Por
Anabella Abadi M.
Según declaraciones oficiales hechas desde el Gobierno
Central, las largas colas se deben a causas
como la guerra económica, el
contrabando, el bachaqueo, compradores infiltrados, exceso de consumo, colas
inducidas, ausentismo laboral, histeria e inestabilidad emocional, entre otras
más. En junio de 2015 el
entonces Ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, declaró que “la gente
está en las colas porque hay un producto que comprar”. Sin embargo, le faltó
agregar un factor fundamental de esa ecuación: hay productos, pero no
suficientes.
1. ¿A
qué se deben las colas? Cuando hay más demanda que oferta y, por tanto, no
todos los que quieren y pueden pagar un productotienen acceso a él, se generan
colas como parte de los mecanismos de racionamiento para la asignación de
esos productos escasos.
En
Venezuela, a medida que se comenzó a pronunciar la escasez general en 2013,
las colas se convirtieron en un fenómeno común, al punto que se comenzaron a
repartir tickets numerados y hasta marcar a los consumidores en los brazos para
garantizar el orden de las colas, hasta que vinieron la pernocta y la venta de
los puestos en las colas como prácticas regulares.
A
medida que se prolonga la recesión —es decir: la caída de la producción local
de bienes y servicios— y los precios del crudo se mantienen relativamente bajos
—dificultando la importación de insumos productivos y bienes de consumo final—
las colas aumentan.
En
mayo de 2015, Datanálisis reportaba que
el venezolano hacía en promedio entre 2 y 5 horas de cola a la semana y una
compra cada 4 días. En 2016, las colas se perciben aún más largas y se han
extendido a diversos sectores tales como higiene personal, repuestos de
automóviles y listas de espera para exámenes médicos.
2.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Antes que intentar atacar el problema
del desabastecimiento mediante el impulso del aparato productivo nacional, el
Gobierno Central se ha enfocado en tratar de regular las colas. Igual que en el
caso de la inflación, han intentado atacar las consecuencias y no las causas
del problema. Por ejemplo:
2013. El mes de diciembre de este año algunos
establecimientos de la red pública de alimentación comenzaron a implementar la
venta de productos según el numéro terminal de la cédula de identidad. Los
consumidores sólo podrían comprar una cantidad específica de algunos productos
el día de la semana que le correspondieran según su documento de identidad.
2014. En
marzo el presidente Nicolás Maduro anunció un
“sistema digitalizado de abastecimiento seguro”, refiriéndose a un sistema
biométrico implementado en en la red pública que ahora registraba las huellas
digitales de los compradores.
Maduro llegó a precisar que
“todos podrán seguir haciendo lo mismo que hacen hoy, ir a Mercal y comprar lo
que hace falta a su familia sin restricciones de ningún tipo. Solamente vamos a
hacer un gran censo […] para cerrar toda posibilidad de que los productos se lo
lleven los contrabandistas”. El registro biométrico que la opinión pública llamó
“captahuellas” comenzó un mes después.
Ya en agosto de 2014 el
entonces Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, precisó que
contemplaban emitir una providencia para reglamentar el número de cajas que
cada súpermercado e hipermercado debe tener según el metraje del
establecimiento, para así intentar reducir las colas. Este anuncio se hizo días
después de que comenzaron a multar a algunos locales que
no tenían todas las cajas registradoras abiertas y donde se formaban largas
colas.
En
aquel momento también se anunció que el sistema biométrico se implementaría supermercados
privados, farmacias y establecimientos comerciales de productos básicos.
Un par
de meses después, en octubre de 2014,
circuló una lista de productos que no podrán vender los comerciantes informales
(buhoneros), tales como productos de higiene personal, salud, educación,
vivienda e insumos y alimenticios.
Además,
en noviembre de 2014 se
reportó que los productos del programa del Ejecutivo Nacional “Mi casa
bien equipada” también se venderían según el terminal de cédula y por orden de
llegada. Y ya en diciembre de 2014 eran
catorce los productos que se vendían por terminal de cédula en la red pública:
aceite vegetal, azúcar, arroz, arvejas, lentejas, pollo, carne, pasta, café,
harina precocida de maíz, leche en polvo y líquida, atún, sardinas, caraotas
negras y margarina.
