Por Alfredo Meza
Sentada en la cocina de su
humilde vivienda del barrio Santa Cruz del Este, Miriam Guerra, una ama de casa
de 50 años que trabaja por días en oficios domésticos en Caracas, rumia su mala
suerte delante de un pedazo de pan duro. El Gobierno de Nicolás Maduro fijó en
80.000 bolívares (1,53 dólares al cambio del mercado negro) el precio del corte
de la carne de primera. Esta trabajadora cobra 35.000 bolívares al día (menos
de 0,75 dólares diarios) por limpiar casas. Con el salario de toda la semana
podría comprar dos kilos de carne para su familia de cuatro personas, pero
dejaría de adquirir otros alimentos.
A Miriam Guerra podrían
pagarle una semana con dos kilos de carne y por eso se queja. “Nunca lo había
vivido”, dice. Cuando la inflación en Venezuela no se había desbocado, su
familia de cuatro personas podía comer al menos una vez por semana carne de
primera y darse algunos lujos: viajar una vez al año en autobús a visitar a su
familia en Maracaibo, al occidente del país. Con el dinero que hoy gana le
alcanza para adquirir los cortes de tercera: lagarto con hueso o costilla, que
cuesta al kilo 38.000 bolívares.
Venezuela, donde el salario
mínimo ronda los tres dólares, ha entrado en hiperinflación, según los cálculos
extraoficiales de varias firmas de asesoría financiera y de la Asamblea
Nacional. Con una subida mensual del 50% de los precios en octubre se ha
cumplido con la premisa establecida en la definición formal de esta noción
económica. La principal consecuencia es que el coste de todos los bienes se ha
desbocado. A falta de las cifras oficiales, el antiguo Parlamento dominado por
la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que sigue funcionando, ha asegurado
que entre enero y noviembre el indicador llegó a 825,7%, el más alto del mundo.
Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan que, si
no se revierte esta tendencia, Venezuela podría rozar en 2022 una inflación del
4.700%.
Los precios cambian semana a
semana y los aumentos decretados por el Gobierno no bastan para cubrir las
necesidades de una familia de cinco personas. Para completar el coste de la
cesta básica familiar, que en septiembre casi alcanzó los cuatro millones de
bolívares, según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de
la Federación Venezolana de Maestros, esa familia debería ganar más de ocho
salarios mínimos, que con los bonos de alimentación apenas supera los seis
dólares.
Casi todos los bienes aparecen
y desaparecen como si fuesen frutos de temporada. El Gobierno obliga a los
supermercados a que el precio esté impreso en cada producto, por lo que los
comerciantes no pueden cambiar los precios siguiendo la evolución del dólar en
el mercado negro, en el que muchos se abastecen. El temor a las ruidosas
inspecciones de la superintendencia de precios los disuade de esos cambios,
pero si no hay modificaciones en la oferta de bienes aumenta la escasez.
Cada vez que esos bienes
—pañales, papel higiénico, etc.— reaparecen intentan perseguir sin éxito a la
liebre de la moneda estadounidense. Solo en la semana pasada el dólar pasó de
46.238 a 52.128 bolívares. No se espera un cambio en esa práctica porque el
régimen, afianzado tras la victoria de las elecciones parlamentarias y muy a
pesar de las sanciones de Washington y la Unión Europea, ha apostado por
endurecer los controles de precios y las fiscalizaciones. En su programa de
televisión Maduro prometió iniciar “una severa fiscalización a 11.890
establecimientos comerciales” para evitar la especulación y que se remarquen
los precios. La Asamblea Nacional Constituyente, la cámara chavista que asumió
las funciones del Parlamento, ha prometido aprobar en las próximas horas una
“ley de precios acordados”, que fijará los precios de 50 productos.
Caída en barrena
Henkel García, director de la
firma local Econométrica, revela en un trabajo que el poder de compra del
salario mínimo ha perdido 80% en la era chavista. El cálculo toma en cuenta la
caída ocurrida entre diciembre de 1998, cuando fue elegido Hugo Chávez, y
septiembre de 2017, después del penúltimo aumento de salario anunciado por el
régimen.
La depresión es especialmente
elocuente durante la gestión de Maduro. Hasta diciembre de 2013 la capacidad de
compra del bolívar se mantuvo igual que en 1998, pero a partir de entonces se
produce una caída en barrena. A finales de 2013 Maduro ordenó liquidar a
precios regulados todos los electrodomésticos. En 2017 la caída ha sido muy
pronunciada y la moneda se ha depreciado 97,03 por ciento. El economista José
Guerra y diputado defiende que esa caída “es la expresión de una política
monetaria irresponsable y del control cambiario”.
Los expertos han advertido
también de que si se retoma la fiscalización agresiva los bienes regulados
desaparecerán de nuevo. Maduro está intentando renegociar toda la deuda externa
para evitar que los pagos pendientes liquiden cualquier posibilidad de dedicar
los escasos recursos que tiene a paliar el hambre de los venezolanos. Esa
angustia está lejos de la comprensión del venezolano común. Para ellos es una
tragedia llegar a la caja registradora y comprobar que no le alcanza el dinero
para adquirir lo que la semana pasada compraban.
14-11-17
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