Por Yorman Guerrero
A Ricardo lo detuvieron a
las 2:30 de la tarde del sábado 3 de diciembre. El bulevar de Sabana Grande,
corredor comercial del este de Caracas, estaba abarrotado de gente. El hombre
alto y delgado supervisaba el ingreso de compradores a la tienda cuando
irrumpió un grupo de funcionarios, policías y militares, quienes le exigieron
bajar 30% los precios de toda la mercancía.
Las autoridades llegaron
acompañadas por una muchedumbre que invadió el frente del negocio de ropa y
zapatos. Ricardo no entendió la imposición. Se valió de sus funciones de
supervisor y pidió a los hombres vestidos de civil su identificación. Recibió
una amenaza cargada de altanería: “tú no sabes quién soy yo”.
Eran fiscales de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(Sundde) y formaban parte de un operativo ordenado por el presidente Nicolás
Maduro para bajar el precio de “los estrenos”, tres semanas antes de Navidad.
Ricardo no lo sabía. Pidió a sus empleados bajar la santamaría para impedir la
entrada del tumulto de cazadores de rebajas. Los fiscalizadores interpretaron
aquello como desobediencia y aumentó la tensión en la entrada de la tienda:
empujones, manotazos, palabrotas, amenazas.
Minutos después, una nueva
orden contrarió la instrucción que Ricardo había dado a sus
empleados: “me suben las santamarías y me bajan los precios”. Era William
Contreras, superintendente de precios justos, que acompañado por un grupo de
camarógrafos de la Sundde, se mostró renuente a discutir márgenes de ganancias
con el encargado de la tienda.
Más compradores se
aglutinaron en la puerta del local. Los curiosos miraban expectantes el ambiente
confuso del interior de la tienda, otros más decididos esperaban para entrar.
Contreras lanzó nuevamente la orden a sus subalternos: “no se pongan a sacar
cuentas, es bajar los precios. No pidan factura porque nos van a caer a coba.
¡Es bajar los precios!”. Y enseguida ordenó a sus policías escoltas que
detuvieran a Ricardo.
Algunos negocios trabajaron
con las santamarías entreabiertas para controlar el flujo de compradores /
Fotografía de Andrés Kerese
Las órdenes de Contreras se
escucharon en varias tiendas del bulevar. También los regaños a sus ayudantes y
los golpes sobre los mostradores fueron una constante.“todas estas tiendas se
comieron la luz”. Llamó “sicarios económicos” a los comerciantes que remarcaron
los precios “con el argumento del dólar criminal”, para referirse al salto de
más del 300% del dólar en el mercado paralelo desde octubre a principios de
diciembre.
Comerciantes confirmaron a
Prodavinci que los precios habían aumentado al ritmo del dólar negro durante
las tres semanas previas a la fiscalización. “¿Cómo hacemos? Les compramos a
proveedores nacionales que a su vez utilizan dólares para importar la
mercancía. Tenemos que ajustar nuestros precios al valor que ellos nos vendan.
No podemos trabajar a pérdida”.
Los trabajadores
Un aviso pegado en la puerta
de una pequeña oficina advierte que sólo puede entrar personal autorizado.
Dentro, una mujer joven se identifica como la encargada de una zapatería. “El
jueves antes de que viniera la Sundde, nos visitaron varios organismos del
gobierno para revisar las facturas, las órdenes de compra y los precios de los
zapatos. Todo estaba en orden”, recordó. “No entiendo por qué dos días después
vino ese señor con esa actitud a mandar a bajar el precio de todo. Ni siquiera
revisaron las facturas. Fue una orden ‘a lo macho’”, manifestó.
En medio del bulevar, una
tienda exhibe en su vidriera varios disfraces para niños. Indumentarias de
princesas, héroes y personajes famosos reposan en pequeños maniquíes tras el
gigantesco ventanal. A diferencia de la mayoría de los comercios, nadie hace
cola en sus puertas. “¿Qué va a comprar la gente si no nos queda casi nada?”,
cuestionó el encargado. Ese sábado, luego de la fiscalización de la Sundde, un
grupo de compradores se llevó buena parte del inventario a precios rebajados.
“La Sundde crea a los bachaqueros. Esa gente vino a comprar para luego vender
más caro. A ellos no les ponen el ojo, a los que trabajamos legalmente sí”,
denunció.
Otro trabajador de una
tienda de artículos deportivos intercala sus labores entre vender y vigilar a
todos los que entran a la tienda. “Estas colas se prestan mucho para robar. La
gente entra desesperada y si no estás pendiente se llevan las cosas. Aquí
estamos esperando vender todo para cerrar indefinidamente. No podemos reponer
la mercancía”.
