Shari Avendaño, Edgar López y María Victoria
Fermín 21 de agosto de 2020
@ShariAvendano, Edgar López y @vickyfermin
Ése día sintió que se iba, que ya no aguantaba más. Un
intenso dolor que nunca antes había sufrido le taladraba el pecho. Las invocaciones
a los espíritus no alcanzaban aliviar la fiebre que a lo largo
de una semana puso a temblar al warao Fidel Torres, de 64 años de edad.
Leanny, su hija, logró trasladarlo a un hospital. Allí
solo le dieron un papel que lo identificaba como sospechoso de padecer COVID-19 y
los despacharon.
No sería un seguro retorno a casa ni tampoco a un
lugar de aislamiento para evitar más contagios. Fidel y su hija regresaron
a Ka Ubanoco (“nuestro dormitorio”, en idioma warao), un
albergue que se improvisó en la construcción abandonada de un club para los
policías de Boa Vista, en el estado Roraima de Brasil.
Allí convivían aproximadamente 850 personas.
En la madrugada del 24 de mayo de 2020, arreció el
padecimiento de Fidel. Esta vez, Leanny decidió llevarlo a un Área de
Protección y Cuidado (APC), como se denominan los hospitales de
campaña habilitados en Brasil para afrontar la COVID-19.
Una ambulancia los fue a buscar. Fidel, su esposa, su
hija y dos de sus nietas fueron ubicados en una pequeña habitación con paredes
de plástico. Allí aumentaba el calor y el agobio del warao sexagenario.
Transcurridos tres días y luego de mucha insistencia de sus familiares, le
hicieron la prueba PCR. Fidel resultó positivo para COVID-19,
así como también su esposa, que no presentaba síntomas de la enfermedad.
Leanny
Torres es vice cacica de Ka Ubanoco y trabaja como voluntaria de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Aunque su padre y su madre sobrevivieron a la
COVID-19, después de la desagradable experiencia que tuvieron en el hospital y
en la APC, el resto de los waraos alojados en Ka Ubanoco decidió soportar
cualquier enfermedad (fuese o no COVID-19) en un confinamiento autoimpuesto.
Si fuera necesario se automedicarían, pero, a lo sumo, contaban con un lote de tapabocas que
les donó Cáritas y la OPS.
La vice cacica calcula que 89 personas albergadas en
Ka Ubanoco presentaron síntomas de COVID-19, pero ninguno se sometió a pruebas
de despistaje.
Peor suerte tuvo Bernabella González, de 59 años de
edad, también albergada en Ka Ubanoco. Con un diagnóstico confirmado de
COVID-19 murió en el Hospital General de Roraima, el 25 de mayo de
2020.
La COVID-19 fue la causa de 9 de las 28 muertes
de indígenas venezolanos en Brasil registradas por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en
2020. Seis decesos ocurrieron en el estado de Pará, uno en Roraima,
uno en Amazonas y uno en Pernambuco. 67% de los
fallecidos eran adultos mayores y 19% niños y niñas.
Acnur destaca que la neumonía es la
principal causa de muerte (24%) entre los indígenas venezolanos que huyen a
Brasil. 19% mueren por causas no determinadas, 11% por COVID-19 y 8% por tuberculosis.
Dicho de otra manera: las causas conocidas son enfermedades
respiratorias. Y la neumonía y la tuberculosis que afectan a los waraos
pudieran ser condiciones de salud preexistentes que los coloca en situación de
mayor vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus.
La acogida en Brasil
Brasil ha recibido felicitaciones del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) por la
bienvenida que le han brindado a los migrantes y refugiados venezolanos que
huyen del país.
El 14 de junio de 2019, el Comité Nacional
para los Refugiados reconoció formalmente “la existencia de una
situación objetiva de grave y generalizada violación de los derechos humanos en
Venezuela”.
Desde entonces, las puertas de Brasil están
abiertas para los venezolanos, entre ellos los waraos; mucho más abiertas que
las de Colombia, a pesar de que en ese país está la mayor cantidad
de venezolanos que han huido.
Dicho reconocimiento se fundamenta en la validación de
la definición ampliada de persona refugiada, establecida en la Declaración
de Cartagena, y su incorporación a la legislación nacional. Ello facilita
la regularización de la situación migratoria y el acceso a bienes y servicios
públicos esenciales de los venezolanos, entre ellos los waraos.
El 8 de julio, el presidente Jair Bolsonaro firmó
una ley para prevenir la propagación de la COVID-19 entre los pueblos
indígenas.
A pesar de los avances en la regularización de la
situación migratoria de los venezolanos que llegan a Brasil, no queda claro si
esta nueva ley beneficiará a los waraos. Se establece que los pueblos
indígenas “con contacto reciente con la cultura brasileña”, recibirán
atención especial en el contexto de la pandemia “sólo en caso de riesgo
inminente” y con “carácter excepcional”, reseñó la Agencia Brasil.
