Carlos Romero M., 09/12/2016
El 23 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional a
través del Acuerdo para la Restitución del orden Constitucional, declara
de manera expresa que en el país ha ocurrido una ruptura constitucional y un
golpe de estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Hay dos documentos de la Conferencia Episcopal
Venezolana que, de manera oportuna y contundente, advirtieron de esa ruptura
constitucional desde el año 2011, días después de aquél vergonzoso ejercicio de
legislación express por parte de la Asamblea Nacional en diciembre 2010, cuando
se aprobaron y reformaron leyes que imponían el modelo del Estado Comunal.
El primer documento se expresó a través de la Exhortación
Pastoral, titulada: Anhelos de Unión, Justicia, Libertad y Paz
para Venezuela, firmada el 11 de enero de 2011, y a través del cual la
Conferencia Episcopal Venezolana exigió al Gobierno Nacional y a sus dirigentes
respetar las exigencias democráticas del pueblo venezolano plasmadas en la
Constitución y a rectificar en su propósito de establecer la hegemonía absoluta
del Estado sobre todos los espacios y aspectos de la vida en Venezuela.
Los Obispos afirmaron categóricamente que es ineludible,
imperativo, ético y legal respetar la letra y espíritu de la Constitución,
pues en su contenido reposa el fundamento jurídico del estado de derecho, la
garantía de los derechos del pueblo y de cada persona en particular; así como
también, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y del correcto
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Con gran claridad, la Conferencia Episcopal
advirtió, en enero de 2011, que aquellas reformas legislativas y esas nuevas
leyes aprobadas con suma rapidez por parte de la Asamblea Nacional en diciembre
de 2010, a sólo días de juramentarse los nuevos diputados electos en septiembre
de ese mismo año, comprometían la libertad, la justicia y los derechos
constitucionales del pueblo.
En esa Exhortación Pastoral, ya se nos alertaba
de la agenda ideológica destinada a imponer un sistema socialista y totalitario
del Estado y del gobierno, que claramente, advertían, era contrario a la
Constitución vigente. No faltó el llamado a reflexionar sobre ese
proyecto ideológico que fue rechazado en el referendo del 2 de diciembre de
2007, ratificándose en ese momento la vigencia y legitimidad de la Constitución,
que fue igualmente aprobada por la voluntad del pueblo.
Con claridad, los Obispos venezolanos advirtieron
que ese proyecto político aprobado vía legislativa menoscaba la forma federal y
descentralizada del Estado imponiendo nuevas estructuras ideológicas,
caracterizadas por su naturaleza excluyente, centralizadora y presidencialista;
que además, irrumpían en el orden institucional de las competencias de
Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias.
En aquél momento la Conferencia Episcopal también
reclamó el intento por debilitar a la Asamblea Nacional como institución
democrática de representación, control y legislación, mediante la modificación
del Reglamento Interior y de Debates.
La Exhortación Pastoral concluye declarando como
inaceptable la conducta de la Asamblea Nacional de aquél diciembre de
2010, argumentando que la misma ofendía la dignidad de cada persona; desconcía
la soberanía popular y por último, vulneraba gravemente el bien común, la
institucionalidad democrática y los derechos de los venezolanos.
Unos años después, el 2 de abril de 2014, en
ocasión a la crisis generada por las guarimbas en Venezuela, la Conferencia
Episcopal Venezolana, fija posición sobre la realidad país, a través de
un Comunicado titulado: Responsables de la Paz y del
destino democrático de Venezuela. Ese es el segundo documento de
gran relevancia a que hacía mención al inicio del artículo, pues en el mismo la
Conferencia Episcopal identifica que el gran culpable de la crisis que afecta
al país es la imposición de un proyecto político, económico y social, por parte
del Gobierno, que se ve expresado en el Plan de la Patría 2013-2019.
La Conferencia Episcopal Venezolana advierte, en
su Comunicado, que el sistema de gobierno previsto en ese Plan se diseña como
un modelo de corte totalitario, y que ello se logra percibir en la práctica a
través de las siguientes conductas del gobierno nacional: las restricciones
a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la
falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y
ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en
nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos;
la brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o
apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión
física.
Las alertas y advertencias, reflexiones y
llamados de la Conferencia Episcopal Venezolana a través de documentos como los
dos mencionados en las líneas anteriores, no lograron efectivamente mover a la
población y menos aun frenar el avance de una crisis política, social y
económica que hoy se profundiza con mayor gravedad.
En esos dos documentos de la Conferencia
Episcopal, claramente se anuncia una ruptura del orden constitucional, que
luego el 23 de octubre de 2016, reconoce expresamente la Asamblea Nacional en
el Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela.
Desde la Asamblea Nacional, en sus últimos
Acuerdos, se ha hecho un llamado sistemático a los ciudadanos para que asuman
la defensa activa, constante y valiente de la Constitución, de la democracia y
del estado de derecho hasta lograr la mencionada restitución.
En tal sentido, la propia Asamblea en el Acuerdo
para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del
Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y
democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación,
del 25 de octubre 2016 se declaró en sesión permanente de consulta popular, en
la sede del parlamento y en las comunidades para determinar junto al pueblo, en
asambleas, movilizaciones y diversas formas de deliberar y manifestar
públicamente cómo abordar los desafíos que el país nos impone.
En ese mismo sentido, en el Acuerdo en
defensa de los principios democráticos y republicanos, con motivo de la
Sentencia No 948 de la Sala Constitucional del TSJ del 16 de noviembre
2016, la Asamblea insiste en acompañar al Pueblo en la reivindicación de sus
derechos fundamentales y emitir los pronunciamientos que correspondan en el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, siempre que se incurra en una
amenaza o violación a los mismos.
La realidad dramática y vergonzosa que nos
presenta el país, exige y demanda que como sociedad pasemos de Acuerdos
aprobados en la Asamblea Nacional, a Acuerdos refrendados en espacios públicos,
luego de debates ciudadanos para que con suficiente legitimidad, se reclame a
viva voz la RENUNCIA del Presidente Nicolás Maduro Moros.
A tal fin, es oportuno no olvidar que la Asamblea
Nacional se declaró es sesión permanente, tanto en la sede del parlamento, como
en las comunidades, por lo tanto, sólo falta la voluntad política para unir las
voces de los representantes electos con la de sus representados, en un mismo
reclamo nacional, rescatando los espacios públicos, con verbo pacífico y
respetuoso, característico de un pueblo que diariamente prueba que en esencia
es demócrata, a los fines de reclamar con fuerza respeto a la Constitución y a
nuestra condición de ciudadanos.
La solicitud de renuncia, uniendo las voces de
los representantes electos con la de sus representados, no puede ser confiscada
y hoy debe ser el elemento cohesionador de un clamor popular que está en la
calle y que grita fuertemente por un necesario y urgente cambio político.
Las instituciones han hablado con oportunidad y contundencia, ahora nos
corresponde a los ciudadanos.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
Carlos Romero M.
@carome31
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