ANTONIO MARIA DELGADO 20 de noviembre de 2017
El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por la oposición venezolana anunció
el lunes desde Miami que presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional en La Haya una denuncia acompañada por pruebas que acusan a cerca
de 60 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro de participar en crímenes de
lesa humanidad.
La
denuncia, presentada ante el TSJ inicialmente por el ex ministro de Maduro
Hebert García Plaza, acusa a los líderes del régimen de instaurar un esquema
sistemático de persecución política que convierte en enemigos del Estado a cada
ciudadano en desacuerdo con el proyecto político impulsado por el chavismo.
Bajo
el esquema de sometimiento y de control social que ya está siendo implementado,
“las personas ideológicamente contrarias a su proyecto [político], serán
dominadas, movilizadas o destruidas. Todo con el propósito de hacer dicha
Revolución [socialista], irreversible”, señala el texto de la denuncia
presentada ante la Corte Penal Internacional.
Entre
los altos jerarcas del régimen bolivariano acusados en la denuncia se
encuentran Maduro; el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol; el
ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el ex comandante general de la
Guardia, Antonio Benavides Torres; el vicepresidente, Tareck El Aissami; y el
ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Entre
los acusados también figuran el director de la Policía Nacional Bolivariana,
General de Brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el director del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Comisario General
Douglas Rico; y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, General
en Jefe Gustavo Enrique González López.
La
decisión de acudir ante la Corte Penal Internacional (CPI) fue tomada por la
Sala de Casación Penal del TSJ, al verse imposibilitada de asumir directamente
denuncias introducidas por individuos particulares. Según las leyes vigentes en
el país, esa función pertenece exclusivamente a la Fiscalía General de la
Nación, explicó el presidente de la Sala de Casación, José Troconis Da Silva,
en una conferencia de prensa realizada el lunes en Miami.
“Esta
Sala […] no tiene atribuciones para conocer de denuncias sobre hechos punibles
[…] Pero después de haber analizado el escrito de denuncia presentado […],
consideramos que como máximos representantes del poder judicial en materia
penal, tenemos la obligación de darle una respuesta a quien busca justicia”,
manifestó Troconis en la rueda de prensa.
“En
los hechos narrado por el ciudadano Hebert García Plaza, esta Sala aprecia una
serie de actos que pudieran subsumirse en delitos previstos en los artículos
cinco, seis y siete del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como
son los delitos de asesinatos, encarcelación en violación de normas
fundamentales del derecho internacional, y persecución de un grupo fundado en
motivos políticos”, añadió.
La
amenaza de violencia aunada a la instauración a un perverso sistema de
apartheid político, donde solo las personas que juran lealtad a la revolución,
a través de la adquisición del denominado “Carnet de la Patria”, podrán tener
acceso a las medicinas y a los alimentos, colocaría a los venezolanos en una
difícil encrucijada, resalta la acusación.
Al
menos “unos 20 millones de venezolanos [podrían verse] obligados a abandonar su
país o correr el riesgo de morir por mala alimentación y falta de medicamentos
o ser encarcelado o asesinado por las fuerzas del gobierno”, añade el
documento.
Troconis,
quien en la rueda de prensa se encontraba acompañado por el presidente del TSJ,
Miguel Ángel Martín, señaló que los documentos anexos a la denuncia presentada
establecen que la polarización en Venezuela es el resultado directo de
políticas establecidas por el régimen.
“Apreciamos,
como dato preparatorio, el diseño de una ideología política cuyo objetivo es la
confrontación entre dos bandos. Uno llamado como fuerzas amigas, y otro llamado
fuerzas enemigas”, manifestó.
En la
rueda de prensa también se encontraban los magistrados Cruz Alejandro Graterol
Roque, y Alejandro Rebolledo. El grupo, nombrado por la Asamblea Nacional a
mediados de este año, se vio obligado a salir del país bajo amenaza de ser
arrestados por los organismos de persecución de Maduro.
Desde
entonces, el grupo ha estado reuniéndose y operando desde el exterior.
El
anuncio del TSJ se produce una semana después que la también exiliada fiscal
general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitara ante la CPI la captura de Maduro
y de otros altos funcionarios por acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Ortega
dijo que contabilizó 8,290 muertes entre 2015 y 2017 a manos de “funcionarios
militares y policiales” que cumplían instrucciones del alto gobierno. Para ello
introdujo más de “1,000 elementos probatorios” ante la CPI.
Ortega
también presentó pruebas de “represión” durante las protestas de este año,
algunas a manos de oficiales.
“Nicolás
Maduro y su Gobierno deben pagar por esto”, enfatizó.
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