Por Maritza Izaguirre
Este año hemos sido testigos
del derrumbe de las condiciones y calidad de vida de la población. Las cifras
recogen la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario, resultado de un
proceso inflacionario que se refleja en el alza semana a semana de los precios
de los bienes y servicios, lo que golpea duramente el presupuesto familiar,
comprometido con obligaciones tales como la compra de alimentos, el pago del
transporte, los gastos asociados a la educación de los hijos y a la salud,
entre otros, porque lamentablemente la debilidad de la gestión pública ha
afectado seriamente la oferta de servicios responsabilidad del gobierno central,
los entes descentralizados y las administraciones locales.
Se han hecho frecuente los
cortes de luz, el racionamiento del agua potable, la recolección oportuna de
los desechos sólidos, el mal estado de las vías públicas, la inseguridad
ciudadana y las serias dificultades asociadas a la atención primaria en salud,
que ha llevado a brotes de enfermedades infectocontagiosas, controladas en el
pasado reciente, mediante la gestión de las autoridades responsables.
Problemas que se agravan por
las deficiencias anotadas en el sistema público de atención, fuertemente
deteriorado en su infraestructura, equipamiento y dotación de insumos,
incluyendo recursos humanos capacitados y con experiencia. Es frecuente
escuchar acerca de la necesidad de adquirir medicamentos e instrumentos
necesarios para el tratamiento del paciente, ejerciendo por lo tanto presión
adicional al ya reducido presupuesto familiar.
Los altos costos para operar
también influyen en la oferta privada, la cual se ha visto afectada,
disminuyendo las alternativas de atención, limitada en estos casos por las
restricciones asociadas a los seguros privados cuyos elevados montos restringen
la cobertura incrementando el aporte del asegurado.
Igual sucede con los gastos
asociados a la educación de los hijos, que implica la preocupación por la
adecuada alimentación, los complementos necesarios para lograr el desarrollo
físico e intelectual de los menores, hoy fuera del alcance del
presupuesto familiar, puesto que compite con otros gastos relacionados con las
exigencias de los cursos, que en ocasiones obligan a la compra a precios de
mercado de equipos y materiales exigidos para los proyectos relacionados con la
aprobación de las materias.
Lo anterior refleja el impacto
en la vida diaria de una madre, que día a día se ve obligada a decidir cómo y
de qué manera satisface las diversas necesidades del grupo familiar en función
de los recursos con que cuenta, salario devaluado, contribuciones puntuales de
otros familiares y los accesos puntuales a los programas gubernamentales, si
cumple con las exigencias.
Por lo tanto, cada vez se hace
más urgente corregir la política económica asumida, la cual ha conducido a las
dificultades que confronta hoy la familia venezolana.
21-11-17
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