Por Jesús
Alexis González, 28/11/2013
Históricas
son las discusiones sobre el papel que
debe desempeñar el Estado en la economía, desde los que apoyan que ha de controlar toda la actividad económica
como los que defienden que no debe tener
ninguna participación (a nuestro entender ambos enfoques son inapropiados),
y una tercera visión que lo sitúa como un árbitro
regulador de la actividad económica que se desarrolla en el marco de un modelo económico que le facilita
cumplir con dos funciones primordiales: (1)
corregir las fallas del mercado, y (2)
redistribuir la riqueza nacional; manteniendo un rol secundario ante la
iniciativa privada e interviniendo sólo en aquellas actividades económicas donde el Estado sea más eficiente,
dentro de un marco institucional que garantice una independencia e interrelación adecuada entre los poderes.
Sea
oportuno indicar dos aspectos: (A) un
modelo económico es un proceso impulsado
por el Gobierno en función de organizar la economía sustentado en un juicio de valor sobre el país que se puede
desear (qué debe ser, qué debe hacerse) para lo cual se formulan políticas
económicas; y (B) en una economía de mercado (distinto a libre
mercado) el Estado suele intervenir (con precario éxito) de varias formas en
materia, por una parte, de precios entre ellas la regulación (basada, suponemos, en algún criterio racional
compartido y aceptado entre las partes), y la congelación (fijación unilateral por parte del Gobierno); y por
otra parte interviene en la fijación del
margen de ganancia teniendo como premisa (volvemos a suponer) que dicho
margen permita cubrir los costos de
operación (gastos y costos de la actividad) y donde la fijación del precio
se determine según el costo marginal
(costo de la última unidad producida-vendida-) o según el costo medio (costo total dividido por el número de unidades
producidas-vendidas-). Es claro que estas tres formas de intervención
gubernamental deben tener un límite en el tiempo, a menos que se esté aspirando
una transición hacia una economía planificada
y dirigida (economía socialista) donde la actividad económica está basada
en la propiedad social de los medios de producción en procura de alcanzar el comunismo (año 2013 representan el 0,01%
del total de países); en actuación contraria a la tendencia mundial donde el Estado no interviene directamente en los
mercados ni compite con el sector privado.
En
referencia al costo de oportunidad,
lo podemos entender (de forma sencilla) como que escoger implica renunciar, es decir, al hacer una cosa no podemos
concurrentemente hacer otra cosa, habida cuenta que no podemos satisfacer
simultáneamente todas nuestras necesidades. Esta realidad cobra mayor
sensibilidad cuando se trata del costo
de oportunidad del Estado ya que cuando un Gobierno participa en
actividades inherentes al sector privado importador/comerciante) se está
desviando de su papel básico en cuanto a la atención de la salud, educación,
justicia, seguridad (personal y jurídica), agroindustria (alimentación), infraestructura,
y un largo etcétera; con implícita
renuncia a propiciar y crear las condiciones para alcanzar el bienestar
general de la población observado como renunciar al valor de la mejor opción no
realizada: la suprema felicidad.
Mención
aparte merece la presencia del Estado-regulador
(básicamente del sector privado), ante lo fácil que resulta controlar las
empresas que no son propiedad del Estado ya que sus efectos no recaen sobre el
Gobierno (ni los gastos), pero subyacentemente puede estimular confrontaciones
ideológicas y hostil enfrentamiento
entre bloques sociales; escenario distinto a intervenir para corregir fallas del mercado. La
regulación, materializada como restricciones impuestas por el Gobierno sobre el
poder de decisión de las empresas en materia de precios, cantidades, margen de
ganancia, limitación de beneficios, y otros, tomadas en ambiente inflacionario (manteniendo los precios congelados y
regulados) han de ser revisadas periódicamente ( en razón al incremento en los
costos) so pena de desestimular la producción como consecuencia a las
expectativas de potenciales pérdidas, lo cual obviamente se traduce en una escasez que tiene efecto multiplicador
sobre sí misma. La intervención del Estado en el campo económico, se hace
deseable cuando se orienta a mejorar la
prestación de los servicios públicos y a superar desequilibrios
macroeconómicos, impulsar el crecimiento de la economía y fomentar la
competencia. A manera de conclusión en relación al costo de oportunidad del Gobierno, vale la pena citar un viejo
eslogan: no realizar intervención alguna
si dicha solución es más costosa que la falla que se pretende resolver.
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