Omar Barboza Gutiérrez 04 de noviembre de 2016
Hasta
hace poco tiempo, era y sigue siendo claro que el gobierno de Nicolás Maduro ha
perdido lo que se conoce como la legitimidad en el desempeño, lo cual no es
otra cosa que el fracaso de su gestión, fácilmente comprobable con la grave
crisis alimentaria, de la salud y de la inseguridad ciudadana, acompañada de
una gran corrupción con impunidad. A todo este cuadro, cada vez más se le suma
la pérdida de los valores fundamentales, el deterioro de las instituciones en
general, y, en particular, las que tienen que ver con la administración de
justicia.
La
configuración de la situación nacional antes descrita de manera resumida,
impulsó a la mayoría del pueblo venezolano a utilizar el derecho que le
establece la Constitución Nacional de poder revocar al Presidente de la
República, responsable de esa gestión tan negativa para el país. Buscando una
solución democrática, constitucional y electoral, el pueblo venezolano se
organizó para lograr a través del revocatorio, el cambio político necesario
para rescatar la esperanza en el porvenir nacional, y avanzar hacia un modelo
que garantice un desarrollo económico estable, en libertad, y con justicia
social.
Ante
esa decisión claramente mayoritaria de la sociedad democrática, quienes hoy se
aferran al poder en Venezuela, no para servirle al interés nacional sino para
proteger los intereses y privilegios de la pequeña cúpula que gobierna,
decidieron, utilizando métodos fraudulentos, dar un zarpazo a los derechos
constitucionales del pueblo, manipulando como títeres alquilados a jueces
incompetentes en materia electoral para tomar decisiones, que convalidó el CNE consagrándose
así como una casa para trucos que impide el ejercicio de los derechos políticos
de los venezolanos, y como coronación de su conducta bochornosa, le agregó la
suspensión de las elecciones de gobernadores de Estados, violando la
disposición expresa sobre esa oportunidad prevista en la Constitución Nacional.
De esa
manera Nicolás Maduro, que podía alegar la legitimidad de origen que le otorgó
la voluntad popular que lo eligió, al impedir que esa misma soberanía del
pueblo ejerza el derecho a revocarlo, que según el Artículo 5° tiene la misma
base Constitucional que el derecho a elegirlo, perdió su legitimidad de origen
al desconocer la fuente a la cual están sometidos todos los órganos del Estado
de acuerdo a la disposición antes citada.
Ante
ese atropello, reaccionó con toda su fuerza la gran mayoría del pueblo
venezolano que presenció cómo, a través de una truculencia mal disimulada, se
le pretende arrebatar su derecho a ser la fuente de la legitimidad del Poder
Público Nacional, de allí las protestas realizadas y las diferentes acciones
que puedan desarrollarse en el futuro. También los organismos internacionales y
los demócratas auténticos del mundo se han solidarizado con el pueblo
venezolano que protesta y lucha, que hoy significa solidarizarse con la
democracia como sistema, que es lo que en realidad está en juego. El clamor se
extendió por el mundo al punto que el Estado Vaticano, en la persona de su
Santidad, decidió participar y designó un representante del Papa en la Mesa de
Diálogo que se acaba de instalar en nuestro país con el objeto de buscarle una
solución pacífica a las consecuencias del desconocimiento de la voluntad
popular por parte del gobierno nacional que controla todos los poderes con
excepción del legislativo.
En esa
Mesa se han planteado muchos temas importantes, tales como el humanitario y la
falta de abastecimiento de comida y medicinas para el pueblo venezolano,
problemas que a todos nos preocupa y debemos contribuir a sus soluciones; pero,
lamentablemente estamos convencidos de que al gobierno nacional lo que en
verdad le interesa en este Diálogo es ganar tiempo para quedarse en el poder y
convalidar de alguna manera el gravísimo desconocimiento a la soberanía popular
como fuente de legitimación de todos los órganos del Poder Público.
Es por
ello que expreso mi convicción de que este Diálogo sólo será exitoso, si en un
corto plazo sirve para acordar entre las partes un cronograma electoral para
legitimar el ejercicio de la Presidencia de la República, a través del
Revocatorio o recortando el mandato presidencial con una Enmienda
Constitucional aprobada por todos, sin excluir, si es necesario para el
acuerdo, la legitimación de otros poderes, y la elección de los gobernadores de
Estado.
En un
país civilizado con una crisis del tamaño de la venezolana, si las partes en
conflicto de verdad quieren la paz, la crisis de la Democracia se resuelve
convocando al verdadero dueño del poder, que es el pueblo, para que decida
quiénes lo deben gobernar.
Omar
Barboza Gutierrez
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