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domingo, 19 de noviembre de 2017

Recuperar la institucionalidad por @LeoMoralesP


Por Leonardo Morales P.


El diálogo, la negociación, encuentros cercanos y contacto visual entre la oposición y los miembros del gobierno, hecho normal en cualquier país civilizado, donde precisamente los encuentros entre los actores políticos se dan con absoluta naturalidad y lo contrario más bien se percibe como insólito en Venezuela significa abdicación, traición, felonía y cuanto sinónimos semejantes existan.

Ha vuelto a la difícil arena de la opinión pública, para bien del país, la posibilidad de que dirigentes del partido de gobierno se sienten junto a los líderes de los partidos de oposición a debatir sobre asuntos pendientes de otros eventos similares. El gobierno anda apurado y presiona por el reinicio de estas sesiones e intenta acorralar a los partidos opositores en el dilema del go or don´t go.

La oposición tiene serias dificultades porque no comparten una política común en esa materia, lo que los coloca frente al país sin una política coherente frente al gobierno. Los radicales que esperan algo parecido al sucesor de Mugabe lanzan andanadas de tuits, nada más que eso, pero suficiente para que la inacción los arrope y luego se inventen escenarios inexistentes; hace poco uno de los líderes la antigua MUD, que hablaba contra la negociación pero que asistía a cuanto evento se realizaba, anunció que por la no invitación de algunos países, claramente interesados en una salida política, no se podía producir la anunciada “negociación internacional”. De nuevo, no se les habla claro a los venezolanos.

No hay tal negociación internacional. Ese escenario no existe. La facilitación que realizan unos expresidentes y representantes de otros países no constituye ningún escenario de carácter internacional. La presencia de estos personeros no supone que ellos decidirán sobre nuestros asuntos, sino que posibilitan el encuentro de las dos partes venezolanas que deben buscar salidas a la grave crisis nacional.


Lo importante de esa iniciativa, en la que participaran los partidos de oposición que crean que desde allí es posible superar la crisis política, porque de eso se trata, es que dispongan de claros objetivos. No hay cinco ni diez objetivos, es solo uno: la crisis política.

La crisis del país es de orden política y ésta se traduce en el desmantelamiento institucional cuyo único responsable es el gobierno. El desconocimiento de las funciones legislativas de la AN electa legal y legítimamente con las actuaciones del TSJ, es una de ellas, además, hay que agregar la pretensión del gobierno de querer sustituir sus funciones con una ANC de dudosísima legitimidad para el país y para buena parte del mundo y, por si fuera poco, convertida en una dictadura tumultuaria a la que de manera irresponsable se han sometido los demás poderes.

No debe la oposición aparecerse a un proceso de negociación con un rosario de peticiones. Todas las exigencias de los sectores democráticos deben estar enmarcados en la recuperación de la institucionalidad. No es una solicitud que requiera de la sanción de algún poder en particular. Se trata del reconocimiento de las funciones de la AN como parte esencial del sistema político venezolano, bajo el compromiso de que los distintos poderes actúen según lo establece la Constitución. Quien tiene que empeñar su palabra ante los venezolanos y el mundo es el gobierno, no la oposición.

A partir de ese reconocimiento, aquellos elementos que han constituido parte de las solicitudes en procesos anteriores pueden perfectamente discutirse en las instituciones nacionales para ofrecer rápidas salidas: ayuda humanitaria, enredos financieros del gobierno, libertad de los presos políticos, establecimiento de un cronograma electoral de las elecciones pendientes y de la que debe ocurrir el primer domingo de diciembre del año próximo.

18-11-17




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