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sábado, 8 de octubre de 2016

Elecciones regionales: la crisis económica no es una excusa para postergarlas por @ignandez


Por José Ignacio Hernández


En diciembre de este año vence el período de cuatro años por el cual fueron electos los Gobernadores de estado y diputados regionales en diciembre de 2012. Al día de hoy, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha convocado esas elecciones. Tampoco ha dictado el cronograma de esas elecciones. A decir verdad, el CNE no ha hecho nada en relación con las elecciones regionales.

Y quizás como este silencio del CNE puede generar suspicacias, algunos voceros del sector oficial han tratado de justificar, recientemente, por qué las elecciones regionales no deberían hacerse. Todas esas justificaciones se anclan en la crisis económica.

¿Es una justificación válida, o simplemente una excusa para no hacer las elecciones regionales?

Un período de cuatro años (y ni un día más)

De conformidad con los artículos 160 y 162 de la Constitución, el período de los Gobernadores y diputados regionales electos en diciembre de 2012 es de cuatro años, y ni un día más. Ello es consecuencia de un principio básico de nuestro régimen representativo (o “electivo”, como le llama la Constitución): los mandatos conferidos con el voto son improrrogables. Esos mandatos pueden ser terminados antes —mediante el Referendo Revocatorio— pero no pueden ser extendidos.


Con lo cual, irremediablemente, el período de los Gobernadores y diputados vencerá cuatro años después de que tomaron posesión de sus cargos, con lo cual, también irremediablemente, el CNE está en el deber de convocar, en el 2016, las elecciones para que los electores puedan otorgar un nuevo mandato.

Pero al día de hoy, como dije, el CNE ha guardado silencio en torno a las elecciones regionales. Faltando menos de tres meses para que termine el año, no parece descabellado pensar que la intención del CNE, simplemente, es no hacer esas elecciones.

¿La crisis económica justifica diferir las elecciones regionales?

 El silencio del CNE ha sido suplido por voceros del sector oficial que recientemente han tratado de justificar el diferimiento de las elecciones regionales. Así, el diputado Pedro Carreño opinó que “debido a la crisis económica que atraviesa el país en la actualidad, las elecciones de gobernadores no son prioridad para el Gobierno”. Esto fue confirmado recientemente en declaraciones emitidas desde la Presidencia de la República: “La prioridad no es hacer elecciones. La prioridad en Venezuela es recuperar la economía”.

Hay al menos cuatro razones que permiten explicar por qué la crisis económica no puede justificar el diferimiento de las elecciones regionales.

La primera razón, a la cual ya hice alusión, es que todo mandato popular es improrrogable, lo cual conlleva el deber de convocar elecciones antes de su vencimiento. La Constitución no dice que el mandato de los Gobernadores y diputados regionales es de cuatro años “siempre y cuando existan recursos para efectuar una nueva elección”. Lo que dice, en realidad, es que ese mandato es de cuatro años, y punto.

El CNE estaba constitucionalmente obligado a planificar las elecciones regionales a inicios de 2016, como hizo en 2012. Si entonces podía prever que no tendría recursos suficientes, debió efectuar las gestiones presupuestarias correspondientes para atender a esa situación. Pero como indiqué, el CNE nada ha hecho en relación con esas elecciones.

La segunda razón es que condicionar la realización de elecciones a la crisis, es tanto como condicionar la garantía de los derechos fundamentales a la existencia de recursos económicos. En Venezuela —y muchos otros países— ya se ha aceptado que el goce y disfrute de los derechos fundamentales no puede quedar condicionado por el déficit de recursos. De nuevo: la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir a las autoridades electores, derecho que no puede suspenderse, simplemente, por una crisis económica.

Tercera razón. Condicionar la realización de elecciones a la existencia de crisis económica implica, entonces, que en época de crisis todos los países se convierten en dictadura. Y eso, por supuesto, está fuera de la Constitución.

Cuarta y última razón: no tiene sentido crear una disyuntiva entre atender la economía “o” hacer elecciones. La realidad es otra: se puede atender la economía “y” hacerse elecciones. Es más: haciendo elecciones se estará contribuyendo a mejorar la economía, pues las elecciones, y la democracia, tienden a crear condiciones institucionales adecuadas para el buen desempeño económico y la corrección —vía voto popular— de erradas políticas públicas.

¿Y el Decreto de Emergencia Económica?

Otra razón para no hacer las elecciones regionales sería, según otras declaraciones, el Decreto de Emergencia Económica.

Esto tampoco es cierto.

Ya expliqué en Prodavinci que el estado de excepción no justifica la suspensión o diferimiento de elecciones. Primero, pues el estado de excepción no permite afectar el ejercicio del derecho al sufragio. Segundo, pues el Artículo 339 de la Constitución señala que “la declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”. ¿Y eso qué significa? Que la declaratoria del estado de excepción no interrumpe el normal funcionamiento del Poder Electoral, el cual tiene que convocar elecciones.

¿Qué pasa si el CNE no convoca a elecciones regionales?

Si el CNE no convoca a elecciones regionales —lo que luce muy probable— se generarán tres consecuencias.

La primera consecuencia es que el CNE estará omitiendo cumplir con el deber de convocar a las elecciones regionales, violando el derecho al sufragio y violentando el orden democrático.

La segunda consecuencia es que el diferimiento de las elecciones implicará, además, la violación de la Carta Democrática Interamericana, algo que podría tomarse en cuenta en el proceso de aplicación de esa Carta por la Organización de Estados Americanos.

La tercera y última consecuencia es que el mandato de cuatro años de los gobernadores y diputados vencerá, aun si el CNE no convoca a nuevas elecciones. Al no ser ello imputable a estos Gobernadores y diputados, estos tendrán que mantenerse en el ejercicio del cargo, sin que ello afecte la validez de sus decisiones. Pero su período habrá vencido, sin que el CNE permita a los venezolanos ejercer su derecho a las elecciones de nuevas autoridades.

07-10-16