Por Gioconda Cunto de
San Blas
“Apenas 1% del área ha
sido afectada por el derrame”, dicen sin rubor los obsecuentes funcionarios del
régimen en referencia al desastre ecológico en marcha en la región noroccidentall
costera de Venezuela conocida como Golfo Triste, mientras las fotografías
satelitales refutan el argumento.
Tomadas por expertos
científicos a partir del 19 de julio de 2020, las fotografías proveen evidencia
documental de la expansión de una mancha identificada por sus características
espectrales como derrame de hidrocarburos tres días más tarde, equivalente a
unos 26 mil barriles de petróleo, provenientes de la refinería El Palito, por
desbordamiento de su laguna de oxidación. Para el 26 de julio, el derrame se
había extendido a lo largo de 50 Km y más de 350 Km cuadrados, una mancha tan
grande como el lago de Valencia, al decir de Eduardo
Klein, jefe del Laboratorio de Sensores Remotos de
la USB, actualmente en Australia y responsable por el trabajo satelital.
Un nuevo derrame entre
el 10 y el 12 de agosto y otro alrededor del 23 del mismo mes completaron la
faena sin que Pdvsa, empresa responsable de la refinería, activara de inmediato
las acciones establecidas en los manuales de contingencia para contener
derrames de hidrocarburos, lo cual permitió su expansión por manglares y
corales de la región.
El derrame ha afectado varias
Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), destinadas a la
protección, educación, investigación y recreación que resguardan recursos
biológicos, ecológicos, turísticos y económicos excepcionales, entre ellas, los
Parques Nacionales Morrocoy (Falcón) y San Esteban (Carabobo), el Refugio de
Fauna Silvestre Cuare (Falcón), la Zona Rural de Desarrollo Integral (ARDI) y
la Zona de Interés Turístico (ZIT), ambas asentadas en el sector Boca de
Aroa-Tucacas.
Diversas instituciones
y asociaciones ligadas al tema ambiental han expresado su preocupación ante
esta catástrofe. Las Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman)
y Nacional de Ingeniería y del Hábitat (ANIH),
en documento conjunto, la Asociación de Investigadores del IVIC (AsoInIVIC),
el Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET,
UCV), la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE)
que agrupa más de 300 profesionales de alta calificación en temas ambientales,
entre otros organismos, han denunciado la tragedia ecológica en marcha y puesto
sus conocimientos a la orden del estado venezolano en la recuperación de las
áreas hoy dañadas, a partir de una necesaria evaluación de la afectación, los
compuestos residuales y los efectos a mediano y largo plazo. Al momento de
escribir estas líneas, tal ofrecimiento de apoyo científico no ha tenido
respuesta de los funcionarios gubernamentales.
Un reporte de Provea da
cuenta de que entre 2010 y 2018 se derramaron al ambiente unos 866 mil barriles
de petróleo provenientes de la actividad petrolera, a los cuales debemos sumar
los nuevos derrames, constituyendo todos ellos delitos ambientales, tipificados
en la Ley Penal del Ambiente (art. 84 y 89).
El ecólogo y defensor
de DDHH Alejandro
Álvarez nos recuerda que además de los daños
ambientales que comprometen la diversidad biológica, hay “un impacto sobre los
derechos de las personas a la salud, derechos económicos de quienes viven de la
pesca y recolección de organismos y de quienes viven del turismo y esperan a
que termine la cuarentena para reactivar el sector. Son derechos económicos y
sociales de las personas, a los cuales se suman los derechos a la información y
a la participación”.
Hoy el Golfo Triste
luce más triste. Una toponimia fijada en 1604 en el mapa de Antonio de
Herrera para identificar esa zona costera
entre Tucacas y Puerto Cabello, fue justificada por el Conde de Ségur, ilustre
viajero de finales del siglo XVIII, al describirla como “una masa sombría de
altas montañas que parecen difundir sus sombras sobre el mar y propician
pensamientos melancólicos en el alma…”.
Muy lejos de las
descripciones alegres de los miles de turistas modernos que por décadas han
disfrutado (y con frecuencia, maltratado) esos bellísimos ecosistemas del
noroccidente venezolano. No basta con haber declarado el Parque Nacional
Morrocoy o establecido el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, si esas
designaciones son letra muerta en los despachos ministeriales.
Nos toca minimizar los
daños provocados por la desidia oficial en el manejo de estos asuntos, lo que
supondrá un esfuerzo monumental, dada la magnitud de los deterioros ambientales
a lo largo y ancho del territorio nacional. Se lo debemos a las
generaciones futuras, que de otra forma nos reclamarán el abandono en que
hayamos incurrido al no velar por el patrimonio que ellos heredarán de nuestras
manos.
*Agradezco a Carlos
Carmona (IVIC) y Ma. Eugenia Grillet (IZET, UCV) su ayuda en la localización de
algunos documentos.
27-08-20
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