Tras la medida las tiendas
avisaban la mercancía que se iba agotando con carteles / Fotografía de Andrés
Kerese
Para Víctor, vendedor de una
zapatería contigua a la estación de Metro Chacaíto, las autoridades son responsables
por el desempleo que desencadena el cierre de tiendas. “Nuestros jefes dijeron
que lo lamentaban mucho, pero no saben si abrirán de nuevo en enero. Con estos
precios es imposible volver a comprar mercancía al costo que venden los
proveedores. ¿Qué hace uno si se queda sin trabajo en este país?”, se preguntó
en medio de la incertidumbre de no saber qué pasará cuando se agote el
inventario.
Mientras buscaba varias
tallas de calzado para tres clientas, el joven explica cómo la medida de la
Sundde complicó sus condiciones de trabajo. “Mira cómo estamos trabajando desde
el sábado. La cantidad de gente aumentó. Tenemos policías dentro de la tienda
para evitar que nos roben. El día que llegó la Sundde, el cúmulo de gente entró
desesperada y dañaron las exhibiciones”.
Los compradores
Pasan las horas y las filas
aumentan. Cerca del mediodía el horizonte del bulevar se transforma en una
marejada de personas. Hombres, mujeres, niños, vendedores informales, mendigos
y policías convergen en el bulevar. Los murmullos entre transeúntes se
convierten en ruidosas conversaciones. Van de un lado a otro cazando la mejor
oferta o la cola más corta, lo que consigan primero.
Un cartel rojo decora la
entrada de una tienda de zapatos. El mensaje del pequeño letrero anuncia rebajas
en toda la mercancía: Oferta Sundde. En los alrededores del negocio, varias
decenas de personas se ordenan en fila bajo el sol para aprovechar los
descuentos. Dentro del establecimiento, los empleados se arreglan
para atender al tumulto que entra de cinco en cinco.
Los carteles en las puertas
condicionaban las compras / Fotografía de Andrés Kerese
Yunni es una de las mujeres
que aguarda turno en la gigantesca fila al frente de la tienda. Suda, desde
hace varias horas espera para entrar a la zapatería. Aunque se muestra tímida,
revela su postura frente a la medida: “me parece bien que bajen los precios”. Aseguró
que ha recorrido otros sitios de Caracas como La Hoyada y el Mercado Popular
del Sur en busca de mejores propuestas. “Vengo a comprarles un regalo a mi hija
y mis dos nietas. Espero todo el año para aprovechar los precios de diciembre.
Pensé que no iba a poder comprar, pero luego de que mandaron a bajar los
precios me decidí a salir”.
Más adelante, en otra
nutrida fila de gente, Mariana aguarda con su mamá y su hermana para entrar a
una tienda de ropa. “¿Cuáles son las ofertas? Yo sigo viendo todo caro”.
La incertidumbre
A Ricardo no le imputaron
delitos, pero considera que lo ocurrido fue “muy grave”. Supone que su
resistencia motivó a las autoridades a imponerle rebajas del 40%, diez puntos
porcentuales más que en la mayoría de las tiendas visitadas por Prodavinci
cuatro días después del procedimiento que se ejecutó en varias zonas
comerciales de Caracas, el primer fin de semana de diciembre, cuando
tradicionalmente registran las mayores ganancias del año.
Para Ricardo y otros
vendedores, el operativo fue un “segundo dakazo”, en alusión a la orden que dictó Maduro en cadena nacional
en noviembre de 2013 para ocupar las tiendas Daka en toda
Venezuela y vender sus productos a “precios justos”. En aquel momento la
decisión se extendió a otros negocios dedicados a la venta de electrodomésticos
y línea blanca. Este año solo se aplicó en comercios de ropa y zapatos. Aquella
medida se ejecutó con la intención de erradicar la inflación y la especulación
de precios. Los números muestran su fracaso como política antinflacionaria. La
inflación acumulada desde el “dakazo” hasta septiembre de 2016 es de 2.405%,
según datos de la firma ODH.
Varios comercios del lugar
no abrieron sus puertas / Fotografía de Andrés Kerese
A pesar de estas cifras, la
estrategia de la Sundde continúa. Por órdenes de Contreras, seis días después
de la primera tanda de fiscalizaciones en Sabana Grande, decomisaron casi cuatro millones de juguetes de los
galpones de la distribuidora Kreisel ubicados en Boleíta y
la Candelaria, en Caracas y Guarenas en el estado Miranda. El superintendente
declaró que la distribución de los juguetes estará a cargo de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). También anunció que hay una
orden de arresto sobre el gerente de la compañía.
Desde el bulevar, Ricardo,
de vuelta en la tienda donde trabaja, replica con sus palabras lo que piensan
otros trabajadores: “desconocemos cómo se surtirá la tienda cuando se agote
toda la mercancía”. Al igual que en 2013, las tiendas venderán el inventario a
precio regulado. Nadie sabe qué pasará en enero.
09-12-16
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