Por José Ignacio Hernández
“¿Por qué continúas
predicando, si sabes que no puedes cambiar a los malvados?”, le preguntaron a un rabino. “Para no cambiar yo”, fue su respuesta.
Norman Manea
Por donde menos se espera
salta la liebre, señala el dicho. Y la liebre saltó.
¿Qué puede decirse de los
todavía confusos acontecimientos que la tarde del 20 de octubre de 2016
suspendieron el Referendo Revocatorio? ¿Y después de eso, qué puede hacerse?
Un fraude a la Constitución
En el intercambio que ayer
pude hacer en Prodavinci sobre lo que estaba sucediendo, muchos me
respondían que no tenía sentido explicar por qué era inconstitucional lo que
estaba pasando. Algunos de esos comentarios, por insólito que parezca, venían
de abogados.
En el mismo momento en que
el ciudadano renuncia a razonar por qué se está defendiendo la Constitución,
está renunciando, también, a la defensa de la Constitución.
Por eso, hay que explicar
por qué lo sucedido ayer es un fraude a la Constitución. Un fraude muy mal
montado, pues sus artífices dejaron una cantidad notable de evidencias. Veamos.
El primer acto del fraude
fue la sentencia de la Sala Electoral que “interpretó” que el 20% debía
cumplirse por estados. Ahora entendemos por qué la Sala aclaró lo obvio: bastó
la suspensión del 20% en algunos estados, para que el CNE suspendiera todo el
procedimiento.
Segundo acto del fraude:
varios Gobernadores del sector oficial, casi simultáneamente, anuncian
sentencias de Tribunales Penales que habrían anulado el revocatorio. En
concreto, se trataron de varias decisiones de Carabobo, Aragua, Bolívar y
Apure, por lo menos. Presumamos la buena fe. ¿Qué probabilidad hay de que
distintos Tribunales, sin ponerse de acuerdo, decidan dictar decisiones
similares en el mismo momento? Ninguna. Lo que sucedió fue, simplemente, un
plan coordinado de manera muy tosca: varios Tribunales ejecutaron un plan
concebido para suspender el revocatorio.
Tercer acto. Los Tribunales
que suspendieron el revocatorio son Tribunales Penales. Aquí la liebre saltó,
como se esperaba, pero no saltó de donde se esperaba. No fue así el Tribunal
Supremo de Justicia ni el CNE los que suspendieron el revocatorio: fueron
Tribunales Penales. Pero hay un detalle: los Tribunales Penales no tienen
competencia para suspender o afectar procedimientos electorales, como el
procedimiento de recolección del 1% y el procedimiento del 20%. Basta leer el
artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal para darse cuenta de eso. Aquí
los artífices del fraude dejaron más de una evidencia que, por razones de
espacio, no puedo detallar.
Cuarto acto. El CNE decide,
sobre las ocho de la noche del 20 de octubre, que debía acatar las sentencias
de las cuales había sido notificado. Eso es muy sospechoso. Me explico. Para
notificar sentencias de Tribunales, deben cumplirse ciertos trámites: hay que
sacar copias, sellar oficios, y lo más importante: hay que llevar físicamente
esas copias a quien es notificado, que en este caso es el CNE. ¿Todo eso se
hizo en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo haber sido el CNE notificado de esas
sentencias, cuando nadie —ni siquiera los supuestos responsables de los delitos
penales investigados— conocía con exactitud de las sentencias?
Tanta celeridad genera
sospechas.
Si a todo esto le sumamos un
viaje presidencial que “coincidió” con todos estos acontecimientos, sólo nos
queda recordar a Ernesto Sabato: las causalidades no existen.
Simplemente, lo que sucedió
es un fraude a la Constitución: varios órganos del Poder Público se pusieron de
acuerdo para crear la apariencia de una decisión jurídica válida y legítima
que, en el fondo, desconoce a la democracia y a la Constitución. Pero el fraude
es tan claro que el esfuerzo resultó inútil: las decisiones de ayer, ni
siquiera, tienen la más mínima apariencia de ser decisiones legítimas dictadas
en el marco de la Constitución.
¿Se suspendió el revocatorio
o se anuló el revocatorio?
o se anuló el revocatorio?
En teoría el revocatorio
está suspendido: hasta que los Tribunales Penales no dispongan lo contrario, el
CNE no retomará el revocatorio. Sin embargo, esa suspensión no será sólo
temporal en la práctica. Allí está el caso de Amazonas. La suspensión durará
indefinidamente, al menos, hasta tanto no cambien las actuales condiciones.
Con lo cual, por ahora, no
hay procedimiento revocatorio.
¿Y ahora qué?
Para tratar de explicar qué
puede pasar ahora, es preciso exponer, en términos sencillos, cuál es la
utilidad del Derecho Constitucional.
Una de las muchas funciones
que cumple el Derecho Constitucional es permitir que los conflictos políticos
sean resueltos de manera pacífica. Para ello existen instituciones. Por
ejemplo: en vez de caerle a golpes a su vecino por los ruidos molestos, usted
acude a la Alcaldía. Estas instituciones funcionan, especialmente, frente al
Estado. Si un órgano del Poder Público abusa, ya no es necesario —como sucedía
antes— iniciar una guerra civil: bastará con acudir a mecanismos
institucionales para, por ejemplo, lograr de un Tribunal la nulidad del acto
abusivo.
Pero esto funciona sí, y
sólo sí, las instituciones actúan bajo el Estado de Derecho, con suficientes
pesos y contrapesos como para asegurar que, en un momento dado, el conflicto
pueda canalizarse por vías institucionales. Al día de hoy, todos las vías
institucionales que dependen de los Poderes Públicos, y a las cuales se ha
acudido para solucionar la crisis por la que atraviesa Venezuela, han sido
cerradas. La última vía institucional que quedaba —el referendo— fue
“suspendido” en un fraude a la Constitución.
Obviamente, que se cierren
esas vías institucionales no significa que el conflicto político se acaba. Todo
lo contrario: ese conflicto persistirá. Pues el CNE y los Tribunales pueden
suspender los actos jurídicos del referendo. Pero no pueden suspender la crisis
política, ni mucho menos pueden suspender el derecho ciudadano a solicitar la
revocatoria del mandato.
¿Y qué hacer cuando todas
las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos se cierran? La
respuesta está en la Constitución. No me refiero aquí, solamente, a la
Constitución de 1999: me refiero a la Constitución histórica, o sea, a toda la
tradición constitucional venezolana que arrancó formalmente hace más de
doscientos años. Quienes diseñaron la Constitución de 1811 previeron que algo
como lo que hoy pasa en Venezuela podía suceder. Y por ello, venezolanos como
Juan Germán Roscio se encargaron de acotar que sólo es legítima la autoridad
que se ejerce dentro de la Constitución. Fuera de ella, la autoridad es
ilegítima, con lo cual, no hay deber de obediencia ciudadana y, además, todo
ciudadano deberá restablecer la Constitución. Palabras más, palabras menos, eso
fue lo que los venezolanos que sancionaron esa Constitución hicieron a partir del
19 de abril de 1810.
¿Qué quiere decir todo esto?
Que la responsabilidad de restablecer la Constitución y lograr una solución
pacífica, ahora, recae en el soberano, o sea, en los ciudadanos que conforman
al pueblo.
Esto no quiere decir que ya
no hay Constitución, como algunos parecen señalar. Lo repito: la Constitución
no existe cuando la Sala Constitucional, el CNE o unos Tribunales así lo digan.
La Constitución existe cuando cada ciudadano decide sujetar su conducta a la
Constitución y actuar, en consecuencia, para restablecerla. Eso sí: no por
cualquier medio. Como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede acabar
con la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo.
No podemos restablecer la
Constitución violando los principios superiores sobre los cuales se ha fundado
nuestra tradición constitucional.
Por ello, es falso que todas
las vías institucionales se acabaron y que, en lo jurídico, ya no hay nada que
hacer. Si eso fuera así, lo que vendría es, simplemente, la barbarie, el
desorden o, como lo dijo Miranda, el bochinche. En realidad, sí hay una vía
constitucional. De hecho, queda en vigor la más importante de todas las vías
institucionales: la soberanía popular.
¿Y ahora qué? La respuesta
es sencilla, pero su ejecutoria es compleja: ahora hay que restablecer la
vigencia de la Constitución, haciendo valer los principios superiores que,
desde 1811, han regido nuestro destino como país. ¿Y cómo hacer eso?
Corresponde a las fuerzas organizadas de la sociedad conducir el proceso que,
basado en esos propios principios constitucionales, logre tal cometido.
El reto no es fácil,
ciertamente. Pero no será la primera vez que los venezolanos lo logren.
21-10-16
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