Por Javier Ignacio Mayorca
En la primera semana de
agosto, el conocido diario The Telegraph de Londres se preguntaba si
Venezuela estaba al borde de una guerra civil.
No había sido el primer medio
internacional en plantear esa cuestión, ni sería el último. Uno piensa en
guerras civiles y de inmediato vienen a la memoria las imágenes de matanzas
terribles en Kosovo y países africanos como Ruanda y Somalia. Previamente, en
Centroamérica, El Salvador y Nicaragua.
Si hacemos un ejercicio de
abstracción, encontraremos que en todos estos países hubo por lo menos dos
bandos en disputa armada por el control, parcial o total, de porciones de
territorio, que a veces se extendían a toda la nación y otras a parcelas
subnacionales que, como en el caso de los Balcanes, obedecían a esquemas
fronterizos previos.
En el pasado reciente, por lo
tanto, hemos visto el desarrollo de guerras civiles por razones étnicas,
religiosas, políticas y por disputas nacionalistas, por citar algunas. Son
tantas que resulta complicado establecer una definición sobre este tipo de
conflicto. Gersovitz y Kriger, en un ensayo para la revista del Banco Mundial,
aclararon que “no todos los países (con conflictos armados) van a compartir
todas las dimensiones de la definición de la guerra civil”.
Más adelante, los
investigadores establecieron que las guerras civiles son “conflictos violentos
que ocurren adentro de un país, principalmente entre grupos grandes o
numéricamente importantes de sus habitantes o ciudadanos por lograr el
monopolio de la fuerza”.
Estos conflictos, además,
tienen varias características:
-Tienen organización política;
-Son de larga escala, y
-Son sostenidos en el tiempo.
La confrontación que se
manifestó con una fuerza inusitada entre los meses de abril y julio, a lo largo
de más de seis mil manifestaciones de distinta magnitud que dejaron un saldo de
más de 135 muertos, fue lo suficientemente notoria como para que mucha gente
pensara que el país estaba al borde de un conflicto armado interno.
Sin embargo, tal y como
refirió Moisés Naim, para que se pueda pensar siquiera en una guerra civil es
necesaria la existencia de por lo menos dos bandos convenientemente armados.
Pero la asimetría entre las molotov, los escudos de cartón y los morteros
improvisados, con respecto a los sistemas de última generación adquiridos en
China por el Gobierno desde 2012, son una evidencia clara de que nunca hubo la
posibilidad de una guerra civil era remota.
Otros datos son reveladores del
desbalance:
-Más del 90% de
los muertos fueron manifestantes o personas que adversaban al Gobierno,
víctimas de fuerzas policiales, militares o de colectivos armados;
-La llamada
“resistencia” no tenía un mando político. Es más, en algunos momentos parecía
antipolítica, al punto que llegó a rechazar casi con la misma vehemencia tanto
a los representantes del chavismo/madurismo como a ciertos voceros de la
oposición;
-Por último,
todas las encuestas a las que se tuvo acceso en ese período revelaban que la
mayoría de los manifestantes creía en una salida pacífica y electoral al
conflicto político. Y esto eventualmente los llevó a deslindarse de los
“guerreros de franela”. El Gobierno se dio cuenta rápidamente de esta división,
y la explotó a conveniencia atacando los sectores blandos de la oposición,
integrados por independientes que en algún momento simpatizaron con las
manifestaciones, pero que luego dieron un paso atrás, al ser confrontados ante
la posibilidad de sufrir altos costos por el hecho de expresar su descontento.
Esto lo padecieron con especial crudeza los residentes de conjuntos en El
Paraíso y La Candelaria.
En Venezuela, la progresión de
los conflictos políticos fue estudiada en su momento por el general de división
(retirado) Rafael Damiani, quien contribuyó a la elaboración de un manual de
estudio para las escuelas de tropas de la Guardia Nacional.
Para Damiani, las guerras
civiles son esencialmente el producto de una escalada de conflicto callejero
que no es atajada a tiempo por las autoridades. Por lo tanto, hay indicadores
sobre la aproximación de una guerra civil, entre ellos la repetición de actos
terroristas y la extensión de actos vandálicos sobre largas porciones del
territorio.
Por el contrario, el país ha
presenciado desde agosto un conflicto político en descenso, por lo menos en su
expresión callejera. Simultáneamente, la “paz” tan publicitada por la
propaganda oficial es torpedeada por factores sociales y económicos de distinta
índole: la parálisis del transporte público en Distrito Capital, Vargas y
Zulia; los apagones en Zulia, Falcón, Bolívar y Miranda; la escasez de gasolina
en todo el país; la carencia de efectivo y el colapso del sistema de pagos
electrónicos; la destrucción de los servicios públicos, incluido el de telefonía;
el hambre, la criminalidad en ascenso, la hiperinflación y las epidemias.
El Gobierno ha intentado
manejar todos estos factores para cimentar su estrategia de dominación, para
hacer de cada ciudadano un rehén. Esto pasa por romper cualquier nexo de
solidaridad entre ellos, y por hacer que las lógicas de sobrevivencia sean para
el venezolano más importantes que cualquier convencimiento en torno a la
necesidad de un cambio político.