La nueva normativa crea un plan de emergencia. “…se
ofrece monitoreo diferenciado en casos de complejidad media y alta, en centros
urbanos, con la construcción de hospitales de campaña en los municipios
cercanos a las aldeas, la contratación de emergencia de profesionales de la
salud y el suministro de ambulancias para el transporte, ya
sea por río o por tierra o aéreo”, explica el medio.
Sin embargo, Bolsonaro no acogió las propuestas del
Senado a efectos de que los pueblos indígenas tuvieran garantizados acceso
a agua potable, distribución gratuita de materiales de higiene,
limpieza y desinfección de los lugares que habitan. El presidente de
Brasil también vetó la garantía de acceso a unidades de cuidados
intensivos.
En todo caso, huir a Brasil en procura de mejores
condiciones de vida no ha sido una solución sostenible para todos los waraos. Y
menos en el contexto de la pandemia, pues Brasil es el país de América
Latina con mayores registros de personas contagiadas y fallecidas por
COVID-19.
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la
Amazonía Wataniba confirma que los waraos huyen hacia el epicentro de la pandemia en
América Latina.
En el estado brasilero de Pará se han registrado
101.207 contagios y 4.870 decesos. Le sigue el estado de Maranhão con 59.850
casos confirmados de COVID-1 y 1.467 fallecidos. Y en tercer lugar, el estado
Amazonas, con 56.506 contagiados y 2.492 muertos.
“Para este último estado, 39% se encuentra en su
capital, Manaos, y el restante 61% está distribuido en 60 de los 62
municipios del estado, incluidos los tres municipios fronterizos con
Venezuela”, precisa el reporte publicado el 7 de julio de 2020.
Dentro de los albergues
En septiembre de 2019, cuando el docente warao José
Lisardo Moraleda y su familia llegaron al albergue municipal Alfredo
Nascimento, al norte de Manaos, capital del estado
Amazonas, pensó que migrar había sido un error.
En dicho albergue, dividido en cinco bloques, los
ubicaron en un apartamento de dos habitaciones y una sala. Allí tendrían que
convivir hacinados con otras 21 personas. “Recuerdo haberme sentido mal, era
incómodo”, dice José. Solo uno de bloques contaba con agua, así que los demás
residentes debían ir hasta allá con tobos y recipientes improvisados.
José destaca el pánico que cundió por las sospechas de
que una niña que estaba en el Alfredo Nascimento había contraído el nuevo
coronavirus. Sin embargo, a todos los que allí estaban alojados les
aplicaron pruebas rápidas y todas dieron resultados negativos.
Por el avance del nuevo coronavirus en Manaos, a
mediados de abril de 2020 las autoridades advirtieron la necesidad de
descongestionar ese lugar donde permanecían aproximadamente 700 personas.
El 28 de abril, José y su familia fueron trasladados a
una cancha deportiva donde conviven 119 personas. “Se tomaron
medidas muy estrictas”, dice.
En cada esquina y en la entrada instalaron
dispensadores de gel antibacterial y potes con agua para lavarse las
manos. “Al principio fue muy duro adaptarse… pero sabemos que el virus es
muy letal”, acota.
Las autoridades locales les prohibían salir a la calle
a pedir dinero, práctica a la que estaban acostumbrados muchos waraos en
Venezuela y que replicaron en Brasil; según el educador, por las dificultades
para encontrar empleo. Él, desde que llegó a Manaos, ha conseguido trabajo,
pero todos temporales, a destajo.
Sin embargo, José, su esposa y sus hijos de 8 y 12
años de edad estaban esperanzados. El 11 de julio emprenderían un viaje de
cuatro días en barco a la ciudad de Belém, capital del estado de Pará.
Ahí al maestro le espera un empleo como intérprete en el Consejo Tutelar del
Ministerio Público.
En Paraíba, el mayor brote
El Ministerio Püblico Federal de Paraíba confirmó el 7
de mayo que 40 waraos alojados en el Centro Social Arquidiocesano San José, en
la localidad Joao Pessoa, habían contraído COVID-19. Las personas contagiadas
fueron trasladadas y confinadas en el Centro de Actividad y Ocio Padre Juárez
Benicio Gramame.
La mayoría presentó síntomas leves. El caso más grave
fue el de una mujer con 31 semanas de embarazo, que requirió cuidados
intensivos, pero logró superar la enfermedad. No hubo registro de fallecidos.
Según el antropólogo brasileño, Jamerson Lucena, quien
conoce y apoya el Centro Social Arquidiocesano, se trata de tres casas arrendadas
por la representación de la iglesia en la región. En cada hogar hay
aproximadamente 40 personas. Antes de que se habilitara este espacio, algunos
de ellos vivían en albergues improvisados y en casas más pequeñas, indicó.
Casi todos los waraos en el estado se encuentran en
este albergue, el cual se mantiene por donaciones de particulares, la Fundación
Nacional del Indio, el Ministerio Público Federal y otros socios. El espacio
cuenta con cocina, cuartos de baño, dormitorios y un lugar para orar.
