Omar Barboza Gutiérrez 17 de octubre de 2016
Cuando
el exMinistro Giordani denunció que en Cadivi se habían robado 25.000 millones
de dólares, con asignaciones de divisas a empresas de maletín pertenecientes a
testaferros de funcionarios públicos y dirigentes del oficialismo, y ante el
reclamo de la sociedad democrática para que se investigaran esos hechos, el
Presidente Maduro le prometió al país realizar esa investigación y sancionar a
los responsables, tenía una gran oportunidad de demostrar si estaba del lado de
los corruptos o de los intereses del pueblo, y como consecuencia de ese anuncio
el 3 de Diciembre del año 2013, según Gaceta Oficial No. 40.307, designó una
comisión para realizar esa investigación e informar al país de los resultados y
de las sanciones en contra de los responsables. Esa Comisión está presidida por
el actual Diputado Ricardo Sanguino, por los actuales Ministros Jesús Faría y
Vladimir Padrino, y por otros funcionarios, y a estas alturas la misma aún no
ha informado del resultado de esa investigación, por lo cual no es necesario un
profundo análisis para llegar a la conclusión de que no se designó para
investigar esos hechos, sino para silenciar un desfalco que hoy representa más
del doble de las reservas internacionales actuales de Venezuela.
La
intención de evitar la investigación y el control sobre el manejo de los
recursos públicos se expresó claramente a partir del triunfo de la unidad
democrática el 6 de diciembre de 2015; sabiendo que es a la Asamblea Nacional
la que le corresponde la atribución constitucional del control de la
Administración Pública Nacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 187
numeral 3 de la Carta Magna, la cúpula beneficiada con el manejo deshonesto de
los dineros del pueblo se reunió de emergencia y elaboraron un plan para evitar
ser controlados por una Asamblea Nacional dispuesta a cumplir con sus
responsabilidades, y acordaron ejecutar tres acciones: Para tratar de librarse
del riesgo de quedar descubiertos, violando la Ley y la Constitución, empezaron
por designar adelantadamente a Magistrados militantes del Partido de gobierno
para impedir, con apariencia de legalidad, las actuaciones constitucionales del
Poder Legislativo; la segunda acción que ejecutaron fue suspender
arbitrariamente a 3 Diputados electos del Estado Amazonas para impedir el
ejercicio de las dos terceras partes, mayoría calificada que la voluntad
popular le otorgó a los candidatos de la unidad democrática para cumplir con el
mandato de impulsar el cambio político; y luego, una vez instalada la nueva
Asamblea Nacional, en el mismo mes de enero de este año 2016, el Presidente Maduro
asiste a la misma para solicitarle la declaratoria de la Emergencia Económica
con la excusa de combatir la supuesta guerra económica de la oligarquía y del
imperio, la cual fue negada por la Asamblea por estar mal fundamentada y por no
estar en disposición de renunciar a sus atribuciones, ni a dejar de cumplir con
el mandato que el pueblo le dio con el voto. Entonces recurrió a sus
Magistrados para que le aprobaran esa Emergencia sin tener atribuciones para
hacerlo violando claramente la Constitución, pero al gobierno lo que le
interesaba era una apariencia de legalidad para manejar el dinero público por
Decreto como lo ha hecho durante este año, y sobre todo no someterse al control
constitucional de la Asamblea Nacional.
Lo que
ha ocurrido con la Ley de Presupuesto del 2017 es una demostración adicional de
que al Presidente Maduro y a su entorno íntimo, lo que le interesa es seguir
manejando el dinero público a escondidas y sin control, y a pesar de que a la
Asamblea Nacional, de acuerdo al Artículo 187 numeral 6, le corresponde aprobar
la Ley de Presupuesto y orientar el destino del gasto, se burla de esa
disposición con la excusa de que el Poder Legislativo está fuera de la
Constitución. El Presidente Maduro recurrió a sus incondicionales de la Sala Constitucional
para que le sigan pagando los favores recibidos, y estos bárbaros disfrazados
de Magistrados, lo que hicieron fue darle apariencia de legalidad a una
violación evidente de la Constitución, asumiendo la Sala Constitucional la
vergüenza para la justicia de tomar ellos las funciones de control político y
de legislar que solo les corresponde al Poder Legislativo por la legitimidad
que le da la voluntad popular y el Artículo 5 de la Carta Magna.
La
respuesta contundente, permanente y firme, debe ser la de movilización nacional
hasta triunfar en el Revocatorio o producir la renuncia del Presidente de la
República por solicitud del pueblo en la calle.
Omar
Barboza Gutierrez
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