2015. Entre
enero y febrero algunos gobernadores oficialistas (como los de los estadosBolívar, Falcón, Yaracuy, Cojedes, Trujillo y Zulia) prohibieron las
pernoctas o colas nocturnas para la compra de productos básicos.
En abril los
supermercados privados comenzaron a implementar la venta de productos de la
cesta básica de acuerdo con el terminal de la cédula de los compradores. Y ese
mismo mes, el Ministerio para la Alimentación emitió una lista de cincuenta productos (alimentos,
artículos de higiene, sueros y complementos nutricionales) y reguló la cantidad
que se podría comprar cada siete días.
Dos
meses después, en junio de 2015, el
entonces Ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, informó que el Gobierno
Central estaba evaluando la eliminación de la restricción de venta de productos
básicos de acuerdo al terminal del número de cédula. Sin embargo, no especificó
plazo.
Pero
en septiembre de 2015 se reactivó la
venta de productos básicos según el terminal de la cédula en Mercal, Pdval y
Abastos Bicentenario. Además, algunos consejos comunalespedían
cédula y RIF o carta de residencia para asignar el número de la cola para poder
comprar en Mercal. Durante ese mes las cadenas de supermercados estaban terminando de instalar las máquinas captahuellas,
aunque algunas ya tenían meses con los equipos disponibles e incluso en uso.
Por su parte, la Guardia Nacional activó el Plan “Autobús de Drácula” en
Zulia, con la intención de contrarrestar a los bachaqueros y las pernoctas. Ya
a principios de noviembre habían detenido a más de 2.800 personas.
2016. Recientemente
se supo de manera extraoficial que el Gobierno Central cambiaría los días para comprar por terminal de cédula y
que se solicitarán las constancias de residencia en los establecimientos pertenecientes
a la red pública de alimentación.
Todas
estas medidas –que estuvieron acompañadas de constantes fiscalizaciones y
multas– no han aliviado ni aliviarán las colas. Incluso, estas trabas para el
acceso a los productos básicos han generado más colas y generado mayores
incentivos para los mercados informales y mercados negros.
3. ¿Es
posible acabar con las colas? Para acabar con las colas es necesario
aumentar la oferta de productos mediante la reactivación del aparato productivo
nacional. Y para lograr eso se deben eliminar las trabas burocráticas y los
controles que desincentivan la producción local, sobre todo en un contexto de
relativos bajos precios del crudo pues se necesita atraer inversión extranjera.
Esta tarea a su vez requiere la eliminación de la distorsión de precios
relativos en la economía (no sólo de bienes y servicios, sino también del tipo
de cambio y remuneraciones), en tanto se transita al establecimiento de
mecanismos eficientes para la formación de precios.
Sin
embargo, el Gobierno Central continúa en un proceso de “perfeccionamiento del control”.
Se trata de medidas superficiales que no alteran la esencia y orientación
básica del sistema sino que se basan en la reasignación de responsabilidades,
la reorganización del Poder Ejecutivo a nivel funcional y territorial, las
fusiones de empresas públicas y la planificación central basada en métodos
aparentemente más “sofisticados”.
Para
aliviar las colas es necesaria una verdadera reforma económica que pase por
ajustar la política económica con enfoque en restituir los equilibrios
macroeconómicos, abandonar los mecanismos de intervención directa en la
asignación de recursos y, sobre todo, garantizar un verdadero compromiso para
la consecución de las reformas con base en el consenso.
A la
fecha, nada parece indicar que el Gobierno Central esté comprometido con una
política de reforma económica. El ciclo electoral de 2016 brinda importantes
desincentivos para hacer ajustes económicos que tendrán fuerte impacto social
y, por tanto, se traducirían en un alto costo político para un Gobierno Central
con un apoyo político debilitado.
21-03-16
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