Por lo general, los waraos que llegan a Brasil
inicialmente se instalan en espacios no aptos para residir y menos en tiempos
de pandemia. Por ejemplo, el defensor público federal de Pernambuco, André
Leão, dijo a Salud con lupa, que un grupo de aproximadamente 40 waraos ocupó
una casa abandonada en Rua da Glória, en Recife, que Defensa Civil había
declarado inhabitable por riesgo de colapso.
“La DPU -Defensoría Pública de la Unión- presentó una
acción colectiva para obligar al Gobierno a proporcionar una recepción
humanitaria adecuada. A nivel judicial, se llegó a un acuerdo entre la DPU y
las agencias gubernamentales, que permitió el alquiler de viviendas más
adecuadas para los dos grupos que se encontraban en la situación más difícil”,
explicó Leão.
La representación diplomática en Brasil del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, ha hecho esfuerzos para trabajar con las autoridades de ese país en la asistencia de los waraos.
La embajadora María Teresa Belandria informó que han
elaborado cartillas con información sobre las medidas de prevención de la
COVID-19 traducidas al warao, al español y al portugués. Además, han
distribuido aproximadamente 10.000 tapabocas.
Belandria también refirió que la mayoría de los waraos
mayores de 18 años ha obtenido documentos de identidad expedidos por las
autoridades brasileñas. Ello les ha permitido recibir la ayuda de emergencia
dispuesta por el gobierno federal: 600 reales (109,81 dólares) por mes, la cual
estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio.
Fuera de los albergues
Mientras permanezcan en los albergues, los waraos
deben acatar normas. De lo contrario, corren el riesgo de ser expulsados y
quedar más expuestos a contraer COVID-19.
Hasta el 11 de junio de 2020, 26 familias ocupaban la
cancha deportiva de la Escuela Municipal Carlos Gómez, en Manaos.
Allí, entre un bosque de hamacas, está la cacica María Nieves junto a su esposo
y sus siete hijos.
La COVID-19 se unió a la lista de preocupaciones de
María. Como cacica estaba encargada de velar por el bienestar de la comunidad y
tratar, en lo posible, que el nuevo coronavirus no penetrara el albergue.
María recuerda las reglas acordadas: no se permiten
peleas, consumir drogas o beber cachaza, la popular bebida alcohólica brasilera.
En el contexto de la pandemia, se sumaron dos nuevas normas: no salir del
albergue; y en caso de que fuera necesario, usar tapabocas.
Muchos waraos se quejaban de la comida que les
ofrecían en ese lugar y algunos aseguraban que les había causado afecciones
estomacales. Pero la misma María expone otras justificaciones para relajar las
normas que todos debían cumplir.
“Yo tengo dos niños pequeños. Algunas madres
necesitábamos pañales, que no nos daban en el abrigo, como tampoco
jabón ni pasta de dientes. Nosotros protestamos, pero nada. Salíamos a pedir a
los brasileños, pero a ellos -los administradores del albergue- eso no les
gustaba. Yo salí dos veces con mi hija de siete meses en mis brazos”.
El disgusto que refiere María se extendió a las
autoridades locales: “A los jefes de la prefectura no les gustó -que los waraos
salieran de los albergues para mendigar en las calles- y nos llamaron la
atención. A mí me dijeron que tenía cuatro advertencias firmadas. Yo nunca
firmé una advertencia. Al final, me sacaron del abrigo. Ellos me dejaron en la
calle con mis siete niños”.
María y todos los integrantes de su familia fueron
expulsados. Un día antes una de sus hijas pequeñas había sido dada de alta. La
niña permaneció tres semanas en un hospital por neumonía. En
solidaridad, ocho grupos también abandonaron el albergue. Durante dos noches
durmieron apretados en la sala de un sobrino de la cacica. Luego, gracias al
apoyo de Cáritas y del sacerdote Josai Kokal, pudieron alquilar varios
apartamentos.
Ya más tranquila y en su casa provisional, el 2 de
julio María recordaba a quienes dejó en el Delta: su mamá y cinco hermanas.
Antes de la pandemia solía enviarles 50 reales (casi 9,5 dólares) cada vez que
podía, pero ya no puede hacerlo. Por lo pronto, Cáritas les proporciona
comida y productos de aseo personal para que no tengan que volver a mendigar en
la calle.
“Cuando en Venezuela se puso en crisis de
alimento, de medicina y de ropa, todo era muy escaso. Era muy difícil, por
eso nosotros nos vinimos”, cuenta María.
La conexión de los waraos con sus comunidades de
origen es más que simbólica. Hace unos días, una de sus hermanas que permanece
en el Delta llamó por teléfono a la cacica María. Le dijo que necesitaban ayuda
porque llegaban a pasar todo un día sin comer. Las razones para huir de
Venezuela, lejos de disminuir, han aumentado con la pandemia.
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