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lunes, 17 de octubre de 2016

Ley de Presupuesto y corrupción, por @OmarBarbozaDip



Omar Barboza Gutiérrez 17 de octubre de 2016

Cuando el exMinistro Giordani denunció que en Cadivi se habían robado 25.000 millones de dólares, con asignaciones de divisas a empresas de maletín pertenecientes a testaferros de funcionarios públicos y dirigentes del oficialismo, y ante el reclamo de la sociedad democrática para que se investigaran esos hechos, el Presidente Maduro le prometió al país realizar esa investigación y sancionar a los responsables, tenía una gran oportunidad de demostrar si estaba del lado de los corruptos o de los intereses del pueblo, y como consecuencia de ese anuncio el 3 de Diciembre del año 2013, según Gaceta Oficial No. 40.307, designó una comisión para realizar esa investigación e informar al país de los resultados y de las sanciones en contra de los responsables. Esa Comisión está presidida por el actual Diputado Ricardo Sanguino, por los actuales Ministros Jesús Faría y Vladimir Padrino, y por otros funcionarios, y a estas alturas la misma aún no ha informado del resultado de esa investigación, por lo cual no es necesario un profundo análisis para llegar a la conclusión de que no se designó para investigar esos hechos, sino para silenciar un desfalco que hoy representa más del doble de las reservas internacionales actuales de Venezuela.

La intención de evitar la investigación y el control sobre el manejo de los recursos públicos se expresó claramente a partir del triunfo de la unidad democrática el 6 de diciembre de 2015; sabiendo que es a la Asamblea Nacional la que le corresponde la atribución constitucional del control de la Administración Pública Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 187 numeral 3 de la Carta Magna, la cúpula beneficiada con el manejo deshonesto de los dineros del pueblo se reunió de emergencia y elaboraron un plan para evitar ser controlados por una Asamblea Nacional dispuesta a cumplir con sus responsabilidades, y acordaron ejecutar tres acciones: Para tratar de librarse del riesgo de quedar descubiertos, violando la Ley y la Constitución, empezaron por designar adelantadamente a Magistrados militantes del Partido de gobierno para impedir, con apariencia de legalidad, las actuaciones constitucionales del Poder Legislativo; la segunda acción que ejecutaron fue suspender arbitrariamente a 3 Diputados electos del Estado Amazonas para impedir el ejercicio de las dos terceras partes, mayoría calificada que la voluntad popular le otorgó a los candidatos de la unidad democrática para cumplir con el mandato de impulsar el cambio político; y luego, una vez instalada la nueva Asamblea Nacional, en el mismo mes de enero de este año 2016, el Presidente Maduro asiste a la misma para solicitarle la declaratoria de la Emergencia Económica con la excusa de combatir la supuesta guerra económica de la oligarquía y del imperio, la cual fue negada por la Asamblea por estar mal fundamentada y por no estar en disposición de renunciar a sus atribuciones, ni a dejar de cumplir con el mandato que el pueblo le dio con el voto. Entonces recurrió a sus Magistrados para que le aprobaran esa Emergencia sin tener atribuciones para hacerlo violando claramente la Constitución, pero al gobierno lo que le interesaba era una apariencia de legalidad para manejar el dinero público por Decreto como lo ha hecho durante este año, y sobre todo no someterse al control constitucional de la Asamblea Nacional.

Lo que ha ocurrido con la Ley de Presupuesto del 2017 es una demostración adicional de que al Presidente Maduro y a su entorno íntimo, lo que le interesa es seguir manejando el dinero público a escondidas y sin control, y a pesar de que a la Asamblea Nacional, de acuerdo al Artículo 187 numeral 6, le corresponde aprobar la Ley de Presupuesto y orientar el destino del gasto, se burla de esa disposición con la excusa de que el Poder Legislativo está fuera de la Constitución. El Presidente Maduro recurrió a sus incondicionales de la Sala Constitucional para que le sigan pagando los favores recibidos, y estos bárbaros disfrazados de Magistrados, lo que hicieron fue darle apariencia de legalidad a una violación evidente de la Constitución, asumiendo la Sala Constitucional la vergüenza para la justicia de tomar ellos las funciones de control político y de legislar que solo les corresponde al Poder Legislativo por la legitimidad que le da la voluntad popular y el Artículo 5 de la Carta Magna.

La respuesta contundente, permanente y firme, debe ser la de movilización nacional hasta triunfar en el Revocatorio o producir la renuncia del Presidente de la República por solicitud del pueblo en la calle.

Omar Barboza Gutierrez