Al mismo tiempo, se ha
producido una concentración del poder armado en el Gobierno y sus aliados,
léase colectivos y ciertas bandas criminales que han llegado a ejercer control
territorial en estados como Aragua, Apure, Sucre y Zulia, desde luego con la
anuencia de factores locales y nacionales. Las que planteaban algún tipo de
insurgencia criminal fueron diezmadas o domeñadas, por ahora.
La iniciativa de desarme
gubernamental ha sido clave en la generación de asimetrías. Este plan ha sido
totalmente inútil en lo que respecta a la disminución del uso de armas de fuego
en los homicidios (86% en Zulia, 88% en Carabobo y 85% en todo el país), pero
ha tenido un efecto devastador en cuanto al logro de transferencias de fusiles,
pistolas, granadas y munición, hacia las estructuras criminales. No en balde,
el fenómeno de las megabandas surgió durante la puesta en marcha del
referido plan.
Venezuela está más cerca de La
Habana y Pyongyang que de Pristina.
Breves
*La Fuerza Armada instruyó a
las unidades emplazadas en las regiones llanera y andina para que retomen el
patrullaje en torno a las unidades productoras de carne, así como la vigilancia
a los traslados de ganado, ya sea en pie o beneficiado. Las quejas de los
productores han sido consistentes en cuanto a que la acción de bandas cada vez
más organizadas les impide trabajar, lo que ocasiona escasez de productos
cárnicos en los centros de distribución y de consumo. De igual forma, los
militares han diagnosticado que en la frontera entre Apure y el departamento de
Arauca colombiano hay líneas de distribución de ganado que aprovechan las
diferencias de precios de carne entre uno y otro país. En Colombia, la
cotización es tres y hasta cuatro veces superior que la establecida por el
Gobierno desde Caracas. Una consecuencia inmediata de este contrabando ha sido
un supuesto brote de fiebre aftosa más allá de la frontera.
*A propósito del trabajo
central de la entrega anterior (Resistencia a la autoridad), una fuente
ministerial me puso al tanto de la siguiente situación: cuando se suman las
cifras de homicidios y muertes por supuestos enfrentamientos con agentes
policiales y militares, las estadísticas de este año ya sobrepasan las de 2016
en seis estados del país. El caso más dramático es Apure, donde las cifras de
2017 rebasan en 45% las del período pasado. Esto se relaciona con la situación
descrita en el breve anterior. Pero aquí no se puede perder de vista que Apure
era la retaguardia activa del frente 1 de las FARC, cuyos miembros siempre
fueron renuentes a entregar las armas, pues perderían el control de un
territorio clave para el paso de la droga procesada en los llanos orientales
colombianos, e incluso en la frontera sur. Ahora, de acuerdo con un
representante de los ganaderos de ese estado, los antiguos guerrilleros se han
incorporado a bandas de cuatreros y extorsionadores, y otros más organizados
han inscrito cooperativas de seguridad para prestar servicio de vigilancia a
los hacendados.
*Los estados donde las curvas
de homicidios de este año ya se cruzaron con las de 2016, además de Apure, son
Barinas, Cojedes, Mérida, Yaracuy y Zulia. Hay además otras cinco entidades
donde los totales de 2016 apenas son levemente mayores que los de este año. Son
Aragua, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón y Portuguesa. Pero se debe recordar que
en Amazonas el Gobierno “desapareció” de sus estadísticas los 37 muertos a
manos de policías y militares durante una irrupción en el retén policial de
Puerto Ayacucho. Si esta masacre fuese tomada en cuenta, Amazonas estaría en el
primer lote, y probablemente tendría la tasa de homicidios más elevada del país.
*El fotógrafo Jesús Medina no
fue secuestrado. Por más que él mismo, en medio del estrés postraumático y la
confusión, lo calificara de esa forma. Este episodio no tiene nada que ver con
las características del secuestro extorsivo. La desaparición por más de
cuarenta horas del trabajador del portal Dolar Today tiene muchas semejanzas
con los casos de la periodista Nairobi Pinto (hoy bajo protección del gobierno
canadiense) y del general de brigada retirado Ramón Lozada (hoy preso en
Contrainteligencia Militar de Boleíta). Las investigaciones sobre el caso de
Medina comenzaron gracias al escándalo público en la División de Personas
Desaparecidas de la policía judicial. Hasta allí fue a declarar la periodista y
amiga de la víctima Mildred Manrique. Pero inexplicablemente el expediente fue
enviado después a la División Antiextorsión y Secuestros. Aún así, a los dos
días de la reaparición de Medina, los pesquisas de Cicpc ya tenían una noción
bien formada sobre lo que había sucedido. La inacción de los días posteriores
también se parece demasiado a lo que sucedió con el militar retirado y la
comunicadora, hace tres años. Entonces y ahora la intención fue enviar un
mensaje. A Medina lo dejaron vivo ex profeso para que lo diera a conocer. No lo
mataron pues la orden era dejarlo con vida.
16-11-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico