Por Carlos Romero M., 07/10/2016
El pasado 6 de septiembre, Hidrofalcón, informó sobre la necesidad de
retomar el sistema de racionamiento del servicio de agua cada diez días y por
sólo seis horas en el Estado Falcón debido a que la situación en los embalses
no ha mejorado[1].
En unas declaraciones recientes, el diputado Stalin González expresó:
“los venezolanos tenemos derechos a tener agua potable y de calidad las 24
horas del día y los 365 días al año, hoy ese derecho no está garantizado; hoy,
además de hacer colas para la comida, pagar un alto costo gracias a la
inflación, también tenemos que lidiar con los cortes de luz y los
racionamientos de agua nuestro país[2]”.
En este mismo sentido, la Red de Organizaciones de Baruta, movimiento
que agrupa a vecinos y organizaciones de la comunidad a los fines de impulsar
la participación ciudadana en la solución de problemas concretos, logró
realizar un ejercicio de Contraloría Social por varias semanas, que le permitió
levantar un informe y acudir a la Comisión de Administración y Servicios de la
Asamblea Nacional a los fines de presentar a los diputados de esa Comisión un
ejercicio sistemático de observación que demostró el incumplimiento del horario
de racionamiento de Hidrocapital, particularmente en los sectores que fueron
monitoreados por esa Red.
Los días van pasando, así como los meses, y pronto estaremos en
diciembre. Hasta la fecha no hay informe oficial alguno que permita a los
ciudadanos conocer el estado actual de los embalses y menos aun, conocer las
posibilidades que tiene el Estado de garantizar un mayor nivel de
abastecimiento de agua para las comunidades.
En 2014 el Presidente Maduro creó el Consejo Nacional de Agua; luego,
en 2015, anunció la activación de un Consejo Presidencial del Agua. En algunos
estados como Aragua y Zulia se anunció la creación del Estado Mayor del Agua.
Se termina el año 2016 y se desconoce el resultado de esos Consejos y de
aquellos Estados Mayores de Agua. Por lo tanto, en Venezuela la política
es no informar.
El caso chileno contrasta con el silencio del Gobierno venezolano. En
tal sentido, hace semanas, el Ministerio de Obras Pública y el Ministerio de
Agricultura, presentaron públicamente el Informe de disponibilidad hídrica para
el período 2016-2017, a través del cual garantizan con información la
tranquilidad de los chilenos en cuanto al abastecimiento de agua potable para
las zonas urbanas durante el período de verano.
A los fines de generar mayor transparencia, la Dirección General de
Aguas del Ministerio de Obras Pública de Chile pone a disposición de todos los
interesados el contenido de ese informe a través de su plataforma web[3], a través de la cual
se puede leer sobre la situación de los 19 principales embalses del país y
sobre las 8 estaciones principales de medición de nieve, que son útiles a los
fines de proyectar los deshielos que alimentarán los principales ríos de ese
país[4].
El agua potable no pareciera ser tema prioritario en la Agenda del
Gobierno. Por el contrario, la gestión de Nicolás Maduro lo que ha permitido es
la privatización del servicio de agua, que se traduce en el hecho que quien
puede pagar, así sea alto el costo, es el único que podrá recibir agua, por lo
tanto, su indiferencia contribuye a garantizar el acceso al agua sólo a
quien puede pagar y tiene tanque de reserva, y a quienes viven en sectores
donde una cisterna puede transitar sin dificultad.
Otro ejemplo internacional contrasta con la indiferencia del Gobierno
de Maduro en plantear la situación sobre el abastecimiento del agua y es el
caso del Presidente del Perú, Pedro Pablo Kucksynski, quien desde que el inicio
su mandato ha expresado su compromiso en garantizar el acceso al agua a todos
los ciudadanos, y reconociendo al agua potable a través de sus políticas como
un derecho fundamental, que debe protegerse y sin el cual no habrá vida sana y
feliz[5].
Recientemente, en su participación en la Asamblea General de la ONU,
reiteró el compromiso de su Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030, haciendo mención especial al objetivo de garantizar el acceso al agua
potable a todos los peruanos. El reconocimiento a sus
políticas, pese a estar empezando su período, lo llevó a ser uno de los 10
Jefes de Estado que participaron en un Panel sobre el Acceso al Agua Potable,
organizado por la ONU y por el Banco Mundial[6].
En Venezuela, el Poder Legislativo asumió la labor de investigar el
tema del agua y logró aprobar un Informe Final en abril de 2016, en el cual se
exhortó al Gobierno Nacional a declarar la Emergencia Nacional en materia de
abastecimiento de agua potable y saneamiento, presentar un plan de acción para
hacer frente a esa realidad, promover acciones de manera coordinada con
las demás autoridades estadales y municipales para enfrentar la situación,
entre otras recomendaciones que no han sido aún atendidas por el
Presidente Nicolás Maduro y su equipo de Gobierno.
¿Los ciudadanos tenemos algo que decir? ¿Está en juego la salud
pública? ¿Hay garantías sobre la calidad de la poca agua que estamos
recibiendo? ¿No destruye esta situación la tranquilidad y la convivencia
pacífica en nuestros hogares y comunidades?
El diputado Stalin González, en las declaraciones que se han citado
previamente, propone acudir al Poder Ciudadano para exigir que se garanticen
los derechos de los ciudadanos. Ese reclamo debería acompañarse de la voluntad
expresa de todos aquellos usuarios a quienes no se les reconoce el derecho a la
información y menos aún el derecho fundamental a disfrutar del agua de manera
permanente, continua y de calidad.
¡¿Hasta cuándo sin agua?!
_________________________________________________________
[2] 29 de septiembre de 2016. Online en:
[3]Dirección General de Agua. Informe de disponibilidad hídrica
2016-2017. Online en:
[4] 28 de septiembre 2016.
[5]Presidente anuncia S-2000 millones para proyectos de agua y
desagüe. 30 de septiembre 2016. Online en:
[6]Radionacional.com.pe. Intervención de Kuczynsky en la ONU expresó
firme compromiso con el agua. 22 de septiembre 2016.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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