y monetarias que provocaron la inflación, tales como la devaluación del bolívar y la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, podría llevar a Venezuela a una situación de mayor escasez, al disminuir los inventarios, en momentos en que las reservas internacionales están cayendo y la capacidad de importar se ha restringido debido a la deuda con proveedores externos.
La reposición de esos inventarios
requerirá un incremento sustancial de las importaciones debido a que los mismos
son importados en su totalidad y a corto plazo no hay posibilidades de
elaborarlos en Venezuela. Igualmente, se corre el riesgo de que aumente el
desempleo, como resultado del allanamiento, ocupación y cierre de
establecimientos comerciales. Conviene precisar que el mayor generador de
empleo en Venezuela es el sector comercial, justamente el más golpeado por la
arbitrariedad del gobierno.
Tenemos propuestas para sacar a
Venezuela de la crisis.
Venezuela no está para más ensayos fallidos, ni que se siga ocultando tras una cortina de una Ley Habilitante para combatir la corrupción, cuando son las acciones económicas del gobierno nacional las que ayudan a incentivarla.
La agudización de la crisis exige
orientaciones claras y medidas integrales que ataquen las causas de la crisis
que hoy sufre el país. La Mesa de la Unidad Democrática, con base en su
propuesta de país, ha planteado que la solución a la crisis económica que
padece Venezuela pasa por alcanzar un consenso sobre lineamientos concretos que
permitan superar las dificultades económicas y enrumbar al país por una senda
de crecimiento, progreso e inclusión social.
Para ello, la Unidad ha planteado al
país propuestas sustentadas en el respeto a la ley y a los derechos de
propiedad de la gente que trabaja y está dispuesta a aportar al desarrollo de
Venezuela, sin lo cual nadie, desde el pequeño emprendedor hasta el empresario,
estará dispuesto a invertir un céntimo.
Venezuela requiere una de política
económica que cumpla un doble rol. Por una parte, que ayude a estabilizar la
economía y que permita disminuir la inflación sin lo cual ningún programa de
mediano plazo tendría sentido y por la otra sostener el crecimiento y la
diversificación de la economía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico