David Alandete 30 de agosto de 2020
@alandete
El
Gobierno de Estados Unidos maniobra estos días por que se consume la extradición
del testaferro de Nicolás Maduro desde Cabo Verde y su diplomacia defiende que
juzgar a Alex Saab, acusado de lucrarse con el expolio de los recursos de los
venezolanos, es un paso crucial en el desmantelamiento de una gran trama
criminal de contrabando y narcotráfico que supervisa el chavismo. El máximo
responsable para Venezuela e Irán en el servicio diplomático estadounidense,
Elliott Abrams, dice a ABC que «bajo Maduro, Venezuela se ha convertido en sede
mundial de la corrupción mundial».
Tiene
Abrams un mensaje claro para la comunidad internacional, incluida España: es
hora de sumarse a la iniciativa de EE.UU. contra los excesos del régimen
chavista. «Según Transparencia Internacional, Venezuela es uno de los cinco
países más corruptos del mundo. La actual crisis de Venezuela es una gran
prueba para la comunidad internacional. Creemos que la cooperación
internacional, a través de una combinación de sanciones y diplomacia, puede
lograr una restauración pacífica de la democracia, la estabilidad económica y
el estado de derecho en Venezuela», asegura a este diario Abrams.
Es
cierto que Venezuela, junto con Nicaragua, es, según Transparencia
Internacional, el país más corrupto de Iberoamérica. Estos dos países, según un
informe publicado en enero por esa organización no gubernamental alemana,
tienen mucho en común: violaciones de los derechos humanos, represión de la
oposición, carencia de servicios públicos básicos medidas de gobierno sin
consultar a la ciudadanía. Esa organización ha afirmado, de hecho, que
Venezuela está comenzando a ser un «estado fallido».
Tras el arresto de Saab, la fiscalía colombiana
también presentó cargos contra el empresario, que tiene la doble nacionalidad
de Colombia y Venezuela, por lo que describió como «actividades irregulares
vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito,
exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada». Posteriormente, la
policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab
en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros
cuadrados, con un valor total estimado de 10 millones de dólares.
Abrams asumió el 6 de agosto el cargo de representante
especial en funciones de EE.UU. para Irán, que suma al de enviado para
Venezuela, en el que está desde enero de 2019. Es esta una decisión consciente
de la diplomacia norteamericana: desde la pasada primavera los regímenes iraní
y venezolano han estrechado lazos, reforzando su alianza política y militar. De
hecho, al menos seis cargueros de gasolina iraní han sido enviados a Venezuela
desde mayo, en desafío de las sanciones de EE.UU.
Apenas una semana después de que Abrams asumiera la
cartera de Irán, EE.UU. se incautó cerca del estrecho de Ormuz de la gasolina
que cuatro cargueros iraníes llevaban a Venezuela. Curiosamente, la orden de
decomiso de los agentes federales que supervisaron la operación iba dirigida
tanto a la Guardia Revolucionaria de Iran como al régimen chavista de
Venezuela, según un anuncio posterior del departamento de Justicia
norteamericano. Aproximadamente 1,1 millones de barriles de combustible fueron
confiscados de los buques Bella, Bering, Pandi y Luna.
Según reveló The Associated Press, citando a
funcionarios estadounidenses no identificados, no se utilizó ninguna fuerza
militar en la incautación de la carga y ninguno de los barcos fue incautado. Sí
cooperaron, según el departamento de Justicia norteamericano, varios socios de
EE.UU. a los que no cita.
En estos momentos, el Supremo de Cabo Verde decide
sobre la extradición de Saab, al que defiende el español Baltasar Garzón. El
juzgado competente ya autorizó su extradición, algo que Garzón y los letrados
Martha Rutsel Silvestre y José Manuel Pinto Monteiro calificaron de
«arbitrario, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación». Además,
criticaron a EE.UU. por perseguir a Saab «por razones políticas» y de conculcar
el ordenamiento jurídico y el derecho humanitario.
Respuesta a Garzón
Abrams asegura a ABC que «en caso de que Saab sea
extraditado a EE.UU., tendrá un juicio justo e imparcial en el que defenderse
de los graves cargos por los que ha sido imputado, con todas las protecciones
que le brinda la justicia estadounidense, un sistema, que como el de Cabo Verde
es independiente».
Preguntado concretamente por las acusaciones del juez
Garzón, Abrams dice a ABC: «La solicitud de extradición de EE.UU. se basa en el
estado de derecho y en los compromisos comunes que Cabo Verde y EE.UU. han
asumido para combatir el crimen organizado transnacional en virtud de tratados
internacionales. Lo que ha sido político es la agresiva campaña de mentiras y
desinformación que Saab y el régimen de Maduro han montado en sus medios y en
las redes sociales en un intento de influir en el proceso judicial e influir en
la opinión pública caboverdiana. A pesar de esta presión política, tenemos fe y
confianza en la integridad del sistema judicial de Cabo Verde y esperamos que
se haga justicia».
A Saab y sus abogados aun le quedan varios recursos
antes de que la orden de extradición sea firme. De momento la estrategia de
Garzón ha sido impugnar el proceso por considerarlo ilegal, acusando a EE.UU.
de persecución política. Pero según han dicho fuentes gubernamentales
norteamericanas, Saab ya está intentando contratar a un abogado de Florida que
le represente.
En EE.UU. Saab se enfrenta a cargos de lavado de
dinero, presentados el año pasado. Las autoridades de EE.UU. también investigan
su papel en alzamiento de bienes, tráfico de oro y crudo y fraude con la ayuda
humanitaria, según reveló ABC la semana pasada.
Según dijeron a este diarios fuentes conocedoras de
esas pesquisas, «Saab es el arquitecto de una red a gran escala que sirve para
generar ganancias ilícitas al régimen de Maduro, a partir del tráfico de oro y
el petróleo. Tanto Saab como el régimen de Maduro se han beneficiado de
millones de dólares a costa de los venezolanos que no pueden proporcionar
alimentos básicos y refugio a sus familias».
Esta semana los propios abogados de Saab admitieron
que el empresario, a quien el Gobierno de EE.UU. considera testaferro de
Maduro, estaba repostando en Cabo Verde cuando fue detenido por una orden de
Interpol en una misión como enviado especial del régimen venezolano a Irán para
negociar más adquisiciones de combustible, según dijeron sus abogados a la
agencia Reuters.
Saab tuvo su primer contrato con el régimen chavista
en 2011, al hacerse cargo de la construcción de casas de bajo coste por 685
millones de dólares. A la firma del acuerdo en noviembre de aquel año acudieron
los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, además de Maduro, que por
aquel entonces era canciller. Ese contrato le permitió, según la fiscalía
norteamericana, entablar toda una operación de lavado de dinero tras obtener
una tasa de cambio preferencial del Gobierno de Venezuela.
El nombre de Saab también apareció en los llamados
Papeles de Panamá, ya que según esos documentos utilizó los servicios de la
firma Mossack Fonseca para establecer empresas opacas.
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